El 5 de septiembre de 1983, durante el Segundo Encuentro de Organizaciones y Movimientos de América, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), designó esta fecha como el día internacional de las mujeres indígenas, para reconocer su contribución en la defensa de sus derechos y en la lucha contra el racismo y la discriminación. La figura señera de Bartolina Sisa, dirigente indígena del pueblo Aymara, que impulsó una revuelta de los pueblos de Bolivia contra la corona española, fue determinante para liberarse del yugo colonizador. Su temple y su gran carisma cimbraron las estructuras del poder colonial. Ante esta osadía, el gobierno represor la asesinó el 5 de septiembre de 1782, con el fin de replegar y desmovilizar a la población indígena. Bartolina vive en el corazón de las luchas de muchas mujeres de América que han sido asesinadas para liberarse del régimen patriarcal y racista.

Por otra parte, el 3 de septiembre se cumplieron 39 años de la entrada en vigor de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), que fue ratificada por México el 23 de marzo de 1981. A pesar de los compromisos asumidos por el Estado mexicano de salvaguardar los derechos de las mujeres, la situación de violencia que padecen se ha recrudecido y extendido a lo largo y ancho del país.

En el 2018, la CEDAW recomendó a las autoridades mexicanas la urgencia de armonizar nuestras leyes acordes a los estándares internacionales, para hacer efectivo el acceso a la justicia de las mujeres y niñas. Resaltó el grave problema de la violencia y la inseguridad que se ha expresado en el alto número de feminicidios, que no han sido tipificados adecuadamente por los juzgadores, existiendo aún tratos discriminatorios y varias formas de violencia que revictimizan a las mujeres. Por ello la CEDAW recomendó en primer término que se implemente una estrategia de seguridad pública que contenga la violencia propiciada por la delincuencia organizada. Enfatiza que se deroguen todas las disposiciones legislativas que son discriminatorias para las mujeres y las niñas. Emplaza a que se capacite de manera sistemática y obligatoria, a jueces, fiscales, defensores públicos, abogados/as, agentes de policía y funcionarios públicos responsables de hacer cumplir la ley, a nivel federal, estatal y local, sobre los derechos de la mujer y la igualdad de género, para poner fin al trato discriminatorio del que son objeto. Refuerza la postura de que el gobierno tiene que adoptarmedidas de carácter urgente para prevenir las muertes violentas, las desapariciones forzadas de mujeres, en particular combatiendo las causas profundas de esos actos, como la violencia armada, la delincuencia organizada, el tráfico de estupefacientes, los estereotipos discriminatorios, la pobreza y la marginación de las mujeres.

La situación de violencia que enfrentan las mujeres en el Estado de Guerrero es sumamente grave. A pesar de que la entidad cuenta con una Alerta de Violencia Género decretada desde el 22 de junio de 2017, en 8 de sus principales municipios, y otra decretada el pasado 5 de junio por Agravio Comparado, las mujeres guerrerenses enfrentan una guerra sin cuartel contra actores del estado y del crimen organizado, al mantener intactas las estructuras patriarcales del sistema de justicia que violenta sistemáticamente sus derechos. No hay confianza en las autoridades ni tampoco existen funcionarios comprometidos y capacitados para defender sus derechos.

En la contingencia sanitaria, las cifras de violencia de género a nivel estatal se incrementaron ante el confinamiento y el cierre de las oficinas encargadas de investigar los delitos. Si bien las cifras oficiales a nivel federal, no aportan todos los casos de violencia de género, sí muestran un incremento en los primeros cinco meses del año con 1,195 casos de violencia familiar y 126 de violencia de género en cualquier otra modalidad.

Desde el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” hemos documentado 30 casos de violencia contra la mujer entre el 26 de marzo y el 2 de junio de este año, periodo en el que se han mantenido las medidas de confinamiento. En estos casos destacan hechos de violencia física, abuso sexual, feminicidios y desapariciones. 13 de ellos se relacionan con violencia familiar, sin que existan medidas de protección para las víctimas. El resto de casos forman parte de la violencia generalizada que se vive en el estado y que muestran el panorama sombrío que padecen las mujeres que son víctimas de feminicidios, secuestros y desapariciones.

Para las mujeres es un viacrucis acudir al ministerio público, porque sólo una persona se encuentra asignada en la agencia especializada en delitos sexuales y violencia familiar, para los 19 municipios de la Montaña. En los hechos, los perpetradores se sienten inmunes porque saben que las carpetas de investigación quedarán archivadas. Es inconcebible que las autoridades del estado mantengan en total rezago esta agencia especializada, cuando existe un alto índice delictivo contra las mujeres indígenas. No hay un intento de revertir estas deficiencias institucionales, mucho menos de cubrir estos vacíos para ser garantes efectivos en la protección de los derechos de las mujeres.

Además de la crisis sanitaria que ha incrementado la violencia contra las mujeres, la crisis económica ha desmantelado a las pocas instituciones que se encargan de atender a las mujeres. El Gobierno federal tomó la decisión de reducir el 75% del presupuesto operativo de toda la administración pública, conforme al decreto publicado el 23 de abril en el Diario Oficial de la Federación. Dentro de los 38 programas prioritarios del gobierno federal no se asigna una partida especial para las mujeres que viven en situación de extrema vulnerabilidad y padecen la violencia institucionalizada y familiar.

De acuerdo con los datos presentados en el segundo informe del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hubo una reducción presupuestal de 37 millones de pesos a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM). Por otra parte, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas sólo maneja el presupuesto destinado para el programa alimentario de los albergues, dejando sin fondos para operar a las Casas de la Mujer Indígena (CAMI), que son experiencias innovadoras que se han arraigado en varias regiones del país, donde las mujeres indígenas han encontrado un espacio para dignificar su derecho a la salud.

A 10 años de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de Inés Fernández y Valentina Rosendo, dos mujeres Me’phaa sobrevivientes de tortura sexual, el Estado mexicano no ha dado cumplimiento a varias medidas de reparación que garanticen la no repetición de estos hechos deleznables. Con relación a las reparaciones comunitarias, que son planteamientos innovadores en contextos marcados por la violencia institucional castrense, que dañan severamente el tejido comunitario, el Estado mexicano ha incumplido con la creación de un Centro Comunitario para las mujeres del pueblo Me’phaa, en Ayutla de los Libres. Las palabras de Inés en el Acto de Reconocimiento de Responsabilidad Internacional del Estado mexicano realizado el 6 de marzo de 2012, fueron premonitorias, porque dijo que el gobierno no cumple, sobre todo a las mujeres indígenas, siempre las ha tenido olvidadas. Hasta la fecha el gobierno federal regatea los recursos a las mujeres Me’phaa, con el pretexto de la pandemia, postergando una obra esencial para la salud y desarrollo de las mujeres indígenas de la Costa-Montaña de Guerrero.