A partir del 2017, Donald Trump ha promovido diversas medidas para frenar la entrada de personas migrantes, solicitantes de asilo y protección internacional, principalmente provenientes de Centroamérica y México, a Estados Unidos (EUA). Además de ejercer una presión continúa para que el gobierno mexicano colabore en acciones de control migratorio, desde su frontera sur.

El pasado 4 de junio, Donald Trump amenazó con imponer aranceles del 5 por ciento a productos mexicanos, si el país no frenaba la migración hacia EUA. En respuesta, el 7 de junio el gobierno de López Obrador anunció un acuerdo de cooperación que, entre otras cosas, incluye el despliegue de la Guardia Nacional en todo el territorio para realizar tareas de control migratorio, extender, a toda la frontera entre ambos países, la medida “Quédate en México», así como fortalecer la cooperación regional para el desarrollo en el sur de México y Centroamérica.

Apenas cuatro días después de haber firmado dicho acuerdo, a través de una fotografía, Trump mostró la copia de un documento en el que se logró captar un par de líneas que señalaban que ambos Estados acordaron desarrollar un plan regional sobre migración, y si transcurridos 45 días del acuerdo México no logra frenar la migración hacia EUA, estará obligado a considerar cambios legislativos para valorar la implementación de “Tercer País Seguro”.

El impacto de este acuerdo ha quedado en evidencia, no sólo con el despliegue de 6000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur de México, sino también en las diversas acciones, en la frontera norte, para impedir el cruce de personas migrantes hacia EUA, el incremento en las detenciones migratorias, y la restricción del derecho al libre tránsito para la población mexicana, tras el anuncio de diferentes compañías de transporte de requerir una identificación oficial para abordar cualquier autobús.

En el caso de “Quédate en México” -medida que consiste en el retorno a territorio mexicano de personas que solicitaron asilo en EUA, en la frontera entre ambos países, para esperar su proceso ante las cortes migratorias estadounidenses, han sido muchos los testimonios que señalan estar enfrentando altos riesgos en el país. Se estima que para finales de este año podría haber más de 50,000 personas solicitantes de asilo en EUA, esperando sus casos en México. El gobierno de López Obrador les ha otorgado visas temporales (parecidas a una visa de turista) que no les brinda autorización para trabajar, dejando a miles de familias en situaciones de vulnerabilidad.

A ocho días de haberse conmemorado el Día Mundial de las Personas Refugiadas, 2º de junio, reiteramos al gobierno mexicano la urgencia de fortalecer su sistema de asilo, y le recordamos porque no podemos ser un “Tercer País Seguro”.

¿Qué significa un “Tercer País Seguro”?

No hay una definición universal, sin embargo el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) lo define como un país “donde el solicitante de asilo estará protegido contra la devolución, y podrá buscar y disfrutar del asilo de acuerdo con los estándares internacionales aceptados.” Es decir, un país “seguro” es aquel que cuenta con las salvaguardas adecuadas para garantizar la no deportación de las personas –en México se deporta al 80% de las personas detenidas por el Instituto Nacional de Migración; contar con un sistema de asilo capaz de proteger a las personas y facilitar su integración social, así como el acceso a servicios de salud, educación, trabajo y vivienda.

¿Cuál es la diferencia con “Quédate en México”?

El pasado 20 de diciembre el gobierno de EUA anuncio la medida “Quédate en México, ese mismo día México la acepto. Para el 29 de enero, la primera persona solicitante de asilo en EUA era retornada a México a través de Tijuana. Unas semanas después Mexicali y Ciudad Juárez también recibían a esta población. La espera de sus audiencias, ante las cortes migratorias estadounidenses, pueden ser programas dentro de unos meses, o hasta un año. Algunos reportes indican que hay personas que fueron citadas hasta febrero del 2020.

Esta medida es diferente a un acuerdo de “Tercer País Seguro” porque bajo “Quédate en México” las personas ya han solicitado asilo en EUA, mientras que un acuerdo de “Tercer País Seguro” obligaría a las personas -de Guatemala, El Salvador y Honduras principalmente, a solicitar asilo en México por haber pisado primero este territorio en su tránsito hacia EUA, antes que el estadounidenses. El gobierno de Donald Trump está buscando firmar más de dos acuerdos de “Tercer País Seguro” en la región para limitar el acceso al asilo en su país.

¿Puede México ser considerado como un “Tercer País Seguro”?

Cada vez más, México se ha convertido en un país de destino y de asilo, así lo demuestra el incremento en las solicitudes recibidas. En 2014 se registraron 2,137 y para 2018 29,623 de acuerdo con ACNUR. No obstante, el sistema de asilo mexicano no cuenta con la capacidad para absorber las miles de solicitudes anuales que implicaría tener la figura de “Tercer País Seguro”.

En febrero del 2018, la CNDH alertó sobre el colapso inminente del sistema de asilo en México; desde entonces, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados ha recibido casi 60,000 solicitudes de asilo, sin un aumento significativo en su capacidad operativa. El gobierno mexicano tampoco ha mostrado capacidad para identificar a personas con necesidades de protección internacional, condición fundamental para ser considerado un país “seguro”. Un estudio de Amnistía Internacional encontró que al 75% de las personas detenidas por el Instituto Nacional de Migración no se les informó de su derecho a solicitar asilo en México.

Aunado a ello, se suma la inseguridad en el país, donde las personas migrantes enfrentan altos riesgos. Una encuesta realizada por Médicos sin Fronteras indicó que 68% de las personas migrantes centroamericanas en México habían sido víctimas de delitos y violencia. Existe evidencia clara de que el país no podría garantizar la seguridad y protección a todas las personas que soliciten asilo bajo un acuerdo de “Tercer País Seguro”.

En este contexto, es clave defender el derecho de las personas a solicitar asilo en el país en el que se sientan seguras; donde cuenten con redes de apoyo familiares; y sobre todo, entender que esta realidad que vivimos no depende de un solo Estado o una acción, sino que requiere de esfuerzos compartidos entre los gobiernos de la región.

A la fecha, ha trascendido la posibilidad de que Guatemala firme un acuerdo de “Tercer País Seguro” con EUA -cabe señalar que Guatemala tampoco es un país seguro, además de ser expulsor de solicitantes de asilo; mientras Donald Trump sigue presionando a México para que firme un acuerdo parecido.

*Abogada estadounidense, Clínica Jurídica del IMUMI.

Twitter: @imumidf