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La pandemia nos enseñó que no hay nada más valioso que la vida. Para muchas mujeres preservar su integridad y la de sus familias pasa por abandonar el país en el que nacieron o en el que viven, a las personas y lugares que aman, y sus redes de apoyo. En el derecho internacional humanitario se le conoce como principio de protección internacional, derecho a solicitar asilo y gozar de la protección de otro país bajo la figura de persona refugiada. En el 2000, México suscribió y ratificó la Convención sobre el Estatuto de las Personas Refugiadas de 1951, y en 2011 promulgó la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, en la que amplía el espectro de salvaguarda añadiendo el motivo de género para recibir protección, reconociendo también la figura de la protección complementaria que garantiza residencia permanente en el país. En 2011, el principio de protección internacional se elevó a rango constitucional.

En 2006 el Estado mexicano publicó la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y en 2007 la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, además ratificó a inicios de los 80 la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem Do Pará) y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). En las últimas recomendaciones al Estado mexicano del Comité de la CEDAW, de julio de 2018, estableció un capítulo específico para la protección de las mujeres migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, llamando al Estado a proteger y garantizar los derechos de esta población.

Aunque el marco jurídico nacional es robusto para proteger la vida de las mujeres, mexicanas, migrantes o refugiadas, resulta incomprensible que como país no pudimos garantizar la vida de una mujer refugiada. El 27 de marzo de 2021, Victoria, una mujer salvadoreña, fue asesinada por el sometimiento de elementos de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito de Tulum, Quintana Roo -hechos que continúan en un proceso judicial y de acceso a la justicia y reparación del daño para la familia de Victoria en El Salvador y México.

Victoria era madre de dos adolescentes, fue reconocida como refugiada por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados desde 2018 y sus hijas contaban con documentación migratoria. Victoria salió de El Salvador con sus hijas para salvar su vida, aunque ese país ha tomado medidas para mejorar la condición y la seguridad de las mujeres por medio del derecho internacional y de su Código Penal, no ha sido suficiente. Las mujeres salvadoreñas se enfrentan a niveles extremos de violencia de género, perpetrada sobre todo por los integrantes de las pandillas, y Victoria no era ajena a esas agresiones.

Miles fuimos testigos de cómo el abuso de autoridad y exceso de la fuerza de las policías municipales de Tulum terminaron con la vida de Victoria, nadie nos lo contó ni lo suponemos, las imágenes y videos circularon y eran claros. Tras el feminicidio de Victoria, el caso trascendió al más alto nivel de ambos Estados, el presidente de El Salvador y el de México enviaron representantes a los juzgados de Tulum y se comprometieron a brindar justicia a la familia de Victoria.

Desde el inició del proceso, las organizaciones Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL), Fundación para la Justicia (FJEDD), el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI) y Asylum Access México han acompañado el caso, no obstante, a un año de su asesinato el proceso avanza lento, con impactos psicoemocionales para la madre e hijas de Victoria. Si la muerte no es un proceso sencillo de asimilar, sumarle un procedimiento jurídico trasnacional ha sido tortuoso, doloroso y cansado. Es visible el poco interés de las autoridades por brindar justicia a Victoria en nombre de las miles de mujeres que han muerto en nuestro país por violencia institucional y que no han visto llegar la justicia.

Al proceso judicial también se suma el pendiente del cumplimiento de la Recomendación 34/2021 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el 24 de agosto de 2021. Aunque la Recomendación no contempla la opinión de la familia de Victoria, no tiene una perspectiva de género ni transnacionalidad, después de siete meses de emitida no se observa el mínimo esfuerzo de las autoridades por cumplirla.

Si bien, las intenciones de las autoridades, en un principio, eran garantizar una investigación exhaustiva y brindar medidas de reparación del daño, a un año del asesinato de Victoria todo ha quedado en eso, buenas intenciones. Ni la Secretaría de Gobernación, ni la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, ni las autoridades estatales ni municipales de Tulum, Quintana Roo han dado la atención que merece el caso. El mensaje parece repetirse en este país, da igual que sea migrante, refugiada o solicitante de asilo, si eres mujer no pueden garantizarte el acceso a la justicia, y te invisibiliza más debido a tu estatus migratorio.

De acuerdo con el documento Análisis de la violencia de género: mujeres solicitantes de protección internacional en México, las mujeres solicitantes de protección internacional están expuestas a más violencia, huyen de ella, las recibe en el país de tránsito y de destino. Existe una transnacionalización de la violencia, no solo porque sus persecutores las alcanzan más allá de las fronteras, sino porque en los países de acogida viven también violencia, incluso esa de la que están escapando, sin que puedan acceder a denuncias, apoyo psicológico y acceso a la justicia, ni aquí ni allá. El 70% de las mujeres refugiadas atendidas por el IMUMI en 2020 fueron víctimas de algún tipo o modalidad de violencia; de ellas, 72% experimentó violencia física y 83% violencia psicológica.

Para 2021 de acuerdo con Andrés Ramírez, coordinador de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, hubo un aumento del 249% de mujeres solicitando asilo en México (53 mil 972), lo que equivale al 41% del total de solicitudes de asilo recibidas en ese año (130 mil 863).

Para las hijas y la madre de Victoria la justicia no ha llegado, ellas viven actualmente en su país de origen esperando que las carpetas de investigación se judicialicen, ya que se encuentran aún en etapa de investigación, la reparación integral sigue pendiente ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Quintana Roo, así como el cumplimiento de la Recomendación de la CNDH que permanece sin avances.

¿Cuánto tiempo más deberá esperar la familia de Victoria para acceder a la justicia? ¿Hasta cuándo seguiremos permitiendo el desdén del gobierno mexicano por la vida de las mujeres? ¿Cuánto tiempo más la discriminación y la xenofobia seguirán arrebatándoles la vida a las mujeres? ¿Por qué escapar de la violencia tiene que costarte la vida? ¿Por qué ser una mujer migrante, solicitante de asilo o refugiada te condena a vivir más violencia?, mientras tratamos de encontrar respuestas, seguiremos insistiendo que Victoria no murió, a Victoria la mataron.