Tres duras sentencias nos recuerdan que en Colombia pervive un Estado Genocida que reprime a la población cada vez que reclama sus derechos. Una macabra articulación entre criminalidad – empresa y Estado que se acentúa en las regiones del país.

No son pocas las sentencias en las que La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha condenado al Estado por su participación en la comisión de masacres, asesinatos, desplazamientos, desapariciones, entre otros delitos, así por ejemplo casos como el de la Masacre de Mapiripán vs. Colombia (sentencia del 15 de septiembre de 2005), caso de la Masacre de Pueblo Bello vVs. Colombia (sentencia del 31 de enero de 2006), caso de las Masacres de Ituango vs.. Colombia (sentencia del 1 de julio de 2006), Caso de la Masacre de la Rochela vs. Colombia (sentencia del 11 de mayo de 2007), entre otras.

“En nombre del Estado colombiano le pido a las víctimas perdón. El Estado colombiano reconoce que los muertos no eran enemigos de nadie. Era gente humilde y trabajadora, que los mataron porque sí, por designio del poder, y que en sus muertes, en La Granja y en El Aro, estuvo el Estado presente, fue cómplice del asesinato” (Petro, 2022). este es un fragmento de la alocución pública que hizo el presidente Gustavo Petro en ceremonia de reconocimiento público de responsabilidad pidiendo perdón a la sociedad y las víctimas, se realizó en Medellín en el Museo Casa de la Memoria el 30 de noviembre de 2022, un acto público que había ordenado la Corte IDH, y que los gobiernos anteriores se negaron a realizar. Un perdón que tardó 16 años, ya que la sentencia que condenó al estado fue emitida en el 2006. Vale resaltar que este reconocimiento se hizo por los hechos ocurridos en las masacres de La Granja (11 de junio de 1996) y El Aro (entre el 22 y el 30 de octubre de 1997) del municipio Ituango norte de Antioquia, allí donde hoy opera un gran proyecto hidroeléctrico.

Ahora bien, no se ha tratado solo del rol de las agencias de seguridad estatales en la comisión de estos crímenes, sino de todo un entramado que lo ha permitido y de fondo una razón que se vislumbra, la necesidad de reordenar territorios anclándolos a lógicas de producción y cadenas de producción para los requerimientos del mercado global, determinando de esta manera la destinación y uso de las tierras en todas las regiones del país regiones.

Es así como, de un amplio cúmulo de documentos, sentencias, informes se puede inferir y resaltar la existencia de un Estado victimario en tanto,

• No se trata de asuntos aislados. No es posible inferir que se trate del accionar de unos funcionarios corruptos, de unidades militares que actúan a motu proprio abusando de la autoridad que le confiere el Estado y la sociedad, por el contrario, se trata de un asunto estructural, que pervive aún hoy y cumple una tarea fundamental, mantener el poder hegemónico, sostener un estado de cosas injustas y alimentar una cultura proclive a este sistema reaccionario y violento.
• Esta realidad vincula a sectores empresariales, políticos y al Estado. Se trata de un entramado que articula alta criminalidad, sectores empresariales, sectores políticos y por supuesto al Estado. Todo un engranaje complejo que permite sostener en el tiempo y aún hoy, grupos familiares, clanes políticos, empresarios, carteles, personalidades ocupando espacios y cargos de especial poder, y claves, en la toma de decisiones de país (Rodríguez, A, 2022).
• La altísima impunidad es otra muestra que da cuenta de esa estructura estatal ajustada a la medida de las necesidades de dicho entramado criminal. Ni qué decir de las condiciones de desbordada injusticia social que aún perviven hoy, un pendiente histórico por tramitar de manera profunda; además del nulo avance de dichos procesos en el sistema judicial interno que termina siempre en impunidad o encubriendo a los verdaderos responsables.

Sostener este modelo de estado inequitativo e hiper-acumulador de poder y riqueza ha requerido de una constante aplicación de crueldad y violencia a la vez que, los privilegios de estas élites, el modelo económico derivado, ellos mismos lo han constituido en una gruesa línea roja que han logrado sostener como imposible de negociar o transformar.

