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La defensa de los territorios ante el nuevo gobierno

Silvia Ribeiro

México es un país atravesado por las luchas de los pueblos indios, las comunidades indígenas y agrarias y sus organizaciones, para defender sus derechos, tierras, bosques, agua, territorios. Hay cientos de conflictos en todo México contra trasnacionales mineras, represas hidráulicas, autopistas, gasoductos, termoeléctricas, parques eólicos y fotovoltaicos, megagranjas de cerdos, basureros, plantas contaminantes y otros megaproyectos. Todo ello con un saldo muy alto de violencia y muerte contra los que resisten, por parte de las empresas, a menudo asociadas con narcotraficantes, junto a la represión por parte de todos los niveles de gobierno.

Desde el 1 de diciembre 2018, fecha en que asumió el gobierno Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su administración, habiendo sido votado con un récord sin precedentes de votos populares –muchos de ellos de esas mismas comunidades y organizaciones–, los conflictos y las luchas siguen igual. Pero ahora, los que llevan resistiendo años o décadas contra el saqueo de los territorios, son llamados “ultraizquierdistas” y “conservadores” por el propio presidente y algunos de sus funcionarios, y muchos de los que desde las ciudades apoyaban sus luchas y que votaron por Morena, el partido de gobierno, ahora afirman que esas comunidades están exagerando, que más bien deberían ser pacientes y esperar el cambio. Un cambio que desde el poder ni siquiera está propuesto.

Todo esto es parte de lo que surgió de los testimonios e intercambios del encuentro La defensa de los territorios ante el nuevo gobierno convocado por el Centro para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam) y otras organizaciones a principios de mayo. Contó con la participación de 60 comunidades, de 20 pueblos originarios —maya, chuj, yaqui, zapoteco, ñuu savi, tseltal, ch’ol, mam, rarámuri, ikoot, ikojt, ñahñu, ñuhú, nahua, chatino, ayuuk, totonaco, lacandón, me`phaa, zoque— de 24 estados del país “para analizar la situación en que se encuentran nuestras luchas por defender nuestros territorios ante el cambio de gobierno.”

Las y los representantes de comunidades y ejidos compartieron la situación en que viven, las amenazas, las formas de organización para defenderse y en todos los casos, la firme decisión de continuar con la defensa del agua, los territorios, las asambleas. A todos preocupa también la imposición de los nuevos megaproyectos de este gobierno (Tren Maya, Corredor Multimodal Transitsmítco, Proyecto Integral Morelos) , todos sobre territorios indígenas. Preocupan los impactos ambientales y sociales de estos proyectos así como la falta de consultas, a las que tienen derecho como pueblos indígenas y las consultas falseadas.

En el pronunciamiento del encuentro, señalan “Las consultas indígenas que ha llevado a cabo el gobierno mexicano con el fin de aprobar sus proyectos, son consultas en las que los pueblos originarios directamente afectados no pueden ejercer su derecho a la libre determinación. La consulta indígena debe ser: previa, libre, informada, de buena fe, culturalmente apropiada y vinculante. Así lo señaló la relatora de la ONU para pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz en su Nota Técnica del 5 de marzo de 2019 donde subrayó al gobierno de México que sus “procesos de consulta ciudadana diseñados para la población nacional en general no garantizan las salvaguardas de los derechos de los pueblos indígenas consagradas en los estándares internacionales de derechos de los pueblos indígenas. Falta claridad sobre cómo las consultas previstas tendrán en cuenta las obligaciones del Estado mexicano de implementar procesos específicos de consulta previa con los pueblos indígenas potencialmente afectados con el fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado”.

Es recurrente el tema de la violencia directa que sufrían de antes y siguen sufriendo, la nueva militarización con la Guardia Nacional creada por este gobierno y las nuevas formas de violencia contra las formas de organización comunitaria.

Luis Hernández Navarro, uno de los ponentes invitados, planteó un escenario general de los planes del nuevo gobierno, cuyos puntos principales retomo por ser muy útiles para entender el contexto. Aunque la “Cuarta Transformación”, como la llama el gobierno, no está plasmada por escrito, AMLO ha dejado claro en diversas ocasiones los objetivos principales de su plan de gobierno.

El primero objetivo, repetido constantemente, es acabar con la corrupción. Un tema sin duda fundamental, pero no obstante, hasta ahora ninguno de los grandes actores legales o ilegales que la sostienen está en proceso. AMLO afirma que “gobierna para todos”, la lucha de clases por tanto no existe ni es necesaria, porque solamente se trata de corrupción. En su visión, mientras los capitalistas no sean corruptos, lo demás está bien.

