El día de San Miguel Arcángel, el santo que mata “el mayantli” (el hambre) entre los pueblos Nauas de la Montaña, visitaron la Normal de Ayotzinapa la Señora Rose-Marie Belle, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), James Cavallaro, relator para México de la CIDH y Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la misma Comisión. Los estudiantes, las madres y padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos, los recibieron como acostumbran hacerlo en sus pueblos: el trato que les dieron fue de autoridades y principales; colocaron sobre sus cuellos cadenas de flor de cempaxúchitl, tocaron la banda de guerra y con un saludo emotivo los invitaron a pasar a su escuela.

Este cálido recibimiento fue para reconocer el gran compromiso que han asumido para buscar a sus hijos. En el marco de las medidas cautelares, la CIDH, en consulta con el Estado mexicano y organizaciones de la sociedad civil, nombró a un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) con el fin de ofrecer asistencia técnica en la búsqueda, investigación y no repetición de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.

Aquel 29 de septiembre de 2015, en el auditorio de la Normal, las madres y padres de familia escucharon a través de una traductora, el mensaje sencillo y cercano de Rose-Marie: “estoy aquí para expresar mi solidaridad con ustedes. Les vengo a informar que vamos a publicar un informe sobre la situación de los derechos humanos en México, en los próximos meses…Nos interesa conocer la verdad sobre lo que aconteció en Iguala, por eso es muy importante hablar con ustedes. Sus testimonios son muy valiosos. Sus palabras son las que nos ayudarán a descubrir la verdad. Su lucha es la mejor muestra de que es posible alcanzar la justicia. Con la presencia del Grupo de Expertos quiero decirles que estamos trabajando y lo seguiremos haciendo para encontrar a sus hijos. Les agradezco mucho por esta maravillosa bienvenida”.

Los padres y madres de los 43 reiteraron su total confianza en el trabajo de las y los expertos e hicieron suyo el informe que recién habían entregado al presidente de la república. Pidieron la intervención de los comisionados para que no quede trunco este esfuerzo, de acabar con la mentira y la simulación y desenterrar la verdad para que haya justicia.

A 5 meses de su visita, la comisionada y los comisionados cumplieron su palabra de publicar un informe sobre “la situación de los derechos humanos en México. Su diagnóstico es implacable: “Las desapariciones forzadas de personas han ocurrido en México en diferentes momentos y con diversas intensidades, como en los años 60s en el contexto de la llamada “Guerra Sucia” hasta finales de los 80 y actualmente ha aumentado en forma dramática en el país. Especialmente grave es la información amplia y consistente recibida por la CIDH a través de sus distintos mecanismos sobre la existencia de una práctica de desapariciones forzadas a manos de agentes del estado o con la participación, aquiescencia, o tolerancia de las mismas… La actual crisis de graves violaciones a los derechos humanos que atraviesa México es en parte consecuencia de la impunidad que persiste desde la “Guerra Sucia” y que ha propiciado su repetición hasta hoy en día”.

La desaparición forzada de los 43 jóvenes de la Normal de Ayotzinapa, “constituye una grave tragedia en México así como un llamado de atención nacional e internacional sobre las desapariciones en México y en particular en el estado de Guerrero…Este caso es además un ejemplo emblemático de la aparente colusión entre agentes del Estado e integrantes del crimen organizado”.

La reacción de las autoridades mexicanas deja mucho que decir a una sociedad agraviada que ha sido testigo de tantas atrocidades, tantas tropelías y actos impunes de quienes ostentan el poder. Se niegan a reconocer la probidad de sus análisis, y más bien, de forma ruin se empeñan en descalificar y desacreditar el trabajo profesional y comprometido de los miembros de la CIDH. Esta obcecación de las autoridades no les permite ubicar a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, en el centro del debate. Desvarían en el discurso y se pierden en datos etéreos con el fin avieso de acallar el grito de quienes claman justicia.

Esta postura arrogante e insensible ante la tragedia de miles de familias es un claro mensaje del Ejecutivo Federal de obstruir el trabajo del GIEI y de seguir poniendo obstáculos para que no se investigue a los militares que participaron en los hechos del 26 y 27 de septiembre.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos Zeid Ra·ad Al Hussein, en su mensaje final de su visita a México, en octubre pasado, fue muy enfático “en lugar de matar al mensajero enfoquémonos en el mensaje. Todos estamos de su lado. Todos queremos ayudar a México”.

De nueva cuenta estamos ante una reacción virulenta del gobierno mexicano, que arremete contra el mensajero de nuestra región. Ahora al unísono la Secretaría de Gobernación, la Cancillería y la Procuraduría General de la Republica se empeñan en descalificarlo, en desacreditar su diagnóstico y menospreciar su aporte. Lo más aberrante es negar la realidad que nos desangra, es cubrir con el manto de la impunidad a los perpetradores de las desapariciones.

A pesar de tantos esfuerzos de los organismos internacionales, de poner el dedo en la llaga, el gobierno de México se atrinchera para repeler cualquier crítica. No hay voluntad política para atender las recomendaciones, mucho menos hay el compromiso de atacar de fondo la colusión que persiste entre las cúpulas del poder y el crimen organizado. Iguala sigue siendo el microcosmos de la tragedia nacional. Es la cuna de la bandera donde recientemente el Ejército la izó al lado del presidente para mantener el pacto de impunidad y así refrendar su postura de no mirar ni escuchar a las familias de los desaparecidos. Es más fácil matar y desaparecer a los mensajeros del México de abajo que clama justicia, que atender los mensajes y recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

*Antropólogo. Director del centro de derechos humanos de la Montaña, Tlachinollan