En diciembre del 2018, el canciller Marcelo Ebrard informaba que “México es el primer país que, de manera simultánea, asume el Pacto Mundial sobre Migración y anuncia políticas migratorias de Estado que coinciden con ese mecanismo”, y hacía hincapié en que esta política está centrada en el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes. Parecía que, al menos en el discurso, los días de la política de contención, detención y deportación habían terminado.

En el contexto del éxodo centroamericano (“caravanas migrantes”), que desde octubre del 2018 han llegado a nuestro país, este anunció parecía una oportunidad para que más de 10 mil personas tuvieran una suerte diferente a la que por años habían tenido las personas migrantes en tránsito irregular por el país.

En enero pasado, el Instituto Nacional de Migración (INM) anunciaría que como medida para documentar a las personas migrantes expediría tarjetas de estancia por razones humanitarias, sin embargo, a principio de febrero esta medida dejó de aplicarse en la frontera sur de México. De acuerdo con datos del INM, 13,132 personas migrantes realizaron el trámite y fueron entregadas 11,716 tarjetas a igual número de personas, entre ellas niñas, niños y adolescentes que viajan solos.

Con vigencia de un año, estas tarjetas por razones humanitarias permiten a las personas migrantes el acceso y protección de sus derechos, como viajar, por cualquier medio de transporte, a lo largo de todo el país, así como trabajar y estudiar. Pero aunque esta regularización migratoria es positiva, si no está acompañada con procedimientos de continuidad y acciones de integración a la vida nacional, esta acción queda incompleta.

Otro de los puntos a destacar de la nueva política fue la promesa reiterada de garantizar el Interés Superior de la Niñez. No obstante, en la práctica, esta política sigue teniendo vacíos en la implementación y retos para la protección de la niñez y la adolescencia migrante.

En diciembre del año pasado, en la frontera con Estados Unidos, organizaciones de la sociedad civil y dos congresistas norteamericanos acompañaron a un grupo de 15 menores de edad que estaban bajo amenaza inminente en Tijuana. De conformidad con la Ley de los Estados Unidos, los funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) deben aceptar las solicitudes de asilo en cualquier puerto de entrada. Sin embargo, aún con la presencia de los congresistas, los agentes de CBP señalaron que la fila para solicitantes de asilo comenzaba en el puerto de entrada de San Ysidro (ellos se encontraban en Mesa de Otay, a varios kilómetros de distancia) ya que no había capacidad en ese punto.

A estas acciones de los agentes de migración estadounidense, se sumaron las realizadas por el Grupo Beta, que depende del INM, quienes regresaron a los 15 adolescentes a un albergue de la sociedad civil argumentando estar a cargo de su protección. Quedo en evidencia que el avance en el sistema de protección para niñas, niños y adolescentes sigue siendo ambiguo.

De acuerdo con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, solicitar protección internacional es parte de los derechos de la niñez migrante, así como garantizar su Interés Superior. En este caso, de los 15 adolescentes, las autoridades mexicanas (Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes –estatales y federal; el INM, etc.) tendrían que haber coadyuvado para garantizarles su derecho de protección internacional. Nuevamente la práctica quedaba lejos del discurso.

De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), durante la primera “caravana” se registró la entrada de 2,300 niñas y niños, muchos de los cuales buscaban atravesar el territorio nacional para llegar a Estados Unidos y reunificarse con su familia.

A escasos 18 días de cumplirse los primeros 100 del nuevo gobierno, y con el anunció de una aparente política migratoria de derechos humanos, son notorios los vacíos que enfrenta, entre ellos la urgencia de generar diálogo y acciones conjuntas con el gobierno de Estados Unidos que garanticen la protección de derechos de las personas migrantes, y no con acciones como el Protocolo “Quédate en México”, que obliga a solicitantes de asilo en Estados Unidos a esperar su proceso en territorio mexicano. Unilateral, impuesta o negociada, esta colaboración viola derechos de las personas migrantes en ambos países.

En el año fiscal 2018, en Estados Unidos más de 90 mil personas solicitaron asilo por razones creíbles en la frontera (en 2017, se contabilizaron 55,584 solicitudes). En los últimos años el reconocimiento de personas refugiadas en ese país ha disminuido.

*Rosalba Rivera Zúñiga, Gestora de Casos de Infancia Migrante, IMUMI

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