Por. Instituto para las Mujeres en la Migración, AC

Twitter: @imumidf

¿Cuándo la migración se convirtió en una opción para salvar tu vida?, ¿Qué hacer cuando debes decidir entre separarte de tus hijos o seguir viva?, ¿por qué el Estado mexicano es omiso y no te brinda apoyo?, estas son sólo algunas interrogantes entre las que viven muchas mujeres, ante las agresiones que viven dentro de su hogar.

Ana, una mujer migrante, indígena y madre de tres niños, dos nacidos en Estados Unidos y uno en México, ha vivido con esas preguntas desde hace varios meses. Originaria de Oaxaca, hoy se encuentra viviendo en un albergue lejos de su comunidad de origen. Ella y sus hijos están huyendo de su pareja, quien no sólo la maltrataba sino que la ha amenazado de muerte. Ana ha pedido ayuda a la policía sin obtener ninguna respuesta, por lo que el camino fue huir, aunque tiene miedo que su expareja la encuentre y cumpla sus amenazas.

Ana forma parte de las 2 de cada 3 mujeres, de 15 años y más, que han sufrido violencia de género al menos una vez en su vida por parte de su pareja, y aunque desde el 2006 México cuenta con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que establece la coordinación de todas las instancias de gobierno para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, el Estado mexicano no le ha garantizado a ella y sus hijos una vida libre de violencia.

Sin un trabajo, ni un lugar donde vivir, y con el miedo a espaldas, Ana busca opciones que le aseguren una vida tranquila junto a sus hijos. Migrar ha sido su opción, primero de su comunidad de origen, ahora hacia Estados Unidos, sin embargo, con la actual política migratoria de ese país, no ha sido sencillo, pese a que la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados le garantiza su derecho a solicitar asilo.

A dos meses de emitidas las primeras órdenes ejecutivas del gobierno estadounidense sobre seguridad fronteriza e inmigración, que establecen, entre otras cosas, la construcción de un muro fronterizo entre México y Estados Unidos; la ampliación de las prioridades para la deportación de personas con estatus migratorio irregular; la detención de personas solicitantes de asilo; y la suspensión por 120 días de las admisiones de personas refugiadas; las organizaciones de la sociedad civil han señalado como esta política migratoria estigmatiza, criminaliza y obstaculiza la vida familiar de las personas migrantes y solicitantes de asilo.

En este contexto, son las mujeres, las niñas y los niños los principales afectados. Muchos son los testimonios de mujeres que han salido de sus países de origen debido a la violencia que enfrenten por parte de sus parejas, la comunidad o el Estado. Mientras que otras más son obligadas a salir ante las amenazas de muerte que reciben sus hijas e hijos. Limitar u obstaculizar su derecho humano al asilo, podría condenarles a la muerte o la desaparición, además del impacto en su salud física y emocional. De acuerdo con WOLA, entre 2015 y 2016, más de 180.000 niñas, niños y sus familias que huyeron de la violencia en Centroamérica fueron detenidos en la frontera entre Estados Unidos y México.

Esta nueva política migratoria violan los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes asilo en áreas fundamentales como la separación de los miembros de las familias que solicitan asilo; las condiciones y trato abusivos, por parte de agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés); y el incremento de los casos de detención migratoria de quienes solicitan asilo, después de haber pasado por un proceso ante la CBP.

Así lo demostraron esta semana 19 organizaciones de la sociedad civil, de México y Estados Unidos, en audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su 161 periodo de sesiones celebrado del 15 al 22 de marzo. Pese a la ausencia de representantes del gobierno estadounidense, demostrando su desdén hacia los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de asilo.

Para Ana, esas violaciones de derechos humanos la fuerzan a plantearse dos caminos, decisión que ninguna familia debería tomar, viajar con sus hijos a la frontera entre México y Estados Unidos para solicitar asilo, bajo el riesgo de que sea detenida ella junto a su hijo mexicano, y la separación de sus hijos estadounidenses; o quedarse en México con la posibilidad de que su expareja les encuentre. Aún no lo ha decidido, pero el tiempo se agota.

Como Ana, son muchas las mujeres y sus familias que se han acercado al Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI) en busca de una orientación. En esos casos, nos toca exponerles los riesgos que implica su decisión, pero la falta de garantías del Estado mexicano a brindarles una vida libre de violencia las termina por obligar a migrar.

Las políticas migratorias de Estados Unidos no van a desalentar a las mujeres migrantes y solicitantes de asilo, lo que sí están haciendo es orillarlas a buscar los servicios de ‘coyotes’ o traficantes de personas, que como hemos visto en los últimos años han recrudecido la violencia y los costos.

Una persona no debería tener que elegir entre salvar su vida y la de sus hijos, mientras que los Estados a través de sus fronteras no deben causar la separación familiar. Porque con o sin muros, con o sin Trump, con o sin políticas migratorias restrictivas las mujeres seguirán organizándose en ambos lados de la frontera, y buscando una vida libre de violencia para ellas y sus hijos.