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Históricamente las mujeres experimentan condiciones de vulnerabilidad en cada rincón de sus mentes y sus cuerpos. Cuando la sociedad las criminaliza por ser mujeres, migrantes, pobres, madres, cuidadoras, indígenas, color de piel o nacionalidad. A lo largo de su vida experimentan diferentes tipos y modalidades de violencia, muchas de ellas normalizadas o invisibilizadas socialmente. El cuerpo de las mujeres ha permanecido en medio de las disputas y ha sido ocupado como botín de guerras.

Bajo esta mirada, leer la noticia –escondida dentro de una queja sobre violaciones al acceso a la salud durante la pandemia en un centro de detención migratoria en Georgia– de que a varias mujeres migrantes se les practicaron histerectomías y otras formas de esterilización no consentidas mientras estaban bajo la custodia del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (EUA) no sorprendió pero si fue noticia. A esa trasgresión del cuerpo de las mujeres migrantes se suman interrogantes: ¿cómo serán las condiciones de información, revisión de archivos médicos y comunicación en ese centro de detención para que pudieran ocurrir esterilizaciones sin consentimiento? ¿Se trata de un ginecólogo actuando solo o de una política concertada? ¿Cuántas mujeres fueron afectadas y durante cuánto tiempo? ¿Quién más tiene información? Las respuestas a estas preguntas ayudarán a determinar hasta dónde llega el patrón.

El caso nos está revelando, independientemente del resultado de las investigaciones sobre las acciones y los motivos del doctor, el nivel de violencia y crueldad que hemos aceptado como sociedad. No hemos generado suficientes costos políticos para cambiar la criminalización de la migración y la privación de la libertad de quienes huyen de la pobreza y la violencia, y la normalización de la violencia hacia las mujeres justificada con cualquier argumento, en este caso por ser migrantes.

Estar en un centro de detención migratoria en EUA, México u otro país es una de las experiencias de privación de la libertad más brutales. Estudios demuestran que las condiciones de detención en estaciones migratorias –la comida, la falta de higiene, de posibilidades de comunicación, de defensa legal y de acceso a atención médica, suelen ser peores que en las cárceles. Aquellas personas que han estado en ambos espacios (cárceles y centros de detención migratoria) reportan dos razones adicionales: en la cárcel tienes idea de cuando vas a salir y muchas veces tu familia, seres queridos y amistades pueden visitarte o por lo menos mantener una comunicación constante, y normalmente tienen sistemas de monitoreo y transparencia más rigurosos. En los centros de detención están aislados.

En EUA, las cárceles son instancias del Estado y éste, en principio, tiene que responder a la ciudadanía, mientras que en la mayoría de los centros de detención migratoria son empresas privadas quienes lucran con la industria del encarcelamiento de las personas migrantes.

En cualquier situación de privación de la libertad hay un desequilibrio de poder que crea condiciones para la violación de derechos –negligencia de parte de cuidadores, extorsión, abuso verbal, físico y sexual. Organizaciones que monitorean ambos centros de detención han documentado las dificultades en el acceso para realizar monitoreos y para llevar a cabo representación legal en los centros de detención migratoria. Personas acusadas de haber cometido un delito tienen derecho a una defensa pública, mientras que las personas migrantes tienen derecho a una defensa privada si la pueden pagar o conseguir de forma gratuita.

Hasta que esto cambié y dejemos de aceptar la privación de la libertad de personas por su situación económica, su nacionalidad, su estatus migratorio o el color de su piel, no debería sorprendernos que en la actualidad haya más cinco mil personas migrantes detenidas con COVID-19, más de 40 muertes, personal que esconde información sobre la situación, que rompe archivos médicos, o que mienten a las mujeres sobre la cirugía que les van a practicar. El problema es el planteamiento de fondo.

El ambiente de racismo y xenofobia que ha fomentado la administración de Donald Trump, las medidas que ha tomado esta administración a través del racista Stephen Miller para desmantelar el sistema de protección de asilo y prohibir la entrada de personas migrantes a EUA, y la interiorización del racismo en las estructuras sociales, no hacen difícil pensar que las esterilizaciones practicadas sin consentimiento a mujeres migrantes son una medida planeada.

En la historia reciente de EUA, las políticas eugénicas estaban ligadas a la política migratoria. Legales en 32 estados bajo la premisa de proteger a la sociedad de las hijas y los hijos de individuos considerados peligrosos o inferiores como las personas discapacitadas, con enfermedades mentales, criminales y de color. Entre 1909 y hasta 1979, aproximadamente 20 mil mujeres y hombres, en diferentes instituciones de California, fueron esterilizadas -una tercera parte de los 60 mil casos documentados en el país. Se estima que hasta el 50 por ciento de las mujeres indígenas en ese país fueron esterilizadas entre 1970 y 1976.

En los años de 1920, eugenicistas argumentaban que las personas migrantes de Europa del Sur y del Este podrían contaminar los genes de la población europea del norte en EUA. Basados en esa lógica, se promulgaron leyes que crearon jerarquías de nacionalidades, las anglosajonas y las nórdicas las más deseables, y las chinas y japonesas prohibidas para entrar al país.

Con un ambiente actual de xenofobia y racismo, combinado con una historia influida por el movimiento eugenicista, no es difícil imaginar una política sistémica al leer sobre las histerectomías sin consentimiento en el contexto de la detención migratoria. La reacción ha sido internacional e interseccional.

No solamente las organizaciones que promuevan los derechos de las poblaciones migrantes se pronunciaron, también lo hicieron quienes defienden los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. En México, la Secretaría de Relaciones Exteriores envió una nota diplomática exigiendo una investigación a fondo. De las 24 mujeres mexicanas entrevistadas, una reportó haber sido operada sin su consentimiento.

Si se comprueba la esterilización sin consentimiento es clara la violación de leyes nacionales, así como de obligaciones bajo la Convención de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes y la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial -de las pocas que ha ratificado el congreso estadounidense. Las esterilizaciones constituyen una violación grave del derecho internacional incluyendo el derecho de ser libre de tortura y tratos inhumanos, los derechos a la privacidad, la salud y la no discriminación.

Los casos de las histerectomías no son aislados, sino una muestra del patrón de abusos sistemáticos y sistémicos hacía las mujeres, no sólo en EUA, sino en muchos países. La respuesta no está en mejorar las condiciones de detención sino en la eliminación de la privación de la libertad por un estatus migratorio o nacionalidad, dejar de criminalizar la migración y dejar de mirar los cuerpos de las mujeres como objetos de pertenecía.