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El pasado 27 de marzo policías de Tulum, Quintana Roo, asesinaron a Victoria, una mujer salvadoreña que desde 2018 fue reconocida como refugiada en México. Ella, como casi todas las mujeres migrantes y refugiadas en el país, trabajaba en el sector servicios, en un hotel. Era madre de dos adolescentes. Victoria fue sometida por 4 policías, y de acuerdo con el dictamen de la necropsia tuvo una fractura en la parte superior de la columna producida por la ruptura de la primera y segunda vertebra, provocando su muerte. 

Desde las organizaciones que apoyamos día con día a las mujeres migrantes y sus familias, nos quedamos horrorizadas al ver como quienes están encargados de proteger a la sociedad podrían matar a una mujer con ese nivel de brutalidad, pudiendo prevenirse. Sin conocer los detalles, nos preguntamos cuáles de las características interseccionales de vulnerabilidad de Victoria habrían intervenido para que la policía, en ese momento, no temiera las consecuencias, no siguiera los protocolos del uso de la fuerza, ni para llamar a una ambulancia cuando ella ya no respondía. ¿Fue por que era mujer, por ser extranjera, por el color de su piel, por su edad, por parecer de bajos recursos económicos?  

No sabemos, pero intuimos que más allá de los factores de discriminación, la impunidad se destaca como factor principal que hizo que siguieran con la rodilla sobre su cuello. El hecho de que alguien haya filmado el momento y que las organizaciones feministas se hayan movilizado en redes inmediatamente es lo que nos da la posibilidad de buscar justicia para Victoria. Esa es la repugnante e importante diferencia entre el caso de Victoria y los otros feminicidios, homicidios y actos violentos en contra de la población migrante por parte de las autoridades, que han ocurrido en los últimos años y que no han producido la misma reacción del Estado, ni las mismas investigaciones, ni cobertura mediática, ni reclamo de la sociedad.    

Y, aun así, como sociedad, nos quedamos cortas. Las imágenes de los policías matando a Victoria con el uso excesivo de la fuerza, según se aprecia en diferentes vídeos, recordaban lo sucedido en mayo de 2020 en Estados Unidos con George Floyd. Sin embargo, a diferencia de ese hecho, no ocupó las primeras planas de todos los diarios nacionales, no hubo marchas tumultuarias contra el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, contra el racismo, la xenofobia y la discriminación en razón de género, profundamente arraigadas en México. Incluso, algunos medios de comunicación hablaban de “muere mujer migrante”. Victoria no murió, a Victoria la mataron. La forma de describir los hechos, y la reacción de la sociedad son importantes para empezar a revertir la plaga de la impunidad, pero el sistema de justicia penal también tiene que cambiar para que no sea la sociedad quien, a través de videos de celular, recolecta la evidencia y hace la investigación.   

El caso de Victoria no es aislado o la excepción, pero si es emblemático del uso excesivo de la fuerza de la policía y de lo que viven las personas migrantes y refugiadas y sus familias. En diciembre de 2018, una mujer es asesinada por policías de Veracruz mientras disparaban a un vehículo en la carretera La Venta – Agua Dulce. En marzo de 2020 circuló un vídeo en el que policías de Tijuana asfixian a un hombre y, hace pocos días, el 30 de marzo de 2021, la Secretaría de la Defensa Nacional admite que un militar mató a un migrante guatemalteco en Chiapas por accidente.

Organizaciones de la sociedad civil mexicana y organismos internacionales han documentado, desde hace décadas, la violencia que viven las mujeres migrantes, principalmente durante su detención migratoria por parte del Instituto Nacional de Migración (INM), en su tránsito por el país, y el incremento de la violencia por parte de la policía, el ejército y, recientemente, la Guardia Nacional al realizar labores de contención migratoria. Incluso, el 27 de octubre de 2020 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emite la Recomendación 50/2020 por las agresiones contra personas migrantes en los municipios de Suchiate y Frontera Hidalgo, Chiapas, por parte de elementos del INM y de la Guardia Nacional. Actualmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene en sus manos la revisión de inconstitucionalidad de la participación de la Guardia Nacional en labores de control migratorio.

Las imágenes y videos nos permitieron conocer el caso de Victoria, pero ¿cuántas mujeres migrantes o refugiadas han sido asesinadas por uso excesivo de la fuerza de la policía o de militares o de la Guardia Nacional o de los agentes del Instituto Nacional de Migración? Es poco probable que lo sepamos ya que no existe un registro nacional que nos permita conocer los tipos y modalidades de violencia de la que son objeto. Entre 2014 y 2016, del total de delitos cometidos contra la población migrante, el 99 por ciento de los casos quedo impune.

Hoy, a unos días del asesinato de Victoria aún hay muchas incógnitas que resolver, pero por sobre todas las cosas es necesario que el gobierno federal y local garanticen una investigación pronta y transparente como feminicidio, por uso excesivo de la fuerza, un proceso que garantiza la reparación del daño, y la no repetición. Medidas de no repetición, que tendrían que incluir reformas estructurales al sistema de seguridad pública de Quintana Roo, más allá de capacitaciones en el uso de la fuerza. Así como medidas para que las policías tuvieran sueldos y condiciones de trabajo dignos, que fuera respetado su trabajo y que tuvieran el cien por ciento de certeza que violar los protocolos tendrá consecuencias.  

El sistema de justicia penal no puede regresar a Victoria, pero su vida tendrá continuación a través de sus dos hijas adolescentes que quedaron sin madre.  ¿Ahora dónde encontrarán seguridad si no pueden vivir en El Salvador, pero su país de refugio tampoco las puede proteger? Esta es una tarea profunda que nos toca resolver para lograr elementos de justicia en el caso.

Aún si un primer paso fue la vinculación a proceso y medidas cautelares que ordenó un Juez de Control del Distrito de Tulum, Quintana Roo, quien resolvió vincular a proceso a los 4 policías por el delito de feminicidio en agravio de Victoria Salazar, en la audiencia que se llevó a cabo el pasado 3 de abril. En tanto, el cuerpo de Victoria será repatriado, en un vuelo privado, en compañía de su familia y sus hijas quienes irán a El Salvador a despedirse de su madre. Lo que sigue, es la protección de las niñas para que no tengan que vivir con la misma inseguridad que su mamá.  

#JusticiaParVictoria seguirá siendo la consigna, por ella, por sus hijas, y por todas las mujeres migrantes y refugiadas que son asesinadas en este país.