La violencia en sus diversas modalidades ha sido y es la garantía de sus privilegios, planes y proyecciones, su garantía para no ser tocados, son el motor de un constante ciclo pendular entre las violencias múltiples y el anhelo frustrado de Paz Territorial, participativa y transformadora.

Según el libro Élites, poder y principios de dominación en Colombia (1991-2022): Orígenes, perfiles y recuento histórico, en Colombia 1281 personas pertenecen a la élite colombiana en las últimas tres décadas, lo que permite inferir que el 0.02% de la población ha dirigido el rumbo del Estado y la Economía, una evidencia de la violencia estructural del país.

¿Cómo se infiere y sostiene lo dicho?

Un cúmulo de procesos, sentencias, archivos de Justicia y Paz, informes entregados a la comisión de la verdad, el informe final de la Comisión, centros de documentación, lo corroboran.

Pero, para no extender este listado y sus elementos comunes, nos referiremos a tres recientes sentencias que van dando forma y sustento a la existencia de un tipo de Estado al servicio de una alianza macabra entre criminalidad-empresa y élites políticas, un contubernio hecho para garantizar privilegios, beneficios para pocos, perpetuando privilegios de clase, acudiendo al Genocidio Continuado como su más efectiva herramienta.

Recogeremos tres recientes sentencias, una de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos caso Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica Vs. Colombia (2023), dos, el Tribunal Popular de Siloé (Cali) emitida el 20 de febrero de 2023 y tres, el Tribunal Permanente de los Pueblos que en el año 2021 juzgó al Estado colombiano por genocidio político, impunidad y crímenes contra la paz sostenidos a lo largo de casi un siglo, interesándose en las raíces que propician su reproducción indefinida.

• Colombia es responsable por el exterminio del Partido Político Unión Patriótica.

En el caso Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica vs. Colombia del cual se hizo pública su sentencia el pasado 30 de enero del 2023, en dicho fallo la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que el Estado de Colombia es responsable por las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de más de seis mil víctimas integrantes y militantes del partido político Unión Patriótica (UP) hechos ocurridos por más de 20 años, a partir de 1984. (CIDH, 2023)

La Unión Patriótica (UP) es una organización política que nació el 28 de mayo de 1985, parte de los acuerdos de paz entre las FARC y el gobierno de Colombia para fortalecer los procesos de participación, vale recordar que este procesos de paz fue truncado en aquel entonces, sin embargo, el partido siguió existiendo pero como respuesta a su rápido ascenso en la política nacional y la fuerza alcanzada en algunas regiones como el Urabá antioqueño, surgió una alianza entre grupos paramilitares, con sectores de la política tradicional, de la fuerza pública y de los grupos empresariales, para contrarrestar este proceso político de la UP.

Desde ese entonces la violencia contra sus integrantes y procesos se profundizó dando tránsito a una clara aplicación de directrices encaminadas hacia el exterminio de dicho grupo político. “La Corte pudo comprobar que la violencia sistemática contra los integrantes y los militantes de la Unión Patriótica, la cual perduró por más de dos décadas y se extendió en la casi totalidad del territorio colombiano, se manifestó a través de actos de distinta naturaleza como desapariciones forzadas, masacres, ejecuciones extrajudiciales y asesinatos, amenazas, atentados, actos diversos de estigmatización, judicializaciones indebidas, torturas, desplazamientos forzados, entre otros”. (CIDH, 2023)

Este no es el único caso de exterminio en Colombia, pues se registraron acciones similares contra movimientos políticos como A Luchar (El Tiempo, 2020), movimiento cívico del Oriente Antioqueño, organizaciones sindicales (Tavera, 2018), organizaciones sociales y populares, cooperativas campesinas, organizaciones étnicas y un largo y desafortunado etcétera.

