En unos días se conmemora el Día Internacional de las Mujeres y, como cada año, cientos de miles de mujeres saldrán a manifestarse ante las violencias que cada día cobran la vida de 11 mujeres en México, sin que exista una respuesta coordinada y expedita por parte de las autoridades y la sociedad. Aunque México cuenta con una robusta legislación nacional e internacional para garantizar una vida libre de violencia a las mujeres, la implementación dista mucho de ser efectiva.

Desde el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI) saldremos por todas las mujeres migrantes, solicitantes de protección internacional y reconocidas como refugiadas que se encuentran aquí y a quienes tampoco se les garantiza una vida libre de violencia. Aunque hay un marco jurídico nacional que las protege y garantiza el goce de sus derechos, incluida su integración social, no es una realidad. Cada mujer que llega a nuestra oficina en busca de orientación o acompañamiento jurídico y psicosocial ha vivido el rechazo, la discriminación y la violencia en sus múltiples dimensiones, que impiden su acceso a la justicia.

Es común hablar de las mujeres migrantes como cifras, datos numéricos que las desdibujan, perdiendo la posibilidad de reconocerlas y reconocernos en sus historias. Miles de mujeres salen cada día de sus países por situaciones relacionadas con la violencia de género, la desigualdad y la discriminación, solo para enfrentarse a un gobierno, a un sistema burocrático y a un crimen organizado que las condena a revivir la violencia de la que escapan, o sumar nuevas formas de violencia como la institucional. Por lo que es importante reconocer que detrás de cada cifra hay historias de vida y experiencias que no pueden perderse en los números y la retórica de los gobiernos. Cuando leemos sobre el número de mujeres migrantes en México, ¿cuántas veces nos hemos preguntado sobre las estrategias que desarrollan para iniciar un proceso de integración en un lugar que apenas están reconociendo; cuál es la respuesta de las autoridades y de la sociedad para incorporarlas a la vida cotidiana del país; cuál ha sido su experiencia migratoria a través de territorios desconocidos y hostiles y violencias reiteradas que han marcado su vida; y cómo podríamos ayudarles a integrarse a un país que apenas las nombra y que utiliza toda su maquinaría institucional para mostrarles que no son bienvenidas?

A los gobiernos se les olvida que las mujeres migrantes contribuyen al desarrollo de sus países, que integrarlas es fortalecer a las sociedades y enriquecer su cultura. Las mujeres siempre han estado presentes en la migración en tránsito, tres de cada 10 personas en los eventos de detención migratoria en México son mujeres, y cuatro de cada 10 son solicitantes de asilo, mientras que seis de cada 10 personas extranjeras viviendo en el país son mujeres de acuerdo al censo de población. Para algunas migrantes vivir en México –ya sea como refugiadas o inmigrantes– significa una oportunidad de reconstruir su vida y seguir sus sueños, sin embargo, siguen existiendo políticas para obstaculizar su integración aun cuando la sociedad mexicana es empática hacía las necesidades de las mujeres migrantes.

Por ejemplo, aunque desde 2011 existe en la Ciudad de México la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana, el acceso al empleo sigue siendo limitado para las mujeres y sus familias. En 2017 se modificó la Ley General de Educación estableciendo que, entre otras cosas, toda niña o niño podrá acceder a la educación sin importar la documentación que tenga, su nacionalidad o situación migratoria. No obstante, hoy seguimos acompañando casos de mujeres que no pueden inscribir a sus hijas e hijos a la escuela porque las autoridades escolares les solicitan un acta de nacimiento mexicana o una CURP. En el caso del acceso a la salud, las migrantes siguen teniendo barreras para acceder a atención médica general, y servicios de salud reproductiva en particular, pese a que la Ley de Migración garantiza la atención médica sin importar el estatus migratorio. Hemos acompañado casos donde las autoridades sanitarias no quieren atender el parto de una mujer migrante, las amenazan con entregarlas al Instituto Nacional de Migración o sufren violencia obstétrica. Mientras que acceder a una vivienda o a una cuenta bancaria se vuelve complejo porque no se reconocen los documentos migratorios como válidos o simplemente los prejuicios contra las migrantes ganan.

Desde el IMUMI trabajamos, entre otras cosas, para que en cada acercamiento con autoridades podamos sensibilizarlos sobre los retos que enfrentan las mujeres migrantes y sus familias en su integración. Aunque estos esfuerzos rinden frutos, se debe reconocer que se requiere mayor voluntad política, programas y políticas públicas que no estén amarradas a un documento migratorio o a una nacionalidad.

Es por ello que este próximo 8 de marzo volveremos a ser una voz, donde las mujeres en nuestro país -migrantes o no- se sientan representadas y escuchadas, a sumar esfuerzos con otras mujeres que como tu y como yo, buscan una vida libre de violencia y condiciones que les permitan acceder a una mejor calidad de vida basada en el respeto y la diversidad; y el 9 de marzo pararemos por cada mujer migrante que ha perdido la vida en su camino de búsqueda de una vida libre de violencia para ella y su familia y no ha obtenido justicia.

*Trabajadora social, Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI)