Foto: Cuartoscuro

El Proyecto Integral Morelos (PIM) es, como dicen los pueblos afectados, un proyecto de muerte. No sólo si se pusiera en funcionamiento, sino ya mismo, como lo ha demostrado el asesinato del comunero y activista contra el proyecto, Samir Flores. Crimen directamente ligado a la oposición de Samir contra la termoeléctrica Huexca y el PIM, pero también al señalamiento del propio Andrés Manuel López Obrador cuando pocos días antes llamó «radicales de izquierda» y «conservadores» a los comuneros que defienden su tierra y agua, abriendo el coto de caza contra ellas y ellos, que desde antes ya venían sufriendo represión y violencia por parte de los gobiernos estatales involucrados en el proyecto (Morelos, Puebla, Tlaxcala).

Todo lo sucedido es además una prueba flagrante de la retórica vacía del gobierno de López Obrador sobre escuchar a los pueblos y tener en cuenta sus demandas. Al parecer, lo que le importa es construir un «pueblo» que «vote» a favor de proyectos decididos de antemano.

Como explica Carlos Gónzalez, abogado del Congreso Nacional Indígena, este ejercicio y otros similares no son consultas, sino apenas encuestas, que el gobierno pretende imponer sobre las consultas reales que México está legalmente obligado a realizar con los pueblos y comunidades indígenas, por ser firmante del Convenio 169 de la OIT y de la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas.

Una de estas «encuestas» llamada consulta se realizó el 23 y 24 de febrero 2019 sobre el Proyecto Integral Morelos, pese a que varios de los pueblos afectados, y especialmente Amicilngo, el pueblo de Samir Flores, demandaron que se suspendiera, tanto por la afrenta del asesinato del compañero, como porque las comunidades tienen sus propias formas de discutir y consultarse.

Además, como expresaron los habitantes de Huexca, lugar donde se está construyendo la termoeléctrica, ¿por qué poner a votación su derecho a la vida? ¿por qué tienen que votar sobre la destrucción de la tierra, agua y vida de la comunidad quienes ni siquiera viven en ella, ni serán afectados? «No pueden votar para decidir si vivimos o morimos, esto sería irresponsable por parte de la gente», declaró Teresa Castellanos de Huexca, integrante de la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos.

Agrava la situación que el propio AMLO, estando en campaña en 2014, aseguró a los pobladores de esas comunidades que no permitiría la construcción de la termoeléctrica en estas comunidades, que es «la tierra de Zapata (…) sería como construir un basurero en Jerusalén», afirmó.

Pese a todo ello, la encuesta se realizó a solo dos días del asesinato de Samir Flores, con desprecio por la demandas de la comunidad. Según el gobierno, «ganó el sí al PIM» dato que no se puede corroborar porque el propio gobierno hizo las boletas que no estaban numeradas, hizo la instalación de casillas y recolección de votos y su conteo, sin intervención de actores independientes, por lo que claramente fue juez y parte, habiendo además hecho abundante propaganda a favor de la termoeléctrica y del proyecto. No obstante, aún en ese conteo (que reconoce 40 por ciento de negativas al proyecto), el supuesto «sí» ganó en las áreas donde no hay pueblos directamente afectados.

El argumento de la administración AMLO para no respetar la voluntad de los pueblos afectados fue que ya existe una inversión de 25,000 millones de pesos que no hay que perder. Pese a que lo que se ha hecho hasta ahora ha sido contra la voluntad de la mayoría de las comunidades afectadas, avanzando con una mezcla de corrupción, represión e ingeniería de conflictos y división en comunidades.

Es un argumento que tampoco no toma en consideración los altos riesgos ambientales, ni las alternativas que se han mostrado al proyecto. En efecto, el PIM se compone de dos termoeléctricas, una en Huexca ya construida, que funcionaría con gas «natural», un gasoducto de 160 km que funcionará al 70 por ciento con gas importado de Estados Unidos, y un acueducto que tomará agua del Río Cuautla, para enfriar la termoeléctrica.

Entre las críticas que han presentado los pueblos afectados, ambientalistas y expertos de la UNAM y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos están: la invasión de territorios campesinos por el «paso de servidumbre» que establece la CFE; el gran volumen de agua que tomarán, que afectará el consumo de agua de los pueblos, de la que sólo se devolvería una parte, que podría estar contaminada; que el gasoducto pasará cerca del volcán Popocatépetl, aumentando el riesgo de explosiones; que el funcionamiento de la planta tendrá alta contaminación sonora (110 decibeles) afectando la población cercana.

Además, el gas «natural» del que alimentaría la planta será importado de Estados Unidos. De éste, la gran mayoría proviene de la extracción con la técnica fracking o fractura hidráulica, que es brutalmente destructiva de las áreas donde se extrae, es altamente contaminante de suelos y agua en las zonas de explotación, provoca temblores por la desestabilización de rocas profundas, además de ser un combustible fósil que contribuye más que el carbón al cambio climático. Para los funcionarios todo esto no es importante, porque sucedería en Estados Unidos. Pero la lucha contra el fracking es una amarga y dura lucha de los pueblos en ese país, donde los más afectados son pobres, afroamericanos e indígenas. Finalmente, la dependencia de gas natural, también será un justificativo para desarrollar fracking en México.

El hoy director de la Comisión Federal de Electricidad Manuel Bartlett, declaró en 2014 al Senado (siendo entonces senador) sobre el PIM, que » México tiene un margen de reserva por exceso de producción de energía del 50 por ciento, tres veces superior a los estándares internacionales recomendables que son de 18 por ciento, lo cual pone de manifiesto lo innecesario de la obra que atenta en contra de los pobladores de la región Ixtla-Popo y pone en riesgo a cerca de 20 millones de habitantes”.

Elena Burns, de la organización ambientalista Agua para tod@s, agua para la vida, explica que lo que aunque ya se han pagado 22 mil millones de pesos a la trasnacional española Abengoa, en toda la vida útil de la termoeléctrica, que se calcula en 30 años, los costos de operación será de 100 mil millones de pesos, que se pagaría a las empresas españolas Elecnor y Enégas, concesionarias del gasoducto que surtiría la planta.

En lugar de esto, Burns plantea que «si realmente se requiriera [si México no fuera ya excedentario en producción de energía], se podría construir, operar y mantener una planta solar de la misma capacidad de la termoeléctrica de Huexca durante 30 años por $60 mil millones de pesos, o sea $40 mil millones menos de lo que costaría operar la termoeléctrica de Huexca»

Pero para la administración AMLO, ni las razones de los pueblos afectados, ni las razones de los expertos de universidad nacionales y expertos ambientalistas son razones, sino pura «ideología» o «política» y además de izquierda, como si eso en sí fuera un insulto.

No existe en su horizonte que los pueblos de México llevan décadas luchando en defensa de su territorio, tierra, agua, semillas y derechos. Esto no sólo no cambió con una elección, sino al contrario: la agresión aumentó, pero ahora recubierta de una nueva capa de nociva demagogia de «progreso».

Cayeron en pedazos las máscaras que quedaban. El PIM es devastador e innecesario. También lo es la farsa de consulta, cuya urgencia justificadora no pudieron posponer ni siquiera por el asesinato de Samir, al que ninguna importancia le dado el gobierno, pese a haberlo provocado. Terrible precedente para este y otros megaproyectos que planean, como el Tren Maya y el Corredor Transistmíco. Como siempre, la lucha de los pueblos de abajo es la que muestra la verdadera realidad y además pone los muertos. Y como desde hace más de 500 años, no está en su agenda rendirse.