El fin de semana tuve la oportunidad de salir con dos jóvenes de Honduras que llegaron a México con el primer grupo del éxodo centroamericano de octubre del 2018. Ambos decidieron quedarse a vivir en el país, por lo menos durante un tiempo. Ellos son parte, de alguna forma, de la nueva política migratoria del gobierno mexicano. Están estrenando a la Ciudad de México y trato de imaginar que deberían sentir —quisiera vivir la ciudad, la cultura, la gente y la comida a través de sus ojos, pero sé que es imposible, entonces observo y escucho.

Los ojos de la joven de 17 años brillan de curiosidad. En Honduras trabajó como empleada del hogar con una familia acomodada (con 3 casas, me cuenta) entonces ha escuchado y observado otros mundos desde adentro de las casas. Quiere conocer los museos y los rincones de México —ya conoció al Zócalo, el Monumento a la Revolución, la Basílica de Guadalupe, Coyoacán, San Ángel y los monumentos de Reforma. Hace 2 semanas empezó la escuela, y le gusta — dice que hay varias carreras que le interesan, como administración de empresas o ser maestra.

En su camino de Honduras a México, al joven de 16 años se le abrió el mundo. Vino solo en la ruta del tren y los albergues, hasta que llegó a México se encontró con el éxodo de sus paisanos. Había intentado antes llegar hasta acá pero las autoridades migratorias lo regresaron, volvió a intentarlo. No puede creer que vivía tan cerca de Guatemala y México, en su imaginario estaban tan lejos. Ahora sabe que se puede mover por el mundo y tiene una sensación de libertad que contagia. Por el momento quiere estar tranquilo, en su casa, estudiar, andar en patineta y calcular su próximo paso.

Lo que han vivido ambos jóvenes les ha generado cierta desconfianza de las personas adultas o de cualquiera que dice que los va a ayudar/cuidar —se ve el miedo y el enojo a unas dos o tres capas debajo de la curiosidad y la esperanza. Su estancia en México es gracias a la decisión de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, que al velar por su Interés Superior resolvió que tenían que permanecer en el país con un documento migratorio como parte del plan de restitución de sus derechos.

Al mismo tiempo que tengo el privilegio de observar los procesos de estos dos jóvenes (y otras familias que están empezando en México), el gobierno mexicano también está estrenando una política migratoria que incluye documentación migratoria para todas las personas huyendo de la violencia, la falta de Estado de derecho y la pobreza extrema en Centroamérica. Las organizaciones que llevan más de 20 años luchando contra la corrupción y la violencia de las autoridades mexicanas, estamos observando los procesos de implementación en Ciudad Hidalgo, Chiapas, documentando con curiosidad y falta de confianza —en las reuniones con las nuevas autoridades nos vemos con caras de “les estoy escuchando y les quiero creer, pero sigo desconfiando.”

Vemos a la gente en la frontera cruzando el puente desde Guatemala, formada para recibir su brazalete y luego esperar para recibir su tarjeta por razones humanitarias que les permite vivir y trabajar en México, así como andar en transporte público sin ser detenidas en revisiones migratorias y retenes. Si como defensoras de derechos humanos desconfiamos, no puedo imaginar los sentimientos de las personas migrantes que llevan, por lo menos, 35 años cruzando a México escondidas de las autoridades, pagando extorsiones, vulnerables a la violencia física y sexual, la perdida de piernas, brazos y vidas. Parece que el mundo está al revés.

El nuevo comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Tonatiuh Guillén – ex presidente del Colegio de la Frontera Norte y experto en el tema, tiene un desafío enorme, administrar un monstruo como el INM y re-orientar las tareas de las y los agentes migratorios, pasando de la detención y deportación a la regularización y protección. Si todo marcha como la teoría promete, las personas migrantes estarán más seguras –no tendrían que pagar traficantes (para estar en y/o cruzar México), pagar extorsiones, caminar juntos sobre las carreteras, subirse a trenes, rodear retenes, caminar por la selva y estar privadas de la libertad en los más de 48 centros de detención migratoria que hay en el país. Podrán vivir y trabajar en México y solicitar asilo en México o en Estados Unidos. En teoría, las opciones deberían estar abiertas –un cambio de política profunda y opuesta a la política del gobierno vecino. Y, ahí está el problema.

