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El pasado 30 de junio, bajo el lema “Las Familias Merecen Estar Unidas”, miles de personas en Estados Unidos marcharon en más de 600 protestas, desde el capitolio hasta estados conservadores como Utah y Wyoming. Las protestas fueron organizadas por la sociedad civil de ese país, como la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y MoveOn. Estas movilizaciones recordaron las marchas de enero del 2017, cuando la población estadounidense, con replicas en más de 30 países, salieron a las calles ante las políticas represivas de la administración de Trump.

En la Ciudad de México, Deportados Unidos en la Lucha (DUL) y otros actores locales organizaron una protesta frente a la embajada de Estados Unidos. Con poesía, discursos y pancartas, decenas de personas manifestaron su inconformidad contra la política migratoria de Trump.

Ésta política tiránica, si bien se ha agudizado de mayo a la fecha, en realidad es parte de un patrón de prácticas que ha elaborado Estados Unidos por más de una década. Estas separaciones familiares tienen años sucediendo. Las historias de madres y/o padres mexicanos, cuyas hijas e hijos han sido dados en adopción o han estado a cargo del Sistema de Bienestar Infantil en Estados Unidos dan cuenta de ello.

En mayo, el Fiscal General de Estados Unidos, Jeff Sessions, anunció un cambio drástico en como Estados Unidos enfrentaría la migración indocumentada. Anteriormente, cuando una persona intentaba ingresar al país sin la documentación requerida era sometida a un proceso civil. En la mayoría de los casos, la entrada no autorizada al país no se consideraba un delito penal.

La administración justificó la separación de familias migrantes argumentando que las niñas y los niños que viajaban con su madre y/o padre no podían permanecer en detención federal, tras la atribución de cargo criminal realizada a su madre y/o padre. El resultado, más de 2000 casos, la mayoría de familias provenientes de Centroamérica, y la condena internacional. Luego de la orden ejecutiva que puso fin a esta práctica, anunciada el 20 de junio, las secuelas de esta política permanecen.

El 26 de junio, 4 días antes de las protestas masivas, un juez federal de San Diego, California, ordenó la reunificación de las familias que habían sido separadas bajo la política de “cero tolerancia”. Hasta la fecha, el gobierno estadunidense sólo ha reunificado a poco más de la mitad de las niñas y los niños menores de 5 años de edad. Esperamos que estas acciones, en conjunto con nuestro trabajo legal, puedan mitigar las violaciones de derechos humanos que está llevando a cabo la administración de Donald Trump.
Las protestas actuales en contra de las políticas migratorias restrictivas de Trump vienen de un proceso organizativo que lleva más de diez años gestándose en dicho país, donde los grupos pro-migrantes han sido piezas fundamentales.

En 2005, el proyecto de ley conocido como “Ley Sensenbrenner” (H.R. 4437), que pretendió criminalizar la migración indocumentada y reafirmar “la autoridad inherente” de los 50 estados, daría la pauta. Dicha Ley pasó en la cámara de representantes pero nunca logró pasar la legislación en el Senado. Millones de personas protestaron en contra de este proyecto de ley, e impulsó una nueva generación de organizadores y activistas trabajando para promover una reforma migratoria y detener políticas locales represivas en varios estados.

Las administraciones de George W. Bush y Barack Obama estuvieron marcados por un alza en la detención y deportación de personas migrantes indocumentadas. De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, en 2005 fueron deportadas de Estados Unidos 536,767 personas mexicanas (84% hombres y 16% mujeres). Para 2015, fueron 21,237 mujeres y niñas migrantes y 186,161 hombres y niños migrantes. Hasta mayo del 2018 han sido deportadas 8,045 mujeres y 85,320 hombres migrantes (5% del total de personas deportadas son menores de edad).

La sociedad civil ha sido el parteaguas en muchos de los cambios a favor de la población migrante en Estados Unidos, por ejemplo, en 2005 California y otras ciudades se convirtieron en “ciudades santuarios”; para 2015, este mismo estado comenzó a otorgar licencias de conducir a personas sin estatus migratorio regular. Aunque la sociedad civil es un contrapeso importante, quizá la vía para cambiar las políticas anti-inmigrantes de Estados Unidos tiene que ser una combinación de organización comunitaria, y opciones legales y legislativas.

En medio de estas acciones que buscan parar la migración, y las respuestas de la sociedad civil en la región, vale recordar que migrar es un derecho, y los Estados deben adoptar medidas para que en los diferentes procesos migratorios no se violenten los derechos fundamentales de mujeres, hombres, niñas y niños migrantes.

 

*Molly Goss, gestora de casos de familias transnacionales, Instituto para las Mujeres en la Migración, AC