La entrega y titulación de más de un millón de hectáreas antes de cumplir un año del actual gobierno, si bien es un avance para destacar, nos deja preguntas y retos en el objetivo mismo de estos importantes resultados.

Estado actual

La estructura agraria de Colombia es a todas luces altamente inequitativa, en 2014 se hicieron públicos los resultados del último censo agrario que da cuenta de esta realidad.

El 70,4% de las Unidades de Producción Agropecuaria (UPA) (1.669.287 unidades) tiene menos de 5 hectáreas y ocupa el 2,0% (2.160.347 ha) del área rural dispersa censada, mientras que el 0,2% de las UPA tiene 1.000 hectáreas o más y ocupa el 73,8% del área rural dispersa censada.

En términos de concentración, según el coeficiente de GINI, Colombia es el país de Latinoamérica con mayor desigualdad en la tenencia de la tierra: el 1% de las explotaciones de mayor tamaño controlan el 81% de la tierra, mientras que el 99% restante se aglomeran en el 19% de la tierra. (Oxfam, 2017).

Se suma a esta realidad como consecuencia directa, que el 45,7% de las personas que habitan en el campo, están en condición de pobreza, y si tomamos por zonas algunas superan el 60%.

Se trata de una inequidad profundizada por la violencia, el conflicto armado y la aplicación constante de política que desincentivan la producción en el campo, no reconocen o no le dan lugar a la vida y producción campesina, indígena, afro.

El aparato institucional del Estado, sus sucesivos gobiernos han priorizado las necesidades del capital global en consonancia con los intereses de élites donde se enmarcan las dinámicas de acaparamiento de tierras en el país.

Una realidad que se ha sostenido a pesar de la firma del acuerdo de paz además de arreglos para frenar paros y movilizaciones indígenas, acuerdos con comunidades negras y campesinos, una larga historia también, de incumplimientos y dilaciones.

Vientos de cambio.

Hoy el país cuenta con un Gobierno de corte progresista, que reivindica los reclamos históricos de las comunidades, es claro que se trata de un momento que rompe con una secuencia de gobiernos pro-neoliberales que crearon las condiciones para la profundización de una creciente crisis social marcada por el aumento de la pobreza, la exclusión, el desempleo, el hiperendeudamiento, etc. Se debe hoy gobernar a contra reloj a sabiendas que las transformaciones deben darse y sobre todo sentirse en medio de una amplia población agobiada, pero, no será fácil con las normas, instituciones, cultura política, medios masivos y factores reales de poder adversos que durante años se han naturalizado y transformado casi que en sentido común.

Aun teniendo distancias con la manera como este gobierno autodenominado “del cambio” ha asumido situaciones, alianzas, juegos de poder, creemos es importante resaltar avances importantes que es bueno referenciar en tanto se trata de uno de los problemas centrales del conflicto y la violencia en el país, la tenencia y uso de la tierra.

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) anunció que, a seis meses del gobierno de Gustavo Petro, se ha formalizado más de 1,4 millones de hectáreas: 1.015.000 corresponden a predios rurales y 396.000 a Zonas de Reserva Campesina (ZRC), como la de Sumapaz, en Bogotá, y la de Guayabero en el departamento del Meta. (Agencia Nacional de Tierras, 2023).

Vale resaltar que con estos hechos ya se han beneficiado 33.016 familias y de resaltar que la titulación en un “50% han sido para mujeres porque ellas no solo han sido las principales afectadas de la violencia en el país, sino que son fundamentales para la construcción de la paz, la conservación del territorio y tejido social”, afirmó Gerardo Vega director de la ANT. En total 28.868 mujeres han sido beneficiadas, de las cuales 5.677 son mujeres campesinas, 1.358 mujeres de comunidades negras, 21.468 mujeres de resguardos indígenas y 473 mujeres de restitución (Agencia Nacional de Tierras, 2023B).

Las ZRC, un reclamo sentido y no atendido por gobiernos anteriores, parece tomar fuerza nuevamente, se trata de una figura creada por la Ley 60 de 1994, una forma de ordenamiento territorial que busca fomentar la economía campesina, prevenir la concentración de la tierra –y regular su ocupación– y el aprovechamiento de sus recursos.