En reacción a (o a cambio de) la política migratoria de apertura en México, el gobierno de Estados Unidos ha tomado la decisión de regresar a las personas que solicitan asilo en la frontera con México para que esperen sus procedimientos del lado mexicano. Esta política, anunciada como una acción unilateral pero aceptada por el gobierno mexicano el pasado 20 de diciembre, promete convertir a México en anfitrión de solicitantes de asilo en Estados Unidos. Unilateral, impuesta o negociada, será una colaboración de violación a derechos humanos entre ambos países.

Aún no sabemos cómo va a funcionar en la práctica. En el peor de los casos, Estados Unidos podría entregar un oficio con fecha de corte a las personas en el Puerto de Entrada y luego regresarlas por el puente peatonal a México – y México no tendría idea que esas personas han entrado de nuevo. Hasta ahora el gobierno estadounidense ha dicho que va a avisar y que regresarán a 20 personas al día. Esta política inicia en los próximos días, aproximadamente una semana después de que México empezó a entregar los primeros documentos migratorios en la frontera sur.

La nueva política, nombrada cínicamente como “Protocolo de Protección a Migrantes” por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos –como si esperar tu caso sin representación legal, información o apoyo en otro país, en este caso en Tijuana (México), fuera un acto de protección.

Las interrogantes son muchas: ¿a quiénes van a devolver, habrán entrevistas para detectar a personas vulnerables?, si son solicitantes de asilo en Estados Unidos pero permanecen en México, ¿ambos Estados son responsables por su bienestar, su acceso al debido proceso, su seguridad y para asegurar que no sean devueltos a su país de origen? ¿Cómo va a garantizar México estas condiciones cuando el sistema de asilo es tan débil que frecuentemente las personas con necesidades de protección internacional son deportadas? ¿Cómo van a tener acceso a abogados estadounidenses desde México? ¿Cómo van a llegar a sus audiencias en los Estados Unidos? ¿Dónde se van a quedar, vivir, trabajar, recibir atención médica?

Sabemos que esta nueva política viola los derechos de acceso al asilo para la población centroamericana que está huyendo de la violencia – así como su derecho a tener información clara sobre su procedimiento, representación legal, interprete y otros derechos como la unidad familiar para las personas que están tratando de alcanzar a sus familias en Estados Unidos. Pedir asilo en el país que cada persona decide, es un derecho, pero el gobierno de Estados Unidos ha hecho todo lo posible para cerrar su sistema de protección internacional a pesar de que tiene una de las economías más fuertes, y si un país tiene capacidad para recibir personas con necesidades de protección es Estados Unidos y no México. Sin embargo, Donald Trump ha fabricado una historia llena de mentiras sobre una crisis en la frontera que aparentemente su base sigue creyendo y que los legisladores, de ambos partidos, no han podido afrontar.

La nueva política de Estados Unidos de regresar a solicitantes de asilo a México es una vergüenza y una presión que no necesita México, pero aún falta ver qué pasará con la implementación y el litigio desde Estados Unidos para frenarla. Mientras, estamos a la expectativa, observando si a pesar de dicha presión en nuestra frontera norte, el gobierno mexicano tendrá la capacidad de seguir con su nueva política de derechos humanos para la población migrante. Aún con todos los problemas de violencia y dificultades económicas, para algunas personas centroamericanas que así lo han decidido, México es una opción para tratar de sobrevivir.

Este contexto, nuevo y bipolar, es una opción viable para el joven hondureño, “he visto muchos ricos y muchos pobres aquí en México, pero la gente se mueve –hay movimiento en las calles, hay comida, estoy en la escuela y tengo una cama…”, contexto que hace 3 meses no hubiera sido posible pues la consigna era la detención y la deportación de las personas migrantes.

*Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI)

Twitter:@imumidf