Montaña adentro

Abel Barrera

La siembra del odio

Foto: Cuartoscuro

El ambiente pacifico de Chilapa, ciudad levítica fundada por los agustinos, se transformó en el centro de operaciones del grupo delincuencial conocido como “Los Rojos”. Los asesinatos, los levantones y el cobro de piso empezaron a causar estragos entre los comerciantes del centro y de los barrios. Aparecieron los primeros cuerpos desmembrados para generar terror entre la población. También algunas personas que procedían de comunidades indígenas, sobre todo de la parte suroriental del municipio, se registraron varios casos de desapariciones.

Para las comunidades indígenas estos agravios no podían pasar desapercibidos. Se organizaron y decidieron tomar la ciudad de Chilapa, para ir en busca de sus familiares desaparecidos. Del 9 al 14 de mayo del 2015, establecieron retenes en las entradas de la ciudad al lado de los militares. Tomaron las instalaciones de la policía municipal y patrullaron la ciudad con estos vehículos y con las unidades que traían. Su entrada a la ciudad causó mucho impacto entre la población. Al frente iban los comisarios, secundados por personas mayores y mujeres. La mayoría portaba palos y machetes. Llegaron para desafiar a “Los Rojos”, porque estaban seguros que ellos eran los responsables de la desaparición de sus familiares. De algún modo suplantaron al ejército y a la policía federal, que tenían retenes y hacían rondines. Llegaron decididos a confrontarse tanto como con el grupo delincuencial como los cuerpos de seguridad del estado. En la instalación de sus retenes se encargaban de revisar los vehículos y con lista en mano verificaban si había alguna persona señalada, como parte del grupo delincuencial.

Varias familias de Chilapa, así como organizaciones de familiares de personas desaparecidas y organismos de derechos humanos, documentaron 16 casos de desaparición que fueron denunciados ante el ministerio público, sin embargo, hablan de 32 personas desaparecidas, en su mayoría jóvenes que fueron detenidos en los retenes, algunos más en sus domicilios y otros en las calles. Hasta la fecha, no se sabe de su paradero. El engranaje de la venganza se puso en marcha. La ley del talión cobró más víctimas y de esta forma, la violencia generada por dos grupos antagónicos de la delincuencia organizada, que se disputan el territorio en esta región, ha tomado como rehenes a las comunidades indígenas para sumarlos a su causa.

Lo inaudito de aquella incursión fue la inacción del ejército, la gendarmería, la policía federal, la estatal y municipal. Permitieron que instalaran retenes y realizaran patrullajes. La presencia visible de comisarios y familias indígenas estuvo acompañada por gente armada, que por la vía de los hechos fueron los que ejecutaron las desapariciones. La población quedó azorada por este apoyo inusual, máxime que ejercían detenciones de manera arbitraria.

Las mamás fueron a pedir auxilio a la gendarmería para que evitaran estás detenciones arbitrarias. No encontraron eco. Se reducían a comentarles que solo los iban a interrogar y que posteriormente los liberarían. Pasaron los días y las familias que confiaron en los cuerpos de seguridad, no solamente fueron defraudadas, sino que, quedaron inermes cargando con el miedo y el dolor, de lo que significa padecer una desaparición en un contexto de violencia y de impunidad.

El conflicto se expandió hacia las comunidades indígenas y se tornó más cruento porque las incursiones armadas y los asesinatos, obligó a decenas de familias a desplazarse de manera forzada, para poner a salvo su vida. Varias comunidades del municipio de Chilapa, como Tetitlán de la Lima, Ahuihuiyuco y Tepozcuautla, abandonaron sus casas, sus tierras y sus animales. También se cerraron sus casas de salud y sus escuelas. Estas familias constataron la colusión que existe entre los cuerpos de seguridad con los grupos del crimen organizado, porque sus actuaciones estuvieron muy al margen de lo que realizaban los civiles armados al entrar a estas comunidades. Esta violencia se expandió a comunidades del municipio de Zitlala, donde fueron asesinados varias familias indígenas, obligando a sus esposas e hijos a salir del pueblo. Han sido años, de mucho derramamiento de sangre que han quedado en el olvido, por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno. Las mujeres indígenas han tenido que cargar con el estigma de su indianidad y de su ser femenino. Sobreviven gracias a la solidaridad de los vecinos. Tienen que contratarse como jornaleras agrícolas, llevando en sus espaldas al hijo más pequeño. Lamentablemente ellas no existen, ni en las estadísticas oficiales, mucho menos en los programas estelares de la cuarta transformación.

El asesinato de los diez músicos de la comunidad de Alcozacán, forma parte de otro capitulo de la siembra del odio, donde las dieciséis comunidades, que se han adherido a la Policía Comunitaria de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF), están asediados por las comunidades adscritas al grupo autodenominado Paz y Justicia, que han sido cooptados por “Los Ardillos”. Lo más grave es que dentro de las estructuras comunitarias, se han podido montar los grupos de la delincuencia organizada, vendiendo la idea, de que su presencia es para proteger a la comunidad y su territorio ante amenazas externas. Son los civiles armados de la delincuencia los que ejercen el poder en esta región. No hay autoridad que se haga presente para aplicar la ley y replegar a los violentos, más bien se han robustecido las organizaciones criminales. Están bien apertrechados, cuentan hasta con camionetas blindadas y armamentos sofisticados. Instalan retenes en lugares estratégicos, patrullan en las rutas donde han impuesto el terror. Hacen operativos ostentosos para irrumpir en las comunidades. Viven para matar, para incinerar cuerpos, para desmembrar y decapitar a cualquier sospechoso, y, sobre todo, a quienes identifican como sus enemigos. Ante la siembra del odio y la criminalidad galopante ¿con qué autoridad los gobernantes descalifican y criminalizan a las autoridades a las comunidades, que han tenido que tomar medidas extremas, como el nombramiento de algunos niños para apoyar a la policía comunitaria en las tareas de seguridad? ¿Qué alternativas ofrecen las autoridades, para proteger de manera efectiva la vida y la seguridad de las comunidades indígenas que padecen cotidianamente el asedio de la delincuencia organizada? ¿De qué han servido las reuniones de seguridad, que tienen tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales para identificar los focos rojos de la violencia y contener la avalancha delincuencial? No solo es Alcozacán que ha saltado ante la opinión pública para hacer denunciar esta cruda realidad, sino que el mapa delictivo se ha enmarañado con el poder político y se ha empotrado en sus estructuras, para empuñar sus armas y seguir sembrando cuerpos en los territorios comunitarios, para marchitar los sueños de justicia de hombres y mujeres que históricamente han resistido para hacer frente a las guerras de exterminio.

Abel Barrera

Antropólogo mexicano y defensor de los derechos humanos. En 1994 fundó el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan en Guerrero, México. Ha recibido diversos premios por su trabajo en la defensa y promoción de los derechos humanos, de Amnistía Internacional Alemania en 2011, y el premio de derechos humanos 2010 del Centro por la Justicia y los Derechos Humanos Robert F. Kennedy, entre otros

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