El segundo objetivo, es “separar el interés económico del poder político”, y la muestra es la cancelación del nuevo aeropuerto de la ciudad de México, ecuación en la que no cuenta que tuvo que pagar cuantiosas sumas de dinero a los grandes inversores del aeropuerto. Lo plantea como si esto realmente fuera posible, como si el aparato del Estado no hubiera sido desde su origen creado para defender los intereses de los poderosos y domesticar la insurgencia de los oprimidos y explotados.

El tercero es fortalecer lo que considera es la soberanía energética. Para AMLO se trata de invertir y desarrollar la industria petrolera, de fortalecer a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a toda costa, con enormes sumas de recursos públicos, pero sin tocar para nada las reformas a las Constitución que privatizaron el petróleo en el sexenio anterior, ni las altamente nocivas leyes secundarias energéticas, que implican una serie de atropellos a los territorios y derechos de comunidades y ejidos. No se plantea para nada desarrollar energías alternativas ni cuál sería un modelo diferente de desarrollo social y ecológicamente justo, a partir de la diversidad de pueblos y culturas que existen en el país.

El cuarto es promover una cierta redistribución de la riqueza a través de programas asistenciales, y en menor grado, productivos. AMLO hace tabla rasa afirmando­­­ que todas las ONGs, organizaciones campesinas, sociales y comunitarias, son parásitas y/o corruptas. Si bien esto existe, eliminar a todas las organizaciones, por ejemplo las regionales campesinas, es también muy conveniente para que no se opongan a sus proyectos. La instalación de una planta cafetalera de Nestlé en Veracruz, festejada por el gobierno, ha sido duramente criticada por las organizaciones campesinas cafetaleras, que se han manifestado al respecto. Esto no lo podrían hacer aislados como individuos.

El amplísimo y laxo criterio que AMLO usa para considerar a los grandes empresarios, con quienes se ha reunido amigablemente en repetidas ocasiones, se transforma en cerrazón total frente a todas las organizaciones sociales, incluso las organizaciones campesinas que lo apoyaron para llegar al gobierno. Se trata de establecer una nueva relación del Estado con los individuos, sin molestos “intermediarios” sociales. Por ello está censando a cada persona en todas las comunidades y ejidos, para que los apoyos les lleguen individualmente, con un único intermediario: una tarjeta bancaria, que además es del Banco Azteca del empresario Ricardo Salinas Pliego. Los pueblos indios no son pueblos con una larga y digna historia, sino individuos pobres a los que hay que ayudar para integrarse al capitalismo y a la civilización petrolera.

A este panorama, se agrega que AMLO rompió otra de sus promesas electorales: ya no cancelará la minería, solamente no otorgará nuevas concesiones. Afirmó que “ya tienen el 30 por ciento del territorio nacional por 50 años o más, que con eso les baste”. Lo grave es que garantizó a las mineras trasnacionales que ningún proyecto minero sería cancelado, obviando que en varios casos, las comunidades ya han ganado juicios contra varios emprendimientos, que por tanto deben ser cancelados. No es extraño esta generosa actitud, porque AMLO tiene varios ejecutivos de mineras canadienses y trasnacionales como altos funcionarios de energía y minería en su gobierno.

Todo muestra que si los pueblos indígenas y las luchas por la defensa del territorio son un obstáculo para cumplir esos objetivos principales del gobierno, serán ignorados, en el mejor caso, o arrasados, en el peor. Ya van nueve defensores de territorios muertos desde el inicio de este gobierno, incluyendo a Samir Flores, opositor a la termoeléctrica de Huexca.

El encuentro rechazó todo esto y expresó también la preocupación por la individualización de los apoyos del gobierno, que van dirigidos a personas, no a comunidades ni organizaciones. Las asambleas y autoridades comunitarias y ejidales son las formas tradicionales de gobierno de los pueblos indios y las comunidades campesinas. Con la entrega individual, los apoyos sabotean la participación y la autoridad de tales instancias.

Pero pese al sombrío panorama, quizá lo más importante de este encuentro es que no había ni sombra de resignación. Todas las comunidades y organizaciones analizaron con calma el nuevo escenario y se declararon firmes en seguir sus luchas, fortalecer las asambleas, seguir tejiendo redes.

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