En el año 2013 el gobierno paraguayo bajo la presidencia de Horacio Cartes militarizó tres departamentos del norte del país. Era la primera vez que después de la caída de la dictadura en 1989 se habilitaba a las Fuerzas Armadas a intervenir en aspectos de seguridad interna, una tarea constitucional hasta ese momento exclusiva de la Policía Nacional, aunque la Constitución no haya cambiado y siga prohibiendo la militarización de la seguridad, los militares en esos territorios ya  llevan más de diez años y con el agravante que hoy se extienden a otros departamentos.

Durante los primeros años de presencia militar se denunciaron varias situaciones de violencia por parte de los militares a la población, acoso a las mujeres campesinas, hechos de violencia y torturas físicas, procedimientos ilegales, violentos en comunidades y viviendas, que hasta el Sub Comité Para la Prevención de la Tortura de la ONU tuvo que pronunciarse en el año 2015 y “manifestar su preocupación por la gravedad de las violaciones a los derechos humanos denunciadas, entre ellas casos de torturas y otros tratos crueles inhumanos y degradantes, y la alta probabilidad de su repetición”.

En más de iez años de militarización de los departamentos de Norte del país, la violencia sigue vigente, y la militarización casi naturalizada, además de los ataques a comunidades campesinas por parte de los militares, sigue abierta una disputa entre diferentes cárteles por el control de territorios, comunidades indígenas que son violentadas, asesinatos selectivos de líderes indígenas, asesinatos y desaparición de personas menores de edad (en el 2020 un operativo militar asesinó a 2 niñas de 11 y 12 años, la tercera niña se encuentra desaparecida, caso de Lichita Villalba), además de generar una situación de inseguridad permanente, también se ha debilitado el tejido social comunitario, provocando enfrentamientos y disputas internas en las comunidades. 

Mientras tanto, los que gozan de buena salud son los proyectos extractivos en la zona, uno de ellos la expansión del eucalipto de la mano de la empresa Paracel, una fábrica que pretende una producción de 1,8 millones de toneladas de celulosa de eucalipto anualmente, y para ello ya ha iniciado el cultivo de más de 100.000 hectáreas con la meta de obtener 140 millones de plantas de eucalipto.

Ciertamente la soja transgénica en el Paraguay en pocas décadas ha terminado por devorar a comunidades enteras. En la actualidad hay un reimpulso de nuevas formas de extractivismo en el país, y nuevas amenazas de expulsión y precarización de la vida, así como la destrucción de los ecosistemas, agotar la poca biodiversidad que resta, bosques, cauces hídricos y profundizar las exploraciones de minerales. La mercantilización de la naturaleza y la explotación de los bienes naturales es prioridad para el actual gobierno de Santiago Peña, que tiene como mentor a Horacio Cartes, actual presidente del Partido Colorado. 

Peña siendo fiel a la política de militarización que Cartes iniciada en el 2013, a inicios de mayo anunció que las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC) se expandirán a otros tres departamentos más:

El presidente de la República, Santiago Peña, confirmó este viernes la expansión del área de cobertura de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) a los departamentos de Misiones e Itapúa. «Es una decisión tomada», afirmó.

«Estamos expandiendo la cobertura a lo que es el departamento de Canideyú, Misiones e Itapúa, que creemos que va a ser una apuesta muy importante. Esto va a requerir también una fuerte inversión en materia de seguridad pero también es una decisión tomada».

La militarización y la violencia contra las comunidades es parte constitutiva un proceso de profundización del extractivismo en sus diversas dimensiones, en términos de Peña: “No hay desarrollo sin seguridad”, es decir no hay extractivismo sin militarización, al profundizar el modelo de saqueo se vuelve indispensable profundizar la militarización, aspecto que se da en un marco de creciente “cooperación” estadounidense en el país y con un férreo control por parte del FBI que ha estado monitoreando al país semana a semana, según expresiones del mismo Ministro del Interior, Enrique Riera, “Informó que de parte de los Estados Unidos, prácticamente de manera semanal están recibiendo visitas de altas autoridades de este país en áreas de seguridad”. El FBI tiene o tendrá aún mayor información privilegiada respecto a los hilos pocos visibles de la relación entre los negocios ilícitos y la política paraguaya. 

Mientras que las autoridades paraguayas no niegan su felicidad por sentirse “socios confiables” para Estados Unidos: 

«Va a ser como una extensión del FBI acá en Asunción pero todo con personal paraguayo. Van a ser policías paraguayos, una unidad que va a depender de la Policía Nacional pero que su función será de enlace con el FBI»

«La firma del convenio fue un trabajo de casi dos años de intercambio de documentos e informaciones, y llegamos a un punto en el que consideraron a la Policía Nacional del Paraguay como un socio confiable en la región para poder llegar a este documento».

En los pocos meses de gobierno de Peña, bajo el manto de Horacio Cartes, ha demostrado su total docilidad y complicidad con políticas de ajustes y achicamiento del Estado, con impulsar la mercantilización de la naturaleza, por lo tanto para las futuras tempestades políticas que deberá enfrentar un gobierno conservador y autoritario como el de Peña, es fundamental cobijarse bajo la sombra de organismos internacionales del calibre del FMI, Comando Sur, FBI y otros.