Montaña adentro

Abel Barrera Hernández

Pelear a punta de plomo

A lo largo de los 25 años de trabajo como Centro de Derechos Humanos de la Montaña, hemos constatado el desfondamiento de las instituciones de seguridad de justicia en el Estado de Guerrero. Nunca hubiésemos imaginado que en esta lucha tenaz contra la militarización y todas las graves violaciones a los derechos humanos que ha cometido el Instituto castrense, así como la diversidad de corporaciones policiales que se han formado en el Estado bajo el amparo de los gobiernos caciquiles, toda esta fuerza represiva del Estado sería de algún modo capturada por las organizaciones criminales, que por la vía de los hechos, se han erigido en los amos y señores de bastos territorios donde el negocio de la droga se cotiza en dólares, teniendo como base territorial los enclaves más pobres de la entidad.

Nada más ajeno a lo que cotidianamente discurren las autoridades sobre en la aplicación de la ley y el imperio del estado de derecho, lo que diariamente acontece en las siete regiones de Guerrero. Son los asesinatos, las desapariciones de personas, los desplazamientos forzados de familias por la disputa territorial que libran los grupos de la delincuencia organizada y el terror causado en las mismas ciudades turísticas lo que nos ha colocado en el desfiladero de la muerte. Más que la ley son las armas las que imponen no el orden, sino el terror, de igual manera son los jefes de los grupos criminales quienes tienen el mando real y no las autoridades municipales y del Estado los que tienen las riendas de Guerrero.

Un fenómeno que se ha complejizado a causa de esta crisis de gobernabilidad y ante un estado de derecho que ha sucumbido a los intereses facciosos tanto de grupos políticos como de organizaciones delincuenciales, es la conformación de grupos civiles armados, que varios de ellos se auto adscriben como policías comunitarios y otros más como policías ciudadanos, sin embargo, todos ellos han tirado por la borda el modelo histórico de la policía comunitaria que emergió desde las asambleas micro regionales y regionales para darle sustento legal y legitimidad social, logrando alcanzar un reconocimiento constitucional por saber articularse a los principios internacionales que protegen los derechos de los pueblos indígenas. Este sistema de seguridad comunitaria tiene vigencia y reconocimiento porque está anclado en una normatividad internacional y porque cuenta con una estructura que responde a los intereses legítimos de los pueblos indígenas. Actualmente intereses ajenos a las comunidades han usurpado no solo el nombre de la policía comunitaria sino hasta el uniforme y el perfil meramente policial, es decir, la portación de armas. Esta situación, en lugar de garantizar más orden en las comunidades, ha atizado más la violencia y se ha generado una mayor confrontación entre grupos de civiles armados para afianzar su control territorial.

Tomando como referencia el informe de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPG) que aborda el grave problema de la proliferación de grupos civiles armados en las 7 regiones, se han conformado 22 grupos que emergieron del 2012 al 2018, a causa de la disputa territorial que se ha acrecentado en la mayoría de las regiones del estado. Con la irrupción de la UPOEG en la cabecera municipal de Ayutla de los Libres en enero de 2013, se dio la primera aparición de los grupos de autodefensa en el estado de Guerrero, como una expresión extrema de ciertos sectores de la sociedad, que decidieron empuñar las armas, para hacer frente a las bandas del crimen organizado. En su aparición se identificaron como Policías Comunitarios, sin embargo, sus operativos fueron diferentes a los que realiza la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria. Con justificada razón la CRAC-PC se deslindó públicamente de la UPOEG. Manifestó que en ningún momento sus integrantes realizan operativos cubriéndose el rostro con capuchas y tampoco incursionan en localidades que no están incorporadas al sistema de seguridad comunitaria. Su planteamiento central no radica en perseguir expresamente a la delincuencia organizada fuera de su jurisdicción.

