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Hace dos años escribíamos nuestro primer texto sobre la participación de la Guardia Nacional (GN) en actividades de control y verificación migratoria. El gobierno federal había desplegado alrededor de 6 mil elementos de ese nuevo cuerpo de seguridad a la frontera sur y norte para detener a las personas migrantes en colaboración con el Instituto Nacional de Migración (INM). En ese momento pensábamos que uno de los múltiples amparos presentados en contra de la recién promulgada Ley de la Guardia Nacional tendría algún impacto judicial, ya que claramente la participación de cuerpos militares en temas administrativos, como la migración, es inconstitucional y ha sido condenado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONUDH) en múltiples ocasiones desde que se formó la GN en junio de 2019. Hace unos días, Guillermo Fernández Maldonado, representante de la ONUDH en México volvió a cuestionar al gobierno mexicano: “Todavía prevalece un enfoque que privilegia el despliegue de fuerzas armadas y otros cuerpos policiales en tareas de control migratorio, este tipo de respuestas no contribuye a los esfuerzos para garantizar una migración segura”.

Desde el despliegue de la GN en labores de control y verificación migratoria, hace dos años, nos preocupaba el impacto que llegaría a tener en las personas migrantes. De la noche a la mañana 27 mil efectivos de la GN se convertirían en “agentes migratorios” con facultades para revisar documentos, detener a la población migrante, y resguardar las estaciones migratorias, todo ello sin entender y conocer los procedimientos del INM, los diferentes tipos de documentos migratorios, el derecho a solicitar asilo y apoyo humanitario en las fronteras o directamente con las autoridades mexicanas. El gobierno mexicano había creado la receta perfecta para un circo de ilegalidad –detenciones arbitrarias, extorsiones, abusos y violaciones al acceso a la protección internacional en el país. Ante la mayor presencia de autoridades en las rutas migratorias, las personas tratan de ser invisibles y acaban sofocadas en camiones, bajo las ruedas de los trenes o en las manos del crimen organizado.

Lo que intuimos iba a suceder, está pasando –basta con leer los titulares de las noticias: “Guardia Nacional detiene a camión con 130 migrantes en Chiapas”, “Guardia Nacional Mexicana captura a cerca de 95 migrantes”, “Creada para combatir el crimen, nueva Guardia Nacional ahora detiene a migrantes”– confirmando que la población migrante está buscando rutas alternativas para evitar los retenes migratorios, y como habíamos predicho, están pagando más a los traficantes, que a su vez no podrían funcionar sin la colusión con las autoridades, quienes ahora tienen 27 mil elementos más a su disposición para corromper.

No lo decimos nosotras, hay investigaciones sobre la participación de algunos elementos de la GN en delitos contra personas migrantes, como el secuestro (“detienen a dos elementos de la Guardia Nacional por secuestro en Etla, Oaxaca”), y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha emitido recomendaciones por la violación a la seguridad jurídica, a la integridad personal y al interés superior de la niñez de la población migrante (50/2020). De acuerdo con la CNDH, en dos años suman 424 quejas contra la GN por actos contra los derechos humanos, aunque no son solamente en contra de personas migrantes si son el pulso de lo que sucede. Es importante recordar que la mayoría de las personas migrantes no presentan quejas y en consecuencia el número puede ser mayor.

Más allá de la colusión en delitos y las violaciones de derechos humanos documentados en dos años, es preocupante que la GN tenga facultades para detener a personas migrantes dentro del territorio mexicano porque sabemos que es imposible determinar quién es una persona migrante y quién no a simple vista. Estas facultades únicamente abren la puerta para la discriminación por razones de idioma, etnia, raza, pobreza, y a su vez a la extorsión. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas, en su revisión al Estado mexicano de 2019, señaló que le preocupa “el efecto negativo que puede tener la labor de la Guardia Nacional en el control migratorio” por posibles actos de discriminación y uso excesivo de la fuerza en contra de la población migrante, por lo que recomendó “evaluar los efectos que tiene el despliegue de la Guardia Nacional para el control migratorio con miras a su retiro del control migratorio(…)”.

El tema de la discriminación contra la población migrante y mexicana en acciones de control migratorio dentro de México nos ha ocupado, desde el 2012, en el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) porque sabíamos que las mujeres migrantes tienden a viajar más por carretera y que las revisiones en puntos móviles les afectan en su tránsito por México. Las mujeres que apoyábamos nos contaban como los agentes migratorios se subían a los autobuses y bajaban a las personas con base en su forma de vestir, su acento y su etnia. También bajaban a personas indígenas mexicanas porque “parecían guatemaltecas”. Jornaleras y jornaleros agrícolas mexicanos tenían que mostrar documentos de identidad y pagaban extorsiones para transitar en su propio país. Por ser un tema particularmente indignante que afecta a poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, llevamos 6 años litigando la constitucionalidad de las revisiones migratorias del INM en carretera con algunos logros, como la reparación del daño para algunas víctimas de detenciones arbitrarias, y en noviembre de 2019 el INM dio una disculpa pública a las comunidades indígenas en México por las violaciones cometidas por sus agentes migratorios en 2015, pero ¿cómo van a garantizar la no repetición en el contexto actual en el cual el país está repleto de retenes y las detenciones arbitrarias ahora se efectúan por más de 25 mil autoridades adicionales a las migratorias?

También han sido dos años, junto con la clínica jurídica del Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, litigando contra el artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional. Actualmente se encuentra ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación esperando resolución junto a múltiples acciones semejantes que no han sido resueltas.

La Guardia Nacional debería de estar enfocada en proveer seguridad a todas las personas en México, no gastando sus recursos en una cacería de las personas más vulnerables –indígenas, migrantes, y aquellas sin documentos migratorios o de identidad. Según algunas encuestas, la GN cuenta con el 75% de aprobación de la población mexicana que reconoce la necesidad de prevenir delitos, pero la migración irregular no es un delito y sería mucho más eficaz prevenir el tráfico de personas con facilidades para la documentación migratoria, que ha sido comprobado, como una forma de disminuir la vulnerabilidad de las personas en movilidad, además de ser un compromiso de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esperamos no seguir contando años y daños por el despliegue de la GN en acciones migratorias.

*Directora, Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI)