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Las últimas estadísticas de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación señalan que, durante enero y febrero de 2022 se registraron un total de 46 mil 688 eventos de detención migratoria en el país, de los cuales 6 mil 369 son de niñas, niños y adolescentes, en su mayoría acompañados. Estas cifras se contraponen con lo que establecen las reformas a la Ley de Migración que entraron en vigor en enero de 2021 en las que se establece la no detención migratoria de niñez y adolescencia y sus familias. A más de un año de esta victoria legal paradigmática en México, observamos que las niñas, niños y adolescentes migrantes están enfrentando nuevos y graves desafíos que nos confirman que los cambios en materia de derechos humanos llevan implícitos procesos intermedios, pues no es suficiente una reforma de ley, hacen falta cambios en las prácticas institucionales y del funcionariado, así como en los valores de las instituciones y de la sociedad.

Entre los desafíos que enfrenta la niñez y la adolescencia migrante están la separación familiar, ya que se registran casos donde las autoridades dejan a niñas, niños y adolescentes en albergues en México mientras sus familiares son deportados a sus países de origen con el argumento de estar protegiendo el Interés Superior de la Niñez; la habilitación de nuevos espacios, por parte del Instituto Nacional de Migración (INM), que no cuentan con condiciones básicas y servicios especializados para atender a niñas, niños y adolescentes; y la detención migratoria sin información, orientación legal ni representación de las autoridades de las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en situación de migración.

Además de prevalecer una perspectiva de control migratorio basado en la seguridad nacional por encima del Interés Superior de la Niñez. En esta administración, el gobierno mexicano ha incumplido su promesa de respeto a los derechos humanos facilitando la externalización de la frontera estadounidense con la implementación de políticas como el Protocolo “Quédate en México” o la política de Título 42 que han implicado someter a niñez, adolescencia y familias a ser víctimas de diversos actos violentos sin que haya acceso a la justicia.

Mientras las instituciones encargadas de la protección a la niñez y a la adolescencia muestran una debilidad política, técnica y presupuestal, lo cual hace que lejos de estar avanzando en el respeto y protección de los derechos, las acciones e inacciones del gobierno están complejizando las vulnerabilidades a las que se expone a la niñez y la adolescencia migrante en nuestro país.

Desde la sociedad civil hemos insistido en la necesidad de que las instituciones responsables de la protección especial de niñas, niños y adolescentes de los tres órdenes de gobierno -federal, estatales y municipales- asuman su autoridad en la evaluación y determinación del Interés Superior de la Niñez, y que sus determinaciones estén por encima de la política migratoria y las actuaciones del INM. Además, es fundamental que el Sistema de Protección para Niñas, Niños y Adolescentes en México sea reconocido y sus políticas públicas tengan un peso real frente a la política de control y contención de fronteras, y la deportación expedita de las personas migrantes.

Aunado al fortalecimiento técnico y presupuestal de las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para que cuenten con personal especializado, espacios y materiales adecuados para realizar su labor. A nivel de valores, es fundamental continuar fortaleciendo el cambio de un paradigma asistencialista y tutelar hacia uno de protección de derechos, con el fin de que la mirada en las políticas públicas y las acciones de gobierno lleven al ejercicio de derechos tales como la participación de niñas, niños y adolescentes en sus procedimientos administrativos y no como objetos de decisiones patriarcales y adultocentristas. Asimismo, es importante que la mirada de Estado transite a mirar a las niñas, niños y adolescentes como una oportunidad para construir una sociedad multicultural y no como una carga en el presupuesto público.

Bajo ninguna circunstancia podemos seguir solapando la detención de la niñez y la adolescencia migrante en México, no solo porque la legislación así lo establece sino porque antes de ser migrantes son niñas y niños.

*Coordinadora de Infancia Migrante, Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI)