El pasado 26 de septiembre, organizaciones de México, Guatemala, El Salvador, Honduras y Estados Unidos estuvieron en Washington, DC para una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exigir –nuevamente– al gobierno mexicano, estadounidense y de la región que dejen de hablar tanto de derechos humanos y que empiecen a tomar medidas contundentes para salvaguardar las vidas de la niñez y adolescencia migrante.

A diferencia de otros años, esta vez no solamente se ausentó el gobierno estadounidense (que ha sido la política del gobierno de la administración de Trump, a quien no le importa el sistema interamericano), también se ausentó el gobierno mexicano. La única autoridad presente fue el Quinto Visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México. Por lo que la audiencia se convirtió en un intercambio entre las organizaciones -que explicaron con cifras, documentación de casos y ejemplos concretos la falta de protección en la región para las niñas, los niños y los adolescentes en movilidad- y los comisionados de la CIDH, quienes expresaron con mucha franqueza e incredulidad las violaciones de parte de todos los Estados y sus responsabilidades de proteger a la niñez y adolescencia migrante.

Los Estados Unidos (EUA) ha sido muy explícito en su política de disuasión y contención a través de diferentes medidas ejecutivas para cerrar la frontera a solicitantes de asilo y los acuerdos bilaterales de tercer país seguro con Guatemala, El Salvador y Honduras. Con México, el acuerdo ha sido diferente, el gobierno es cómplice de un acuerdo, “Quédate en México”, aceptado desde el 20 de diciembre de 2018, con el que las personas que soliciten asilo en EUA en la frontera con México serán retornadas a territorio mexicano a esperar la resolución de sus casos; y al firmar un acuerdo, en junio pasado, para disminuir el número de personas migrantes llegando a la frontera entre ambos países, a través del despliegue de 25,451 elementos de la Guardia Nacional y la ampliación a toda la frontera norte de México de “Quédate en México” -actualmente más de 45,000 personas esperando sus audiencias en condiciones de inseguridad.

México ha entrado al juego de Trump, el de las amenazas, juego que difícilmente tiene una pronta salida. De acuerdo con el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, el acuerdo firmado con EUA en junio pasado, ya no es tan importante porque las acciones de contención migratoria que se han implementado serán parte de la nueva política migratoria de la Cuarta Transformación. Pero ¿qué nos llevo a aceptar esas condiciones?, ¿es una “estrategia” para evitar un problema con EUA?, ¿a caso piensan que una política migratoria basada en la contención migratoria es la mejor?, ¿cómo conciben la migración?

Sean cuales sean las respuestas, lo cierto es que la postura del gobierno mexicano dejo de jugar un papel importante al interior de algunos procesos de EUA. En junio pasado, el gobierno de Donald Trump amenazaba con declarar otro estado de emergencia para aplicar aranceles bajo el “Acto de Poder Económico de Emergencia” -que permite al presidente tomar acciones unilaterales para detener “una amenaza inusual y extraordinaria”. En ese momento, ambos partidos del Congreso estadounidense estaban en contra de esa declaración, y los Republicanos sabían que eso era un acto que le restaría algunos puntos en su campaña de 2020.

Al aceptar México los términos de ese acuerdo, asumió erróneamente una responsabilidad por la situación en la frontera entre México y EUA, validando con ello las mentiras que ha propagado el gobierno de Trump sobre las causas y las consecuencias de las personas migrantes centroamericanas. El gobierno mexicano entró en su juego, de números y de narrativa, al hablar de “invasión”, y de “desbordamiento del sistema de detención y de asilo”.

Después del 7 de junio de 2019, el gobierno mexicano se está manejando con las mismas mentiras que el gobierno de Trump, al plantear como un éxito su política de detención y deportación, y utilizando eufemismos -como “rescate” de personas, una “política basada en los derechos humanos” que “resguarda a las personas migrantes” en estaciones migratorias y los apoya para un “retorno asistido” a sus países. Dejando de lado sus promesas de una política migratoria de derechos humanos y el cumplimiento del Pacto Global sobre Migración, promovido por nuestro país y firmado en diciembre de 2018.

Sabíamos que el costo del acuerdo se iba a trasladar a México y se convertiría en una política “exitosa” de Trump y un desastre humano en México –provocado por EUA, pero fuera de la opinión pública de aquel país. El resultado de esta colusión es la criminalización de las personas que buscan protección en la región, por ambos gobiernos, contribuyendo a la xenofobia y la violencia en contra de lo que López Obrador llama “nuestros hermanos centroamericanos”.

Ante esta situación, no fue ninguna sorpresa que el gobierno mexicano no se presentará en la audiencia temática ante la CIDH para examinar la situación de la niñez migrante en la región; y la promesa de un cambio en la política migratoria mexicana, simplemente se la llevo el viento.

Twitter: @imumidf

Foto: Notimex