A pesar de esta ruptura, la UPOEG adquirió presencia en los municipios de Tecoanapa y en un primer momento en Tierra Colorada, logrando hasta la fecha conformar varios grupos en 17 municipios del estado. Abarcan el corredor que va de Petaquillas a Xaltianguis, con excepción de Tierra Colorada y de Tecoanapa a San Marcos. En la zona serrana tiene presencia en los municipios de Leonardo Bravo y Heliodoro Castillo, entre otros. Su expansión tuvo mucho eco en las comunidades afromexicanas y mestizas. Pocas son las comunidades indígenas que se han incorporado a la UPOEG. El reclutamiento de las policías, difiere mucho de la CRAC-PC. No son elegidos en Asamblea, sino más bien es una incorporación voluntaria de las personas que están dispuestas a defender su patrimonio y a la misma comunidad. Los comandantes son quienes coordinan todos los operativos y los que toman las decisiones al interior del grupo. Existe una Coordinación Regional que también es presidida por los comandantes, quienes se reúnen para evaluar los trabajos y deliberar sobre el proceso jurídico que se les impone a los detenidos. A los dos años de su conformación como autodefensas, la UPOEG tuvo su primera división en la región del Ocotito, dando origen al Frente Unido para la Seguridad y Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), que actualmente solo tiene presencia en Tierra Colorada. En el imaginario popular este modelo de autodefensa fue adoptando el nombre de Policía Comunitaria, que no tiene ningún vínculo con el modelo de la CRAC-PC. Con el tiempo fueron apareciendo varios grupos en diferentes regiones del estado que se autodenominaron como Policía Comunitaria. Un caso ilustrativo nos remite a la ciudad de Chilapa, donde más de 300 personas de comunidades indígenas del sur de este municipio, tomaron las principales calles del 9 al 14 de mayo de 2015. Su acción de fuerza fue una respuesta drástica para hacer frente a un grupo delincuencial, que señalan como los responsables de la desaparición de sus familiares y paisanos. Patrullaron la ciudad sin ninguna restricción por parte de la policía federal y del mismo Ejército mexicano. Varias personas portaban armas de grueso calibre, también escopetas y la mayoría llevaba machetes y palos. Realizaron varias detenciones, y de acuerdo con información de la misma población, se llevaron a más de 30 personas que hasta la fecha se encuentran desaparecidas. Posterior a su irrupción en la ciudad de Chilapa dijeron ser integrantes de la Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia. Un año antes, el 31 de agosto de 2014, diez comunidades Nauas de los municipios de Chilapa, José Joaquín de Herrera y Zitlala conformaron su Policía Comunitaria, adscrita a la sede de Santa Cruz del Rincón, municipio de Malinaltepec, conocida como Coordinadora Regional de Autoridades Comunitaria de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF). Por su parte la comunidad de San Jerónimo Palantla, del mismo municipio, creó su Policía Comunitaria dependiente de la CRAC-PC con sede en Espino Blanco, para hacer frente a los conflictos intercomunitarios y agrarios que mantienen con sus vecinos y que han costado varias vidas. Del 2015 a la fecha han proliferado varios grupos que no sólo se autodenominan como Policías Comunitarias sino también como Policías Ciudadanas, Autodefensas y Guardias rurales, entre ellas se encuentra la policía Tecampanera de Teloloapan, la Guardia Rural de Ejidos Unidos en Guerrero, la Policía Comunitaria de Mezcala, la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo, el Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón y Pueblos Unidos de Autodefensa por la Paz Social de San Miguel Totoloapan. También en su momento se conformó la Policía Comunitaria de Cuetzala del Progreso, la Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia, Policía Ciudadana y Popular (CRSJ – PSP) de Temalacatzingo y Cualác. A finales de 2018 en la ciudad de Tlapa, hizo su aparición un grupo que se autodenominó Policía Comunitaria de Tlapa que se adscribió al Frente Unido de Policías Comunitarios del estado de Guerrero, cuyo origen se remite al Frente Unido de los Pueblos de la Sierra que aglutina a varios grupos de la Policía Comunitaria de la región Centro y Norte principalmente. Por otra parte, en los municipios de Chichihualco y Zumpango del Río, se conformó la Policía Ciudadana de Leonardo Bravo y Eduardo Neri, con el fin de patrullar el tramo de Xochipala a Filo de Caballos. Este escenario deja entrever que en el estado, la ley ha sido suplantada por las armas y el plomo. La crisis de seguridad pública está dando la pauta para que vastos sectores de la población decidan conformar grupos de autodefensa para garantizarse seguridad. Es contrastante el número de efectivos policíacos y militares adscritos al estado, que han asumido un papel pasivo ante el cruento escenario de la violencia imparable. La misma población desconfía de sus actuaciones y percibe que varios grupos mantienen vínculos con las organizaciones delincuenciales. Es claro que la ausencia de las autoridades encargadas de garantizar seguridad y de combatir la impunidad, realizando investigaciones que concluyan con la detención de los responsables, deja abierta la puerta para que los grupos de civiles armados asuman un papel protagónico, no para defender a la sociedad, sino para proteger intereses particulares. Lo grave del caso es que, en la conformación de estos grupos se han infiltrado intereses delincuenciales, que vuelve más explosiva nuestra realidad. La apuesta por las armas y la falta de controles internos entre los mismos grupos de autodefensas, ha desencadenado una confrontación virulenta centrada en el control territorial como la nueva forma de imponer la ley y de ejercer un autogobierno. Este enquistamiento de intereses delincuenciales dentro de varios grupos de autodefensa demerita su organización y pone en riesgo la misma seguridad de la población a la que dice defender. Lo que hoy testificamos es una disputa férrea entre los mismos grupos de autodefensa, porque no hay posibilidades de encausar sus conflictos, ya que están de por medio las armas. Los mismos territorios donde se asientan están minados y no hay forma de entrar en un proceso de pacificación porque quienes tienen la voz de mando son los que pelean a punta de plomo.

Abel Barrera

Antropólogo mexicano y defensor de los derechos humanos. En 1994 fundó el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan en Guerrero, México. Ha recibido diversos premios por su trabajo en la defensa y promoción de los derechos humanos, de Amnistía Internacional Alemania en 2011, y el premio de derechos humanos 2010 del Centro por la Justicia y los Derechos Humanos Robert F. Kennedy, entre otros

Una Respuesta a “Luchar hasta el último suspiro”

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