La inestabilidad creada por las recientes elecciones en Honduras; las acusaciones de corrupción contra el presidente Jimmy Morales de Guatemala; y el alto nivel de impunidad ante la violencia en El Salvador, ha generado el éxodo de familias hacia México. Aunque las estadísticas nos señalan que en 2017 las detenciones de personas migrantes en la región bajaron –tanto en la frontera entre México y Estados Unidos, como en la frontera entre México y Guatemala, seguimos observando el incremento de la migración de mujeres, niñas, niños, y familias completas en busca de protección en nuestro país.

De las casi 80,000 personas centroamericanas detenidas en México en 2017, más de 8,500 solicitaron asilo y más de 3,000 recibieron una estancia por razones humanitarias. Mientras el número de personas protegidas por el gobierno mexicano ha aumentado cada año a partir del 2014, sigue siendo menos del 2.5% de la población centroamericana detenida la que llega a tener acceso a los mecanismos de protección contemplados en la legislación mexicana.

Para tener más clara la situación de las familias migrantes centroamericanas, cuándo y porqué empezaron a migrar juntas, el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI) elaboró un informe que analiza las estadísticas y las políticas en la región, diseñadas para disuadir la migración, pero que también obligan a los Estados a proveer protección.

El informe Familias Centroamericanas Migrantes en México[1] expone que la presencia de mujeres en los eventos de detención registrados por el Instituto Nacional de Migración (INM) aumentó 3 veces más que la de los hombres, entre 2011 y 2016. De 9,160 mujeres detenidas en 2011 llegaron a 47,383 en 2016. Pasando de conformar el 14% en los eventos de detención en 2011 a 25% en 2016. En ese mismo periodo de tiempo, la presencia de niñas se multiplicó por 14 en los eventos de detención registrados por el INM (1,019 en 2011 y 14,287 en 2016).

Además del aumento en el porcentaje de mujeres migrantes, el informe demuestra la presencia de más mujeres con hijas e hijos. De acuerdo con la Encuesta sobre Migración de la Frontera Sur, entre 2011 y 2015 se incrementó 25 veces el número de madres provenientes de El Salvador y Guatemala que migraban junto con sus hijas e hijos. Así mismo, se quintuplicó el número de personas provenientes de los países del Triángulo Norte de Centroamérica que migraban en unidades familiares y que fueron detenidas por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos al intentar cruzar la frontera con México entre 2013 y 2016 (de 14,855 en 2013 a 44,647 en 2016).

En este contexto, y a pesar de las obligaciones de proveer protección a personas migrantes huyendo de la violencia, la respuesta de México ha sido la detención y deportación de familias migrantes. Por ejemplo, el INM proliferó los operativos móviles de control migratorio en las carreteras del país, con un consecuente incremento en los niveles de extorsión y otras violaciones a los derechos de las personas migrantes. Entre 2014 y 2016, el INM deportó a más de 421 mil personas de Guatemala, El Salvador y Honduras, muchas de ellas familias o niñas y niños no acompañados, con necesidades de protección internacional. Durante los procesos de detención y deportación muchas de estas familias fueron separadas.

A pesar de contar con un marco legal de protección a la vanguardia en México, incluyendo el asilo, la protección complementaria y medidas humanitarias, el gobierno ha hecho un uso insuficiente de estos recursos legales para brindar protección internacional a las familias centroamericanas. Aún si hubo un incrementó del número de visas humanitarias otorgadas por el INM a personas de Guatemala, El Salvador y Honduras (842 en 2014, 3,683 a septiembre del 2016), el total de personas beneficiadas no corresponde a los niveles de violencia durante el tránsito y sus necesidades de protección internacional. Para septiembre del 2016, sólo el 3% de las casi 140 mil personas migrantes detenidas en México, provenientes de esos países, recibió una visa humanitaria.

Así mismo, el esfuerzo de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) ha sido insuficiente, pese al aumento del reconocimiento de asilo, de 313 personas reconocidas con el estatus de refugiada y/o protección complementaria en 2013 a 3,717 en 2016. Sólo el equivalente al 0.5% de las personas de Guatemala, El Salvador y Honduras, detenidas en México, alcanzó protección internacional durante 2014 y 2015, y el 2% en 2016.

Los números bajos de personas que solicitan asilo son debido, entre otras cosas, a que el INM no brinda información suficiente sobre las oportunidades para solicitar protección internacional; algunas personas desisten y/o abandonan su solicitud al tener que esperar en detención la revisión y resolución de su caso; además de la insuficiencia de presupuesto y recursos humanos de la COMAR para atender el creciente número de solicitudes. A ello se suma el anunció de esta instancia, el pasado 30 de octubre, sobre la suspensión de forma indefinida de los plazos para emitir decisiones sobre solicitudes de protección internacional, lo que ha dejado en el limbo jurídico a más de 5,000 personas cuyo trámite de reconocimiento está suspendido. Muchas de ellas se encuentran detenidas en estaciones migratorias.

Por ello, el informe desglosa una serie de recomendaciones centradas en la implementación de medidas de no detención para las familias migrantes; el incremento de alternativas a la detención de la niñez migrante acompañada y no acompañada; el aumento de la expedición de visas humanitarias; y la promoción del acceso a la protección internacional y la justicia para las personas migrantes.

Si México busca fortalecer su posición frente a Estados Unidos, diversificar sus relaciones con otros países y mejorar su imagen en el ámbito de los derechos humanos, requiere cambiar su política migratoria hacia sus vecinos del sur. De esta manera podría demostrar a la comunidad internacional que participa en la crisis de Centroamérica con una política de protección, en lugar de adoptar políticas de disuasión, detención y deportación que violan sus leyes nacionales y compromisos internacionales. En septiembre del 2016, México se comprometió ante Naciones Unidas a mejorar su sistema de protección internacional, sin embargo no ha cumplido de forma cabal.

[1] Descarga el informe completo en: http://familiascentroamericanasmigrantesenmexico.imumi.org/