El numeral 9º del artículo 1 de la Ley 160 de 1994 establece que

«inspirada en el precepto constitucional según el cual es deber del Estado es promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios y a otros servicios públicos rurales, con el fin de mejorar el ingreso y la calidad de vida de la población campesina”, e indica que ésta tiene por objeto: “Regular la ocupación y aprovechamiento de las tierras baldías de la Nación, dando preferencia en su adjudicación a los campesinos de escasos recursos, y establecer Zonas de Reserva Campesina para el fomento de la pequeña propiedad rural, con sujeción a las políticas de conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables y a los criterios de ordenamiento territorial y de la propiedad rural que se señalen” (Congreso de la Rapública Colombia., 1994)

Establece además que:

“en las Zonas de Reserva Campesina la acción del Estado tendrá en cuenta, además de los anteriores principios orientadores, las reglas y criterios sobre ordenamiento ambiental territorial, la efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de los campesinos, su participación en las instancias de planificación y decisión regionales y las características de las modalidades de producción (…)” (Congreso de la Rapública Colombia., 1994)

Ya se anunció otra ZRC en un territorio que sufrió de manera especial la intensidad de la guerra paramilitar, Urabá antioqueño una región donde se aplicó un modelo de reordenamiento territorial, poblacional, cultural y económico a sangre y fuego (Mesa Duque & Insuasty Rodríguez, 2021), un modelo que aún hoy pervive en su formato de consolidación, en este contexto se anuncia la creación y delimitación de la ZRC en San José de Apartadó y se están estudiando solicitudes en Orteguaza (Caquetá), Tarazá (Antioquia), Chaparral (Tolima), Togüí (Boyacá), Pradera (Valle del Cauca), los Montes de María, el Catatumbo (Norte de Santander) y Tuluá (Valle del Cauca), se cuenta con un total de 28 zonas que están en solicitud. Se espera que en estos cuatro años de Gobierno se formalicen 25 ZRC.

A la par se vienen recuperando Baldíos tomados de manera ilegal, familiares de reconocidos políticos, empresarios y artistas hacían uso indebido de un complejo de islas que poco a poco se han ido recuperando para ser retornadas al uso de las comunidades locales (Agencia Nacional de Tierras, 2023C).

Por su parte la Sociedad de Activos Especiales (SAE) en plena colaboración armónica, viene en un ejercicio que no ha resultado para nada fácil pues estos bienes por un lado no cuentan con un soporte de información adecuado y actualizado, muchos de estos bienes aún están en manos de redes criminales, se ha retomado el control de bienes que se destinaran también para la reforma agraria.

En este orden por ejemplo y como hecho real, pero de gran carga simbólica, 50 familias campesinas recibieron la finca Támesis, un bien inmueble que antes pertenecía a Jesús Alfonso Berrío, socio del paramilitar Vicente Castaño, exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, en un departamento asolado por el actuar de grupos paramilitares como lo fue Córdoba (Kienyke, 2022), así mismo puso a disposición 200 hectáreas para los campesinos damnificados por la ola invernal del sector de La Mojana. Magangué, y El Roble, en Sucre, son los municipios que han estado inundados durante más de año y medio, estas tierras ahora se ponen a disposición para la producción de alimentos, predios que fueron incautados, especialmente a la familia López, llamados en la región como ‘La Gata’ o ‘Los Gatos'» (El Tiempo, 2023) en prisión por Paramilitarismo, narcotráfico, desplazamiento apoyó económica y políticamente en la región al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Así mismo, se llegó a un acuerdo de compra de tierras con la Federación Nacional de Ganaderos FEDEGAN muy cuestionada por apoyo al paramilitarismo, desplazamiento y acaparamiento de tierras, aún esto el Presidente Gustavo Petro logró acordar que los ganaderas asociados a esta federación ofertarán tierras para la compra por parte del estado en una extensión total de 3 millones de hectáreas, el proceso de identificación de las tierras ofertadas y que el Estado decida cuáles tierras comprar, el objetivo es destinarla a la producción campesina (Agencia Nacional de Tierras , 2023D).

No es menor este acelerador en materia de tierras, quedan preguntas y retos.

Retos y preguntas

La meta del actual gobierno llegar a 3 millones de titulaciones a campesinos sin tierra y 7 millones de títulos formalizados, es decir, campesinos que trabajan la tierra, pero aún no han formalizado sus títulos. Una meta ambiciosa, pero al tiempo limitada frente a lo que requiere Colombia.

Vale decir que, el acuerdo de Paz firmado contempla metas y una manera de comprender la tierra, el territorio y la vida, cultura, saberes campesinos y de comunidades indígenas y negras.

Pero, después de la titulación y formalización ¿qué?

Potenciar territorios, más que tierra, implica cultura, autonomías, capacidad de toma de decisiones, saberes, etc.

Estas tierras deberán tendrán en corto tiempo apoyo en inversión directa, en algunos casos créditos de bajo interés para el impulso de proyectos productivos, el fortalecimiento de cooperativas, inversión en vías de acceso, fortalecimiento de la producción propia y con ello de la capacidad organizativa local.

