Durante los últimos tres meses, desde el IMUMI, participamos en un proceso llamado “excepción” a una política implementada por la administración de Donald Trump en la frontera entre México y Estados Unidos, que impide el acceso a protección para personas solicitando asilo, a pesar de estar garantizado en la ley estadounidense. Para entender cómo llegamos a este punto, hay que revisar el contexto.

En marzo de 2020, tras la declaración de pandemia, el gobierno de Estados Unidos implementó una medida de salud pública llamada Título 42, con el objetivo de disminuir la propagación de la COVID-19. En la práctica, se ha usado para cerrar la frontera a la población con necesidades de protección internacional proveniente de centroamericana, principalmente de Guatemala, El Salvador y Honduras, que huye de situaciones de violencia, pobreza, y los diferentes impactos del cambio climático (sequías, huracanes, etc.). La medida ha tenido un impacto también en la población mexicana, ya que el proceso de expulsión no requiere de ningún debido proceso y las personas son básicamente echadas al otro lado de la frontera en un par de horas.

En enero de 2021, cuando el presidente Joe Biden tomó posesión, sus primeras declaraciones y órdenes ejecutivas demostraron su interés por eliminar las más de 900 políticas implementadas por su predecesor -incluyendo el inhumano programa “Quédate en México” o MPP-, fortaleciendo su sistema de asilo y los procesos de recepción en la frontera, mejorando los procedimientos de protección, contribuyendo al desarrollo, a la mitigación del impacto del cambio climático y al fortalecimiento de instituciones en Guatemala, Honduras y El Salvador. Para avanzar con las propuestas legislativas y las nuevas políticas, se necesitaría tiempo y una frontera relativamente tranquila como lo había sido en 2020. No lo hubo.

El ala republicana estadounidense comenzó con campañas contra la administración Biden, inventando cifras y crisis donde no existían y presentando nuevos litigios en los circuitos conservadores en contra de las acciones ejecutivas del presidente. Mientras que muchas personas que habían sobrellevado la pandemia –con escasez de comida, toques de queda y fronteras cerradas– emprendieron el viaje hacía la frontera de Estados Unidos después de la toma de posesión de Biden -aun si la frontera permanecía cerrada-, topándose con una patrulla fronteriza que está expulsando a México a todas las personas, mexicanas y centroamericanas, bajo Título 42, con el discurso de la salud pública y de no poder detener a tantas personas para procesarlas debido a la amenaza de la COVID-19. No obstante, millones de personas están viajando en avión entre México y Estados Unidos.

Ante esta situación el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) decidió abrir un “proceso de excepción al Título 42” para ciertas personas en situaciones de vulnerabilidad que estarían en peligro en México. Asignaron a dos organizaciones para coordinar y a través de estas, representantes jurídicos de personas migrantes y solicitantes de asilo aplicarían, ante la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP), procedimientos para que las personas entraran a un proceso legal dentro de Estados Unidos. Al mismo tiempo se abrió otro proceso de “excepción al Título 42” a través de un litigio federal en contra de su legalidad. Estas fueron ventanas legales disponibles para acceder a las garantías de protección durante un periodo de excepción. El último se cierra el próximo martes 31 de agosto.

El IMUMI participó en ambos procesos -que vivimos con mucha emoción, angustia y frustración al mismo tiempo. Cada vez que alguna mujer con sus hijas e hijos pasaban al otro lado o nos mandaban una fotografía con sus familiares en alguna ciudad estadounidenses, aplaudíamos. Durante nuestra participación pudimos priorizar a mujeres en situaciones de violencia extrema en México (incluidas algunas mexicanas) que tendrían posibilidades de ganar sus casos de asilo en Estados Unidos, o que por lo menos estarían libres de amenazas y golpes. Tuvimos micro visiones, pequeñas luces en el camino, de lo que debería ser la normalidad –personas con temor de persecución solicitando asilo en Estados Unidos y entrando a ese país para llevar sus casos. Tantas mentiras y tantas trabas durante más de cuatro años nos habían hecho olvidar un proceso que tiene que ser rutinario.

Pero esta “excepción”, este oasis en medio de la desolación era un espejismo. Mientras nosotras lográbamos apoyar a 3 o 4 mujeres por semana, la administración de Biden estaba en reuniones a puertas cerradas con el gobierno mexicano para inventar más medidas de contención –cómo detener a más personas en el sur de México, cómo evitar los reintentos de cruce de quienes habían sido expulsadas, cómo distanciar a las personas de sus redes de apoyo, cansarlas y ponerlas en lugares peligrosos y desconocidos.

Mientras se admitían más de 16 mil personas a través de los procesos oficiales de “excepción” para personas en condiciones de vulnerabilidad, y trabajábamos día y noche para entrevistar a personas, llenar formatos, ofrecer apoyos emocionales y legales, recaudar fondos para pagar tramites, comprar boletos de autobús y avión, viáticos y hoteles –para que una familia que tiene el derecho a solicitar asilo lo pudiera hacer-, los dos gobiernos (mexicano y estadounidense) usaban nuestros impuestos para impedir que cientos de miles de personas tuvieran la misma oportunidad de acceder a su derecho, que existe en ambos países, e incrementando vuelos laterales y al sur de México de donde bajan a las personas del avión, las suben a autobuses y las expulsan a Guatemala. Convirtiendo un derecho humano, el derecho a solicitar asilo, en una lotería.

Twitter. @IMUMIDF