• El Estado colombiano responsable por delitos de lesa humanidad. Tribunal Popular de Siloé. (Cali)

Un importante equipo de Magistradas y Magistrados del Tribunal Popular en Siloé, luego de un amplio período en terreno que implicó ver, escuchar, contrastar, comprobar, analizar y comprender tanto los contextos en los que se presentaron las violaciones a los derechos humanos de la población de Siloé  (Tribunal Popular Siloé., 2023), en el marco de las movilizaciones derivadas del Paro Nacional 21 de noviembre y sostenidas en el tiempo, una serie de hechos trágicos y dolorosos en los que se agredió a un gran número de personas de forma directa, y con eso a la población, al lacerar la conciencia de la humanidad (Zibechi, y otros, 2021).

Este tribunal ético se realizó ante la abierta impunidad del Estado de Colombia para investigar, procesar y esclarecer la verdad de los violentos hechos ocurridos durante el paro del 2021, sucesos acaecidos en todo el país y en este caso concreto en el Barrio Siloé de Cali. Dicho tribunal Popular se realizó entre el 3 de mayo y el 22 de diciembre de 2022 (Sentencia Tribunal Popular Siloé., 2022)

Se resalta el carácter clasista y racista de la represión estatal de los hechos registrados entre el 28 de abril y el 12 de junio de ese año. El Estado y los grupos de civiles arremetieron con sevicia contra la población manifestante, contra personas empobrecidas que expresaban necesidad de cambios.

Es una prueba más, con amplio sustento como queda corroborado en la sentencia, de una “tragedia histórica agenciada por el Estado colombiano al no reconocer las exigencias sociales e irrespetar el derecho a la protesta social”, agrega la sentencia que lo que allí ocurrió fue un “Genocidio Continuado” (Sentencia Tribunal Popular Siloé., 2022).

• El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) condenó al Estado colombiano por crímenes desde 1946

El TPP es un tribunal de opinión independiente que analiza y condena situaciones de violaciones a los derechos humanos según el Derecho Internacional en el mundo, es considerado y su historia se remonta al Tribunal ‘Russell’ creado por los intelectuales Bertrand Russell y Jean-Paul Sartre en 1960.

te tribunal sesionó en Colombia en el año 2021, ya lo había hecho en dos oportunidades anteriores (Kavilando, 2021). Durante varios meses (2021) escuchó a las víctimas, recopiló pruebas, hizo visita en terreno, analizó la información y finalmente encontró suficientes pruebas para condenar a:

LOS SUCESIVOS GOBIERNOS DE COLOMBIA, DESDE 1946:	– Por su participación directa e indirecta, por acción y por omisión, en la comisión de un genocidio continuado dirigido a la destrucción parcial del grupo nacional colombiano, que se ha proyectado sobre cualquier intento de construcción de espacios políticos que cuestionaran el modelo político imperante de desigualdad social y sobre cualquier intento articulado de protesta y resistencia contra los efectos del mismo (…) – Por incumplimiento de sus obligaciones de prevención, investigación y sanción del genocidio… -Por haber adoptado doctrinas militares y estrategias de seguridad basadas en la existencia de un enemigo interno, que destruyen la distinción básica del Derecho internacional humanitario entre combatientes y población civil.. -Por haber facilitado la expulsión de millones de personas de sus tierras -Por haber promovido o permitido la afectación grave de los territorios y de los ecosistemas para la implantación de proyectos económicos diversos en conexión con el despojo… -Por el componente de racismo institucionalizado que denota la especial victimización de las comunidades indígenas y afrodescendiente -Por haber alentado y facilitado la actividad de los grupos paramilitares, incluso mediante la creación de un marco jurídico apropiado, desde el decreto legislativo 3398 de 1965… -Por crear un relato a través de los medios de comunicación basado en el desprestigio, la deslegitimación y la estigmatización de cualquier reivindicación social… -Por la utilización indebida del derecho penal para criminalizar a las personas y grupos que han ejercido el derecho de protesta y de defensa de los derechos humanos… -Por el incumplimiento de los compromisos adquiridos en todos los Acuerdos de Paz…
LOS SUCESIVOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS UNIDOS, DESDE 1946	por la exportación de la ideología criminal que avala la consideración de parte de la población como enemigo interno, el paramilitarismo, la represión de la oposición política y social y la tortura en América Latina; y como se ha detallado en uno de los apartados de esta sentencia, por su participación decisiva en el apoyo a los gobiernos de Colombia, en concreto, en los planos político, económico y militar, para la creación y el mantenimiento del marco general de violación de los derechos humanos y en la comisión del genocidio y los crímenes que se han relatado.
LAS EMPRESAS NACIONALES Y TRANSNACIONALES	que hayan participado en las graves violaciones de derechos humanos descritas en esta sentencia. En unos casos, mediante una participación directa y activa; en otros mediante una participación como instigadores, financiadores o cómplices; frecuentemente, beneficiándose económicamente de la existencia y de las características del conflicto armado en Colombia y de las violaciones de derechos que en ese marco se han producido, en especial de los desplazamientos forzados de población. Su incidencia es particularmente señalada en cuanto a las violaciones de los derechos laborales, y específicamente de la libertad sindical; del derecho a la vida y la dignidad y de la vida de los trabajadores y de sus comunidades; y de los derechos colectivos a la tierra, a los recursos naturales, al autogobierno y a la identidad cultural, a los derechos de participación y al desarrollo propio de los pueblos originarios y afrodescendientes.

