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El 17 de diciembre de 2018, los congresistas Nanette Barragán y Jimmy Gómez llegaron al puerto de entrada de Otay Mesa por invitación de la organización de la sociedad civil “Al Otro Lado”, donde también estaban presentes abogadas estadunidenses. Su tarea debía haber sido sencilla: acompañar a 15 personas migrantes a solicitar asilo, todas menores de edad y bajo amenaza inminente en Tijuana, en ese punto de entrada entre México y Estados Unidos.

De acuerdo con la ley estadounidense, los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) deben aceptar a cualquier persona que solicite asilo en alguno de los puertos de entrada al país (esta acción no garantiza el asilo, solo da la oportunidad de solicitarlo). Sin embargo, cuando los congresistas y los menores de edad llegaron a Otay Mesa, un oficial de CBP dijo a Barragán que la fila para solicitantes de asilo empezaba en el puerto de entrada de San Ysidro (a más de 10 kilómetros de distancia de donde se encontraban), que no había capacidad en ese punto fronterizo para recibir las solicitudes, y tenían que anotarse en “la lista”.

“La lista”, es un documento donde las personas se van anotando para tomar un turno para realizar su solicitud de asilo, lista que por supuesto es ilegal y que se traduce en meses de espera –diversas notas periodísticas y reportes de organizaciones de la sociedad civil han dado cuenta de la mafia que encierran esas listas, y como coloca a las personas solicitantes de asilo en situaciones de vulnerabilidad. Para los 15 menores de edad esa no era una opción.

Ante la actitud y respuesta de los oficiales de CBP, la Congresista Nanette Barragán señaló que por ley, en cada puerto de entrada se debe aceptar a las personas solicitantes de asilo, y pidió inspeccionar las instalaciones de dicha oficina para verificar su falta de capacidad. El oficial de CBP dijo que enviaría a su supervisor, pero nadie apareció. Luego de unas horas, los agentes de CBP comenzaron a recibir las solicitudes de los adolescentes, tomaron su tiempo y les hicieron pasar la noche en el suelo, por la mañana terminaron de recibirlos. La capacidad para procesar las solicitudes en un tiempo menor estuvo, no así la voluntad de los oficiales.

Esta experiencia es el reflejo de lo que sucede constantemente con los agentes fronterizos de Estados Unidos, para las organizaciones que trabajan en el acompañamiento a solicitantes de asilo en esa región, no fue una sorpresa. “Constantemente los agentes de CBP mienten acerca de sus capacidades, debido a las ordenes que reciben de sus superiores”.

Sin embargo, lejos de normalizarlo, el hecho de que hayan mentido a integrantes del Congreso estadounidense cobra trascendencia. El Congreso tiene el deber constitucional de investigar y supervisar a las agencias, como CBP, lo cual permite a las y los legisladores tomar decisiones informadas en materia de política pública, asegurando un balance de poder entre el legislativo y el ejecutivo, o en su caso, frenar los abusos del poder ejecutivo.

Nanette Barragán y Jimmy Gómez, son parte de Comités del Congreso estadounidense que supervisan a CBP, por lo que les da el poder de convocar audiencias y emitir citatorios, usualmente para supervisar investigaciones, además de hacer preguntas como parte de su trabajo individual.

Asumiendo que ambos congresistas estaban actuando en representación de dichos Comités, los oficiales de CBP que mintieron acerca de la capacidad con la que contaban quizás cometieron “ofensas federales”, al hacer declaraciones falsas a un Comité que provoca la obstaculización de su investigación.

De igual forma, la Secretaría de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, podría haber cometido las mismas ofensas cuando testificó falsamente en una audiencia del Congreso que todos los puertos de entrada continúan aceptando solicitantes de asilo como la ley lo indica. Mentiras o falsas declaraciones o “fake news”, lo cierto es que desde la entrada como presidente de Donald Trump existe un autoritarismo, xenofobia y discriminación en sus acciones y declaraciones.

Los sucesos del pasado 17 de diciembre y el silencio subsecuente, demuestran como la administración de Trump busca golpear cada vez más fuerte a las leyes y órdenes ejecutivas existentes en materia migratoria y de asilo. Mientras las personas que están huyendo de la violencia para salvaguardar su vida quedan en el limbo. ¿Qué hubiera pasado si estos 15 menores de edad asisten solos al punto fronterizo a solicitar asilo?

En el año fiscal 2018 en Estados Unidos, más de 93,000 personas solicitaron asilo en la frontera con México, a ello se suman las 800,000 solicitudes que tienen pendientes de resolver, situación que incrementa el tiempo de espera que va de 6 meses a 4 años, y que coloca a esta población en la incertidumbre. A ello se suma el acuerdo denominada Protocolo de Protección a Migrantes o “Quédate en México”, que entró en vigor el pasado 20 de diciembre, que consiste en recibir en México a solicitantes de asilo en Estados Unidos mientras transcurre su proceso en dicho país, lo que convierte al Estado mexicano en cómplice de violaciones a derechos de las personas solicitantes de asilo, como el derecho al debido proceso.

“Al Otro Lado”, es una organización que a menudo acompaña a personas solicitantes de asilo -una tarea cada vez más compleja dado que CBP ha reducido físicamente las entradas y ha pedido a autoridades mexicanas que arresten a solicitantes de asilo que se acerquen a los puertos de entrada. La presencia de legisladores no debería ser necesaria para que las autoridades estadounidenses cumplan con la ley, pero recientemente esta ha sido la única forma de garantizar su cumplimiento.

*Abogada estadounidense, IMUMI