*Instituto para las Mujeres en la Migración, AC

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La pandemia mundial por coronavirus ha puesto en evidencia la debilidad de los sistemas de protección para la niñez y la adolescencia en los Estados de la región, y los abusos de las políticas migratorias que, aprovechando la emergencia sanitaria, restringen aún más derechos.

Desde la declaración del COVID19 como pandemia, por parte de la Organización Mundial de la Salud, los países alrededor del mundo han tomado diversas medidas para evitar contagios y atender a la mayor cantidad de personas afectadas por el virus. Muchas de estas medidas se han traducido en restricciones a derechos humanos de niñas, niños y adolescentes en contextos migratorios como el cierre de fronteras, la obstaculización en los procesos de solicitud de asilo, y las deportaciones sin debido proceso. 

En Estados Unidos (EUA), el pasado 20 de marzo, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades emitió una orden al Departamento de Seguridad Nacional para limitar el acceso a ciertas personas a territorio estadounidense y evitar que los centros de detención se vuelvan focos de propagación del COVID19. A raíz de esta orden, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza ha negado la entrada a niñas, niños y adolescentes acompañados y no acompañados. Asimismo, las audiencias de los procesos de solicitud de asilo se han apresurado a través de videoconferencias, y las deportaciones sistemáticas han aumentado. Hasta la primera semana de abril se estimaba la deportación desde EUA de casi 400 niñas y niños centroamericanos.

Frente a esto, organizaciones de sociedad civil han denunciado que la deportación de la niñez no acompañada sin acceso a un juez de inmigración y un abogado, sin evaluar las necesidades de protección, y sin ponerlas bajo la custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, viola sus derechos bajo la Ley de Protección de Víctimas de Trata estadounidense.

En contraste con las medidas preventivas se han reportado casos de contagio de niñas y niños en centros de detención de Chicago, Nueva York y Texas. Esto ha generado denuncias y peticiones de liberación inmediata de la niñez detenida, por parte del Congreso estadounidense y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

Por su parte, México aceptó recibir hasta 100 personas diarias de nacionalidad hondureña, guatemalteca y salvadoreña detenida por la Patrulla Fronteriza de EUA, devuelta inmediatamente a territorio mexicano sin un debido proceso, con excepción de menores de edad y personas de la tercera edad, entre otros. Sin embargo, en la práctica, el Instituto Nacional de Migración ha recibido más de 100 personas al día, incluyendo menores de edad.

En este contexto, en la frontera norte de México hay alrededor de 62 mil personas (muchas de ellas familias) bajo el Protocolo “Quédate en México” en espera de su fecha ante las cortes estadounidenses para revisar sus solicitudes de asilo, quienes permanecen hacinadas en campamentos en condiciones poco salubres. Actualmente, estas familias están mandando solas a sus hijas e hijos a cruzar hacia EUA con la esperanza de que puedan ser reconocidos como solicitantes de asilo, no obstante estas niñas y niños están siendo devueltos de manera inmediata.

Aunado a lo anterior, el gobierno mexicano, en colaboración con el estadounidense, ha estado realizando deportaciones de personas a Guatemala y Honduras a pesar de que las fronteras se encuentren cerradas, sin seguir el procedimiento adecuado e incluso dejándolas abandonadas en ciudades de la frontera sur mexicana ante la negativa de Guatemala de permitirles el acceso.

Los gobiernos centroamericanos han recurrido al cierre de fronteras para evitar contagios al interior de sus territorios. Guatemala cerró fronteras desde el 17 de marzo. Sin embargo, bajo amenazas del gobierno estadounidense han aceptado vuelos de personas deportadas, entre ellas grupos de niñas, niños y adolescentes. En El Salvador se estableció cuarentena obligatoria desde el 21 de marzo; mientras que en Honduras se decretó el cierre de fronteras terrestres, marítimas y aéreas el 16 de marzo.  

Sin embargo, en todos estos países las cuarentenas no han logrado contener el flujo migratorio y sí, en cambio, promover que las poblaciones que huyen de la violencia o condiciones extremas de pobreza, entre ellas la niñez y la adolescencia, queden atrapadas entre fronteras y sean expuestas a condiciones de insalubridad, delincuencia y discriminación.

Ante este panorama, la violación sistemática de los derechos de niñas, niños y adolescentes en contextos migratorios ha quedado expuesta, en contraste con el llamado del Comité de los Derechos del Niño que ha instado a los Estados a que las restricciones asumidas ante la pandemia por COVID19 no contrarresten los derechos de la niñez y se realicen acciones gubernamentales que reflejen el principio del interés superior de las niñas y los niños. Particularmente, “proteger a los niños cuya vulnerabilidad se incrementa aún más por las circunstancias excepcionales causadas por la pandemia. Estos incluyen niños con discapacidades; niños que viven en la pobreza; niños en situaciones de la calle; niños migrantes, solicitantes de asilo, refugiados y desplazados internos (…)”, así como “liberar a los niños de todas las formas de detención o encierro (…)”.

A ello se suma la poca atención a la salud mental de la niñez y la adolescencia. De acuerdo con el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes la mayoría de los protocolos o planes de contingencia por COVID19 se centran en la prevención del contagio pero no incluyen las consecuencias a la salud mental que puede dejar el estrés que provoca la incertidumbre, la perdida de vínculos significativos a causa del aislamiento y la dificultad de pensar la vida post-pandemia.

En ese sentido, es indispensable que México, así como los Estados con los que se comparte la responsabilidad de evitar la propagación del coronavirus, orienten sus acciones sanitarias y migratorias a principios comunes como: el interés superior de la niñez, la no discriminación, la participación, la libertad, la unidad familiar, la supervivencia y el desarrollo, durante todos los procesos que impactan a la niñez y la adolescencia en contextos migratorios.

Para ello, es necesario el fortalecimiento de los sistemas de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en la región evitando la detención migratoria; generando políticas públicas que brinden opciones efectivas de regularización y protección internacional, privilegiando opciones de cuidados alternativos como familias de acogida o programas de preparación para la vida independiente para niñez no acompañada.

Ninguna medida tomada por los gobiernos estará completa sino se toman en cuenta las necesidades de todas las poblaciones en sus territorios. El coronavirus no conoce de fronteras. No pide ni usa pasaporte. No distingue nacionalidad, color de piel, edad, género o estatus migratorio.