Por. Rosalba Rivera Zúñiga, Gestora de Casos de Infancia Migrante del IMUMI
Twitter:@imumidf

“2018 podría ser un año histórico para las niñas, niños y adolescentes migrantes, si los países establecen acuerdos y buenas prácticas para garantizar su seguridad y bienestar. La migración, especialmente para la niñez, no tiene que ser peligrosa. Las políticas, prácticas y actitudes que ponen a niñas y niños en riesgo pueden y deben cambiar, y 2018 es el momento para hacerlo!”, fue la expectativa de Ted Chaiban, director de programas del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en el marco del Día Internacional de las Personas Migrantes, donde recordó que actualmente 50 millones de niñas y niños, en el mundo, se encuentran en tránsito.
Con apenas 4 meses del 2018, hoy México está frente a la oportunidad de dar un paso real para la protección de la infancia migrante. Desde el pasado 18 de abril, se encuentra en la Cámara de Diputados la minuta con proyecto de decreto, aprobada el pasado 17 de abril en la Cámara de Senadores, para reformar diversos artículos de la Ley de Migración y la Ley Sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de infancia y adolescencia migrante.
Datos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) señalan que entre enero y febrero del 2018 se han realizado 4,777 eventos de detención de niñas, niños y adolescentes migrantes, 26% más que en el mismo periodo de tiempo del 2017. De ellos, 73% han sido deportados a sus países. Mientras que entre 2011 y 2016 incrementaron 900% los eventos de detención de esta población.

Tanto organizaciones de la sociedad civil, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la Organización Internacional para las Migraciones y UNIFEC han instado a las y los diputados, en especial de las comisiones de Asuntos Migratorios y de Gobernación, a aprobar dichas reformas antes de que termine el actual periodo legislativo (30 de abril).

Cabe recordar que este proceso legislativo responde a una armonización de la primera iniciativa de ley preferente enviada por Enrique Peña Nieto, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes publicada en 2014, que, entre otras cosas, reconoce a la niñez y adolescencia como titulares de derechos; establece la no detención de la niñez migrante; el Interés Superior de la Niñez; y su derecho a un debido proceso.

En este contexto, recientemente Alfonso Navarrete, secretario de gobernación, y Manuel Velasco, gobernador de Chiapas, acordaron reforzar la seguridad en la frontera con Guatemala con elementos de la Gendarmería. Coincidiendo con la amenaza de Donald Trump a México, de anular al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y el envío de su Guardia Nacional para reforzar su frontera sur.

Sin embargo, esta acción del gobierno mexicano no es nueva. En 2014, luego de la crisis de niñez migrante en Estados Unidos, México recrudece su política migratoria con el Plan Frontera Sur, que entre otras cosas, se refuerza la frontera sur del país con policías y militares, provocando un cambio en las rutas migratorias centroamericanas por zonas más riesgosas. De acuerdo con SEGOB, entre 2013 y 2015 incrementó un 99% los eventos de detención de hombres migrantes y un 233% de mujeres migrantes.

En este panorama, la aprobación de esta armonización legislativa a favor de la niñez migrante seria una luz al final del túnel, pues como lo expresó la senadora Layda Sansores, presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, “con esta aprobación se da, al menos, un rasguño a Trump, porque mientras él construye muros, nosotros rompemos barreras para la niñez migrante”.

No obstante estas acciones, sigue siendo primordial impulsar la consolidación de una nueva política migratoria que no se enfoque en la represión del fenómeno migratorio, sino en acciones conjuntas entre gobiernos con trabajo continuo para fortalecer la economía social y cultural de las comunidades de origen. Al ser el fenómeno migratorio complejo y multifactorial, demanda acciones complejas e integrales, donde la infancia y la adolescencia son un sector estratégico para lograr una política pública sustentable, sin importar su origen o nacionalidad.

Actualmente, niñas, niños y adolescentes padecen y sobreviven en los diferentes escenarios que integra el amplio y complejo fenómeno migratorio. La infancia migrante y solicitante de asilo, está principalmente constituida por grupos que en sus lugares de nacimiento ya estaban en situaciones de vulnerabilidad, situaciones que trasladan a los lugares de tránsito y destino (REDIM). Por ejemplo, para 2014 el Banco Interamericano de Desarrollo señalaba que aproximadamente 60% de la adolescencia centroamericana no asistía a la escuela y/o vivía en la calle.

Ante este entramado de situaciones, es imperante que nuestra legislación otorgue protección a la niñez y adolescencia migrante y sus familias en nuestro país, a través de la construcción de políticas públicas, en concordancia con la Convención de los Derechos de la Niñez. Así como fortalecer a las instituciones responsables de velar por los derechos de la niñez migrante, desde capacitación del personal, de todos los niveles, hasta otorgar mayor presupuesto para la implementación de acciones integrales.

Por lo que este 30 de abril, Día de la Niña y el Niño, esperamos poder celebrar como país el haber dado un paso contundente y significativo en el largo camino que supone la protección de la niñez y adolescencia migrante y solicitante de asilo en México, con la aprobación de la minuta de decreto en la Cámara de Diputados.