Por. Berenice Valdez Rivera, coordinadora de políticas públicas, Instituto para las Mujeres en la Migración, AC

Twitter: @imumidf

El 2018 ha sido un año clave para las mujeres en la migración y sus familias. Por un lado, se aprueba el borrador final del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular[1] (Pacto Mundial Migración), y por otro, el Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer[2] (Comité CEDAW) emite sus recomendaciones al Estado mexicano, como parte del 9° examen periódico de México ante el Comité CEDAW, en el que por primera vez se incluye, de manera transversal, el tema de las mujeres migrantes.

Publicadas el pasado 24 de julio, las Recomendaciones del Comité CEDAW incluyen un apartado sobre Mujeres en grupos en desventaja, con acciones específicas para eliminar la discriminación contra las mujeres migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas.

Algunas de sus recomendaciones se concentran en eliminar estereotipos; disponibilidad de servicios de salud; asesoría psicológica; acceso a la educación; al trabajo; a la vivienda; y a la justicia, en los casos de desaparición forzada de mujeres migrantes.

Por su parte, el borrador final del Pacto Mundial Migración, aprobado también en julio, en un contexto de endurecimiento de políticas migratorias, que han promovido, entre otras cosas, el cierre de fronteras, la obtención de un documento migratorio por encima de los derechos de las personas migrantes, sin importar si eres niña, niña, o huyes de contextos de violencia en tu país, fue elaborado desde la voluntad política de los Estados miembro de la Asamblea General de Naciones Unidas, con excepción de Estados Unidos que salió antes de iniciar las negociaciones, y Hungría justo al terminar el proceso.

Con 10 principios rectores, transversales e interdependientes, entre ellos el de género, el Pacto Mundial Migración busca que los Estados se comprometan a mejorar la cooperación respecto a la migración internacional, así como atender las necesidades específicas de mujeres y niñez, en todas las etapas de la migración, y promover la igualdad de género con el fin de eliminar el abordaje desde la victimización.

En este proceso, la conformación del “Grupo de amigos para la equidad de género”, impulsado por México y Canadá con la participación de la Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU Mujeres) y la sociedad civil, favoreció que en los 23 objetivos del Pacto Mundial Migración se enuncien o incorporen elementos o acciones sensibles al género. Sin embargo, no fue fácil incorporar tratados internacionales como la CEDAW, aun si finalmente quedó citada en el preámbulo.

El objetivo 4, por ejemplo, busca que todas las personas migrantes cuenten con documentos de identidad con acciones encaminadas a mejorar los sistemas de registros civiles, y se eliminen contextos que vulneren el acceso a servicios. El objetivo 6, pretende mejorar las leyes laborales para incluir soluciones efectivas para todas las formas de explotación y abusos; y el objetivo 7, se centra en la asistencia médica y psicológica en casos de violencia sexual, abuso y explotación.

Aunque no es vinculante, el Pacto Mundial Migración es el primer acuerdo multilateral, desde un compromiso político, que podría sentar las bases para un proceso de cambio de paradigma hacia soluciones progresivas sobre la migración. Además de sumar al cumplimento de las Recomendaciones del Comité CEDAW, y los Objetivos de Desarrollo Sustentable.

Co-facilitado por México y Suiza, y con el empuje de organizaciones de la sociedad civil y de grupos de países afines, aún el Pacto Mundial Migración representa retos, ante las duras realidades que enfrentan las mujeres migrantes y sus familias, como la separación familiar en Estados Unidos; la inclusión de los derechos a la salud sexual y reproductiva para las mujeres migrantes, así como un enfoque sobre familias diversas, y la población LGBTQ.

En pleno proceso de transición política, México tiene la oportunidad de generar mecanismos de implementación local y nacional, para el cumplimiento, tanto del Pacto Mundial Migración, como las recomendaciones del Comité CEDAW, con el objetivo de salvaguardar los derechos de las mujeres vinculadas a la migración y sus familias, abonando a una política real y no de papel en el tema.

Caber señalar que desde el 2011, con la reforma constitucional mexicana, las convenciones ratificadas por México y las observaciones que de sus Comités deriven son de carácter obligatorio a nivel nacional, por lo tanto las observaciones sobre las mujeres migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas deberán ser incorporadas a las políticas públicas federales, estatales y locales, al tiempo que tendrán que vincularse con las políticas migratorias en el país.

En diciembre de este año, se firmará en Marruecos el documento final del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular. Mientras que el próximo examen periódico de México ante el Comité CEDAW, será en 2022, donde dará cuenta del cumplimiento de las Recomendaciones emitidas este año.

[1] https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/180713_agreed_outcome_global_compact_for_migration.pdf

[2] https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fMEX%2fCO%2f9&Lang=en