Cuadro: elaboración propia con información de la Sentencia Condenatoria Tribunal Permanente de los Pueblos. (Tribunal Permanente de los Pueblos, 2021)

Conclusiones

En Colombia pervive aún hoy, en pleno gobierno progresista, un Estado Genocida que reprime a la población cada vez que reclama sus derechos en la calle.

Esa macabra articulación entre criminalidad – empresa y Estado se acentúa en las regiones del país.

El paramilitarismo como lógica y ejercicio de transformación de territorios para anclarlos a las dinámicas del mercado global a costa de la muerte y el dolor, sigue presente en los territorios.

Pervive en Colombia un régimen pro-élites un fenómeno legado de la colonia, empotrado en las dinámicas instituidas y hecho dinámica cultural al punto de hacer parte del paisaje cotidiano.

Un sistema donde campea la impunidad, el lenguaje racista, la discriminación y la criminalización de la pobreza es garantía de pervivencia de estrategias como la aplicación de un genocidio continuado como el que hasta el momento ha marcado la vida política del país.

Existe hoy un ejercicio cerrado de gran captura de la realidad, encapsulada en la matriz mediática del odio y la desinformación funcional.

Existe una ausencia total de ética, que cada vez más se ve tergiversada por las redes sociales que presentan el lucro como único fin de la humanidad sin importar la destrucción del mismo planeta tierra.

Se requiere articular procesos de investigación que permita un estudio profundo de los reales responsables de este régimen diluido pero eficaz de muerte, identificar verdaderos responsables, a la par un movimiento civil capaz de transitar de víctima a sujeto político comprometido con la transformación de su realidad y de su propio contexto.

Construir la Verdad sin temor a señalar lógicas, sectores, grupos empresariales globales y locales, clanes políticos y sus negocios, identificando responsables sin importar si hoy ocupan cargos de gran poder, construyendo memoria histórica activa, no una que se quede en el mero recuerdo pasado de algo indeseado que se debe olvidar, dando paso una memora activa que permita comprender el presente y proyectar sin temor, el futuro. Es este un gran reto que deviene de un duro ejercicio pedagógico formativo de darnos cuenta como sociedad, de un malestar profundo que padecemos, es esta creemos, la condición base de posibilidad para avanzar hacia la NO repetición.

Es de suma importancia contar hoy con un gobierno de corte progresista, que escuche y comprenda el sentir de los excluidos, perseguido y violentados de múltiples maneras, pero esto no es suficiente si no se acompaña del fortalecimiento de una suerte de arquitectura organizativa popular territorial capaz de tomar decisiones y poner condiciones en los lugares donde habitan, así mismo con amplia capacidad de movilización y de construir agenda común con los múltiples procesos organizativos regionales urbano y rurales en Colombia.

