Esta semana dio inicio la 66ª sesión del Comité contra la Tortura (CAT por sus siglas en inglés), en Ginebra, Suiza, donde se supervisó el cumplimiento que ha dado México a la Convención de Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos y/o degradantes. A finales de 2017, este comité recibió el informe del estado mexicano donde se señalaron las acciones que implementaron desde el 2012 para erradicar la tortura. La nueva delegación de autoridades mexicanas representada por Martha Delgado Peralta, Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se presentó este jueves 25 de abril para sustentar el informe en comento.

A la par y con la finalidad de establecer un contrapeso entre la información proporcionada por el Estado y la situación real de tortura generalizada y sistemática que se vive en México, más de 120 organizaciones de la sociedad civil mexicana sumamos esfuerzos para realizar un informe sombra en el que se incluyeron los diferentes modus operandi en los que se aplica la tortura, ilustrados con casos paradigmáticos que han sido documentados por varias organizaciones. Como Tlachinollan, que trabajamos en la montaña de Guerrero, hemos transmitido al comité la grave situación de la militarización que ha robustecido la corrupción y la impunidad por las graves violaciones a los derechos humanos que se mantienen desde la guerra sucia. Este continnium de la impunidad es la expresión de un estado gobernado a la usanza caciquil donde predomina el uso de la fuerza y la institucionalización de la tortura, como parte de una herencia funesta que se ha arraigado en los aparatos de seguridad.

Algunos de los casos presentados al comité fueron los de Inés Fernández y Valentina Rosendo, que representan dos casos paradigmáticos que han sido catalogados por la Corte Interamericana como tortura sexual. la violación consumada cobardemente por los militares fue catalogada por la corte interamericana como violencia institucional castrense. El integrante del comité y relator para México, Diego Rodríguez Pinzón, señaló su preocupación sobre los casos de tortura sexual y recomendó al Estado mexicano realizar las acciones necesarias para que en los casos de Inés y Valentina se llegue a sentencias firmes contra los militares responsables. El mismo informe incluye los casos de tortura relacionados con la investigación de algunos acusados por la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El uso de la tortura fue para fabricar lo que el ex procurador José Murillo Karam bautizó como “verdad histórica”. El mismo presidente del CAT, Jens Modvig, quien también es relator para México, retomó la investigación realizada por la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que documentó 34 casos de tortura, que hasta la fecha no se han investigado.

La práctica de la tortura también la han padecido defensores comunitarios por atreverse a defender sus territorios como ha pasado con los campesinos del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (CECOP). De 25 miembros del CECOP al menos 8 fueron torturados para incriminarlos como autores materiales de 6 homicidios En estos hechos de violencia más de 200 policías del estado y ministeriales, así como elementos del ejército y gendarmería irrumpieron en la comunidad de la Concepción municipio de Acapulco, para arremeter contra los campesinos del CECOP, ejecutando a 3 de sus elementos. El asesinato de líderes sociales forma parte del clima de violencia que persiste en el estado, donde los perpetradores gozan de total impunidad, el asesinato del luchador social Ranferi Hernández Acevedo, ex dirigente del PRD, junto con su esposa, su suegra y su chofer muestran la colusión que existe entre grupos del crimen organizado que se encargan de realizar el trabajo sucio para proteger intereses de grupos políticos. A dieciocho meses de este execrable crimen las investigaciones sigues estancadas. Ranferi y sus familiares, además de que fueron quemados sus cuerpos dentro del vehículo presentaron signos de tortura. Finalmente el informe incluyó un apartado de la represión brutal en las protestas sociales que han terminado no sólo en torturas, sino en ejecuciones extrajudiciales como son los casos de los normalistas asesinados en la autopista del sol en diciembre 2011. Se retomo el caso de Gerardo Torres quien fue víctima de tortura por parte de elementos de la policía ministerial con el fin de incriminarlo por los dos asesinatos de sus compañeros. En este mismo apartado se incluyeron varios hechos de violencia en la jornada electoral de junio de 2015 en Tlapa de Comonfort, donde varios ciudadanos fueron detenidos arbitrariamente y varios de ellos torturados, siendo ejecutado extrajudicialmente el estudiante y activista Antonio Vivar Díaz por elementos de la policía federal.

Todos estos casos forman parte de la crítica situación de derechos humanos que se vive en el Estado de Guerrero. Lo más grave y peligroso es la proliferación de grupos criminales que han impuesto su ley a sangre y fuego en varias regiones del Estado y en algunos municipios han tomado el control de las instituciones encargadas de la seguridad pública. La falta de implementación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la creación de la fiscalía especializada en esta materia son indicadores de esta grave crisis de derechos humanos que nos han hundido en el fango de la violencia y han dejado que el uso de las armas y la práctica de la tortura sean el pan de cada día de las y los guerrerenses.

Los propios expertos del CAT expresaron su preocupación de que siga existiendo un sinnúmero de prácticas sistemáticas que promueven la tortura, no sólo en el ámbito de las investigaciones penales o el uso de la fuerza en las detenciones arbitrarias, si no que la tortura se hace presente tanto en hospitales, centros de reclusión, centros de detención migratoria. La tortura también se implementa contra las mujeres, personas con discapacidad, niñas y niños, personas indígenas, población LGBTTI, migrantes, entre otros. Por ello, los miembros del CAT puntualizaron que en México existe una tradición represiva de la política de seguridad pública que además está militarizada. Tomando en cuenta el contexto actual de la nueva Guardia Nacional, manifestaron su preocupación, porque no cuenta con mecanismos de transparencia y control para garantizar que los altos mandos sean civiles.

Diego Rodríguez Pinzón relator de México incluso describió a la tortura como una práctica «endémica y generalizada» y criticó la falta de progresos de las autoridades mexicanas para combatir, investigar y prevenir este delito, a pesar de que existe ya una nueva legislación especializada en la problemática, que aunque cumple con varios estándares internacionales no ha podido ser implementada de manera adecuada a nivel federal y local.

Por su parte, Martha Delgado sostuvo en un primer momento que el gobierno mexicano es consciente de esta realidad y llegó a expresar su mayor disposición para resolver esta problemática; sin embargo este viernes 26 de abril su postura cambió en la sesión privada de preguntas y respuestas con miembros de la sociedad civil intentó minimizar la problemática y negó categóricamente que la tortura sea generalizada, a pesar de que el relator para México, Diego Rodríguez ya lo había reiterado. Esta actuación de la flamante funcionaria del gobierno López Obradorista es de suma preocupación porque se sigue alineando a las posturas de los gobiernos pasados que en todo momento se negaron a reconocer que la tortura es sistemática y generalizada en México como magistralmente lo expresó Juan Méndez ex Relator Especial de la ONU sobre la Tortura. La cuarta transformación que el nuevo gobierno ha venido propugnando puede agrietarse si sigue encubriendo a los torturadores y extendiendo el manto de la impunidad a los agentes del Estado que se han especializado en la practica de la tortura como el método más recurrente para realizar sus investigaciones. No podemos admitir que en este nuevo gobierno se tolere a personajes siniestros que sin ningún rubor someten a los detenidos a punta de golpes. Por ellos su máxima frase ha sido “mejor dale sus madrazos para que hable.”

Foto: El Siglo de Torreón