*Investigación, Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI)

Twitter. @IMUMIDF

Hoy se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y, como cada año, los Estados informarán sobre las medidas que han adoptado para garantizar a las mujeres y las niñas una vida libre de violencia. En México esa será una deuda. En las últimas semanas hemos conocido como la violencia contra las mujeres se recrudece sin que haya voluntad política para combatirla y erradicarla. Las mujeres migrantes venezolanas se insertan en ese contexto donde la nacionalidad y estatus migratorio las coloca en mayores condiciones de vulnerabilidad e invisibilidad a partir de una política migratoria de maltrato, falta de acceso a información y documentación migratoria, con la intención de cansarlas para que vuelvan a Venezuela porque esa opción de los retornos “voluntarios” es la única que ha sido anunciado por el Instituto Nacional de Migración (INM).

De acuerdo con la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, hasta septiembre de 2022, en el mundo 7.1 millones de personas venezolanas son migrantes o refugiadas, de ellas, 5.96 millones están en América Latina y El Caribe -82 mil 900 en México y 545 mil 234 en Estados Unidos-, como consecuencia de la inestabilidad sociopolítica de su país.

Además de la población venezolana residente en México, actualmente se estima que más de 41 mil personas venezolanas se encuentran atrapadas en México toda vez que desde el 12 de octubre el gobierno mexicano anunció que las aceptaría expulsadas bajo Título 42, colaborando nuevamente con Estados Unidos para restringir el derecho a solicitar asilo en ese país. Paradójicamete, desde 2017, las autoridades mexicanas han reconocido la crisis humanitaria que vive la población venezolana y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) tiene una tasa de reconocimiento de la condición de refugiado de de esa población mayor al 95%.

Conocer las condiciones que viven las mujeres venezolanas atrapadas en nuestro país pasa por entender de donde salen y porque regresar a su país no es una opción. Aunque en 1983, Venezuela firmó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y en 2007 promulgó la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en la que se nombra y penaliza 21 formas de violencia contra las mujeres, en la práctica, es ineficaz ante instituciones debilitadas y el incremento de la impunidad. En comparación con otros países de América Latina, Venezuela ocupa el lugar 17 en feminicidios, en 2019 se produjo un aumento del 50% en comparación con 2018, además de las actitudes patriarcales persistentes y arraigadas que dificultan la eliminación de la discriminación contra las mujeres.

Las mujeres y las niñas enfrentan amenazas de violencia sexual, explotación y trata de personas mientras huyen de Venezuela. Alrededor del 37% de las migrantes venezolanas han sufrido alguna de estas formas de violencia. Las venezolanas en Colombia, República Dominicana, México y Panamá sin estatus migratorio regular son especialmente vulnerables a la explotación y la violencia durante su tránsito.

Desde el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI) se ha documentado como la violencia es tranversal a la experiencia migratoria de las mujeres: huyen de ella, las asecha en su tránsito y las recibe en los países de destino, es decir, experimentan una violencia transnacional que las persigue más allá de las fronteras, incluso a través de nuevas modalidades de violencia.

Durante un recorrido por Chiapas y Oaxaca, las organizaciones Apoyo a Migrantes Venezolanos, Women’s Refugee Commission (WRC), Center of Democracy in the Americas y el IMUMI monitorearon y documentaron la situación de las mujeres migrantes venezolanas, como consecuencia de las políticas migratorias de la región, como las expulsiones bajo Título 42, el parole humanitario, el cierre de la frontera de Panamá y la solicitud de visa para ingresar a México. Las historias de las mujeres demuestran como las políticas migratorias de la región han convertido a la ruta migratoria en una suerte de embudo que les deja pocas opciones ante la incertidumbre y el control migratorio en el sur.

A través de entrevistas con agencias internacionales, organizaciones de la sociedad civil, albergues, y mujeres venezolanas se identificaron patrones de violencia que han experimentado durante su ruta migratoria. En su paso por el Tapón del Darién, además de las difíciles condiciones topográficas de la selva que suponen un peligro a su integridad y su vida, se enfrentaron a robos, secuestros y violencia sexual, que se agrava en el caso de las niñas y las adolescentes. Mientras que en México la violencia comunitaria e institucional las atraviesa.

La violencia de género que viven se correlaciona con otros factores estructurales, como la dificultad para acceder a servicios públicos de salud, educación e incluso una vivienda digna en el país de acogida. Asimismo, la integración sociocultural representa un verdadero problema ante las actitudes racistas y xenófobas de las poblaciones de acogida. Todo en su conjunto se convierte en uno de los principales retos a enfrentar para quienes deciden ver a México como un lugar no solo de tránsito, sino también de destino.

Esperamos que este 25 de noviembre sea la oportunidad para que los Estados reconozcan la violencia que afecta a las mujeres migrantes y se comprometan, con hechos, a garantizar una vida libre de violencias para todas las mujeres en sus países.