Recomendamos ve:

• Tribunal permanente de los Pueblos en Colombia (2021) https://youtu.be/ocD2vP_Lb0o
• Tribunal Popular en Siloé (Cali) https://youtu.be/NuqS-Tufnsg
• Sentencia Tribunal Popular Siloé (Cali) https://youtu.be/8SfkItsBfl0

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* Docente Investigador Universidad de San Buenaventura Medellín, Integrante de la Red Interuniversitaria por la Paz, Integrante Grupo Kavilando. Contacto: Alfonso.insuasty@gmail.com

** Abogado, Especialista y Magíster en Derecho Procesal Penal, Defensor Público e Investigador del Grupo Kavilando. Contacto: yaniw6@gmail.com

Referencias:



CIDH. (30 de enero de 2023). Colombia es responsable por el exterminio del Partido Político Unión Patriótica. CIDH. Obtenido de Kavilando: https://kavilando.org/lineas-kavilando/conflicto-social-y-paz/9427-colombia-es-responsable-por-el-exterminio-del-partido-politico-union-patriotica-cidh

El Tiempo. (3 de septiembre de 2020). Las memorias de otro exterminio político, el del movimiento ¡A Luchar! Obtenido de El Tiempo: https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/movimiento-a-luchar-presenta-informe-a-la-comision-de-la-verdad-535807

Kavilando. (26 de enero de 2021). Tribunal Permanente de los Pueblos historia y sus fallos en Colombia. Obtenido de Kavilando: https://kavilando.org/lineas-kavilando/formacion-genero-y-luchas-populares/8265-tribunal-permanente-de-los-pueblos-historia-y-sus-fallos-en-colombia

Petro, G. (3 de diciembre de 2022). Presidente Gustavo Petro en el acto de reconocimiento responsabilidad del Estado y pedido de perdón. Obtenido de Presidencia de la República: https://www.youtube.com/watch?v=d6FFXwEUyLA

Rodríguez, A. (2022). Genocidio ayer y hoy en Colombia. Revista Kavilando, 13(1), 1-9. Recuperado a partir de https://kavilando.org/revista/index.php/kavilando/article/view/417

Sentencia Tribunal Popular Siloé. (16 de junio de 2022). Tribunal Popular en Siloé. Colombia. Por Verdad y Justicia. Obtenido de Kavilando: https://kavilando.org/lineas-kavilando/formacion-genero-y-luchas-populares/9137-tribunal-popular-en-siloe-colombia-por-verdad-y-justicia

Tavera, E. (12 de mayo de 2018). El Movimiento Cívico del Oriente Antioqueño fue reconocido como víctima colectiva. Obtenido de Hacemos Memoria: https://hacemosmemoria.org/2018/05/12/el-movimiento-civico-del-oriente-antioqueno-fue-reconocido-como-victima-colectiva/

Tribunal Permanente de los Pueblos. (17 de junio de 2021). Sentencia. Genocidio político, impunidad y los crimenes contra la paz en Colombia (2020-2021). Obtenido de Tribunal Permanente de los Pueblos: http://permanentpeoplestribunal.org/48-sesion-sobre-el-genocidio-politico-impunidad-y-los-crimenes-contra-la-paz-en-colombia-2020-2021-2/?lang=es

Tribunal Popular Siloé. (23 de febrero de 2023). El Estado colombiano responsable por delitos de lesa humanidad. Tribunal Popular de Siloé. (Cali). Obtenido de Kavilando: https://kavilando.org/lineas-kavilando/formacion-genero-y-luchas-populares/9454-el-estado-colombiano-responsable-por-delitos-de-lesa-humanidad-tribunal-popular-de-siloe-cali

Zibechi, R., Vallejo Duque, Y., Insuasty Rodriguez, A., Felipe, M., Villa Holguin, E., & Montoya, J. (2021). Colombia: Entre la rebeldía y la esperanza. Reflexiones en torno a la Movilización Social 28 abril de 2021. Medellín: Kavilando.