La articulación de estas iniciativas a la producción sobre el concepto de soberanía alimentaria y cuidado del medio ambiente, las fuentes de agua.

Reconocer finalmente la figura de campesino como sujeto de derechos que aún hoy no es reconocido lo cuál es contradictorio pero una muestra del tipo de fuerzas políticas que han gobernado el país a la fecha.

Fortalecer una concepción de seguridad humana, ambiental y territorial que pueda ser gestionada por las mismas comunidades..

Lograr avanzar hacia comunidades que gestionan su energía, agua, comunicación y acceso a tecnología, potenciando su propia creación.

Reconocer la producción agroecológica, local, colectiva, comunitaria, no para anclarlas en su totalidad a la cadena de producción industrial alimentando la cadena de suministros global donde se lleva la peor parte impactando negativamente a las comunidades, la naturaleza, las fuentes de agua.

La lógica paramilitar en grupos armados ilegales como las AGC y otros, sigue viva, avanzan y copan territorios una amenaza constante para no dejar avanzar en estos procesos o una vez logrados hacerlos retroceder.

Articular cadenas locales de comercialización conectando campo-ciudad, lograr procesos de cualificación, dialogo de saberes, recuperación de saberes comunitarios, articular el saber académico, articular tecnologías propias potenciando comunidades que autogestionan energía, agua, etc.

Fortalecer sistemas de información que den cuenta de la tenencia de la tierra, el catastro multipropósito, tecnologías de información y comunicación para agilizar los procesos.

Que el proceso de Paz que se adelanta con el ELN identifique estos avances aún menores frente a los niveles ya inmorales de concentración de la tierra y la riqueza, para potenciar dichos avances y aciertos, sumar las propuestas que ya existen de las comunidades en sus territorios.

*docente investigador Universidad de San Buenaventura parte de la Red InterUniversitaria por la Paz e integrante Grupo Autónomo Kavilando www.kavilando.org

**Abogado, magister en derecho penal, defensor Público e investigador Grupo Autónomo Kavilando www.kavilando.org

Referencias

Agencia Nacional de Tierras . (marzo de 2023D). Contamos los avances de la #ReformaAgraria y la gestión en entrega de tierras. Obtenido de ANT: https://www.youtube.com/watch?v=5SnzFLi7MN8

Agencia Nacional de Tierras. (1 de marzo de 2023). La Agencia Nacional de Tierras ha formalizado más de 1,4 millones de hectáreas durante el Gobierno del Cambio. Obtenido de ANT: https://www.ant.gov.co/la-agencia-nacional-de-tierras-ha-formalizado-mas-de-14-millones-de-hectareas-durante-el-gobierno-del-cambio/

Agencia Nacional de Tierras. (7 de marzo de 2023B). El 50% de la tierra entregada en el Gobierno del Cambio ha sido para las mujeres rurales. Obtenido de ANT: https://www.ant.gov.co/el-50-de-la-tierra-entregada-en-el-gobierno-del-cambio-ha-sido-para-las-mujeres-rurales/

Agencia Nacional de Tierras. (23 de marzo de 2023C). Luego de 11 años de proceso, ANT recuperó nuevo baldío de la Nación en Islas del Rosario. Obtenido de ANT: https://www.ant.gov.co/luego-de-11-anos-de-proceso-ant-recupero-nuevo-baldio-de-la-nacion-en-islas-del-rosario/

Congreso de la Rapública Colombia. (agosto de 1994). Ley 160 de 1994. Por el Cual se Cran la Zonas de Reseva Campesina. Obtenido de Agencia Nacional de Tierras: https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrFeUZRSiRk.oQIjTSrcgx.;_ylu=Y29sbwNiZjEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1680128722/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.minagricultura.gov.co%2fNormatividad%2fLeyes%2fLey%2520160%2520de%25201994.pdf/RK=2/RS=9rjfrGwHGMIK_GH460rVHLv

El Tiempo. (24 de marzo de 2023). SAE entregó fincas de alias La Gata para ayudar a damnificados por el invierno. Obtenido de El Tiempo: https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/sae-entrega-fincas-de-la-gata-para-ayudar-a-damnificados-por-el-invierno-753267

Kienyke. (29 de noviembre de 2022). Finca de narco fue entregada a campesinos en Córdoba. Obtenido de Kienyke: https://www.kienyke.com/colombia/finca-de-narco-fue-entregada-campesinos-en-cordoba

Mesa Duque, N., & Insuasty Rodríguez, A. (2021). Criminalidad corporativa y reordenamiento territorial en Urabá (Antioquia, Colombia). Ratio Juris, 595-622. Obtenido de https://publicaciones.unaula.edu.co/index.php/ratiojuris/article/view/1243