A pesar de la gran contribución que nos ha dejado en sus dos valiosísimos informes el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), sobre cómo incorporar en la investigación del caso Ayotzinapa todos los delitos y las violaciones a los derechos humanos y cómo realizar análisis de contexto, que nos permitan investigar patrones comunes y líneas de conducta para comprender ciertas dinámicas en la perpetración del delito y dar con los probables responsables, las autoridades federales y estatales continúan obcecados en sus formalismos procesales y en un burocratismo estéril que fomenta la corrupción y la impunidad.

El gran aporte del GIEI sobre cómo realizar una investigación tomando en cuenta todos los estándares internacionales de derechos humanos ha quedado en saco roto. Son pocas las recomendaciones que la PGR está atendiendo, debido a que los altos mandos se aferran a la verdad histórica y obstruyen los avances en las líneas de investigación planteadas por el GIEI.

Este estancamiento es un mal mensaje para los padres y madres de familia que demandan justicia y verdad sobre el caso de sus 43 hijos desaparecidos. Con este trato cruento se les infligen golpes arteros. Su revictimización es un paso atrás en el reconocimiento de sus derechos, porque se les agrede nuevamente y se afecta en lo más profundo su dignidad como personas. Por otra parte, en el contexto de la macrocriminalidad se mantienen intactas las estructuras delincuenciales que están ancladas dentro de los aparatos de seguridad y del sistema de justicia estatales.

A pesar de que el caso Ayotzinapa nos marcó como país, por los hechos atroces del 26 y 27 de septiembre de 2014, el clima de terror sigue cobrando muchas vidas en el estado. Una información reciente del periódico El Sur de Acapulco nos reporta mil 818 asesinatos en los 10 meses del año, 358 más que en 2015. Tan solo en el mes de octubre ocurrieron 162 muertes violentas, más de 5 asesinatos diarios. En Acapulco se consumaron 70, es decir, el 44% del total en el estado. Le siguió Chilpancingo con 25; Coyuca de Benitez con 11; Zihuatanejo 7; Iguala 5 y Chilapa 4. Las 6 ciudades más violentas del estado que se encuentran dentro de las 50 de todo el país.

El horror de la tragedia de iguala tiene a la mayoría de la población sometida y en silencio. Los asesinatos a plena luz del día, los levantones y las desapariciones son parte de la cotidianidad en medio de patrullajes ostentosos, que en nada contribuyen a revertir los índices de criminalidad.

En noviembre de 2014, a dos meses de la desaparición de los 43 estudiantes, varias familias de Iguala crearon el colectivo Los Otros Desaparecidos, para denunciar las redes del crimen que trabajan en contubernio con los cuerpos de seguridad del estado. Han documentado con mucho detalle el modus operandi de las organizaciones criminales: saben bien qué negocios son solo fachada de la delincuencia; tienen identificados a sus líderes y toda la red de halcones y sicarios que se encargan de cobrar cuotas y cobrar venganza. Ubican las casas de seguridad y los parajes donde ejecutan a sus víctimas y realizan enterramientos clandestinos. No actúan solos. Cuentan con el respaldo de las autoridades municipales, de las policías estatales y federales, tal como lo documentó el GIEI en su segundo informe.

El mismo Ejército tiene información de cómo está el entramado delincuencial, pero se abstiene de actuar, esperando recibir órdenes de sus superiores. Para la población esta inacción es parte del entramado delincuencial, sin embargo, para las autoridades se trata de acciones delictivas aisladas y todo lo reducen al rubro de delincuencia organizada sin una perspectiva de derechos humanos. El análisis de las responsabilidades de los agentes del estado es clave para encuadrar adecuadamente las graves violaciones a los derechos humanos. Sus investigaciones aisladas y fragmentadas se prestan para nunca dar con los responsables y mucho menos, para involucrar a las autoridades de alto rango como parte de los perpetradores.

Los familiares de la región de Iguala informan que son 500 los desaparecidos que han sido llevados a los cerros para ser torturados y asesinados. Por esta razón se han abocado a la búsqueda de fosas clandestinas y a tener que emplear herramientas básicas que les ayuden a ubicar los lugares donde pueden estar sus hijos o sus esposos. En dos años han encontrado 145 cuerpos, logrando identificar 17 personas, con el apoyo de peritos de la PGR.

Para ubicar la dimensión del problema de las desapariciones que hay en Guerrero tomamos como referencia la información vertida recientemente por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) que dice atender mil 829 casos de desaparición , siendo alrededor de 800 casos los que corresponden a Guerrero. Hablaríamos que una cuarta parte de esos casos han sucedido en Iguala, en los últimos 5 años.

En la Montaña Baja del estado, principalmente en el municipio de Chilapa se han arraigado patrones de ajusticiamientos y desaparición de personas, que hasta la fecha las autoridades estatales y federales, no han tenido la voluntad ni la capacidad para contener esta avalancha delincuencial, a pesar de la militarización de la zona.

En este municipio los casos de desaparición de personas se agravaron con la incursión de supuestos policías comunitarios que detuvieron y desaparecieron a por lo menos 16 personas en presencia de la Gendarmería, el Ejército, la policía federal y la municipal, del 9 al 14 de Mayo de 2015.

Lo que ha hecho más cruento el sufrimiento de las familias de Chilapa y Zitlala, es el trato discriminatorio que reciben de las autoridades, por pertenecer al pueblo Nahua. Su precaria situación económica les impide desplazarse a las ciudades para solicitar la intervención urgente de los agentes ministeriales y corporaciones policiales. La misma CEAV se ha desentendido de sus casos.

Entre los 16 detenidos desaparecidos de mayo, registrados por el colectivo “Siempre vivos” cuentan con un rango de edad que va de 14 a 39 años. 6 de ellos son originarios de Chilapa, 2 de la comunidad de el Paraíso; 5 de Ahuihuiyuco, 2 de Zilacayota y uno de Trigomila, del mismo municipio.

El viernes 4 de noviembre, una representación de la oficina en México de la ONU-DH llegó a Chilapa para dialogar con las familias de desparecidos. Los testimonios recabados, de acuerdo con información del colectivo Siempre Vivos, reportaron 83 casos de desapariciones desde diciembre de 2014 a octubre de 2016.

Remarcaron que en los dos últimos meses registraron 14 personas desaparecidas. El caso que sigue causando mucha preocupación sucedió el 18 de octubre, cuando 6 miembros de una familia indígena desaparecieron al regresar en su vehículo particular de la comunidad de Tlalcozotitlán, municipio de Copalillo a Ixcatla, municipio de Zitlala, su comunidad de origen. Además de este caso que ha obligado a que las mismas autoridades implementen operativos de búsqueda con el apoyo del Ejército mexicano, se sabe por las redes sociales de la desaparición de un policía estatal, quien regresaba de Chilpancingo a Chilapa el pasado 20 de octubre. Otros dos casos de desaparición, fueron dos jóvenes de Chilapa que fueron se reportados por las mismas redes sociales, el 24 de octubre.

Todos estos casos no son de alta prioridad para las autoridades ministeriales. Continúan con sus mismos métodos y tratos discriminatorios a las familias indígenas. Su trabajo se reduce a tomar la denuncia; recogen los datos de las personas y solicitan un número de celular. La familia tiene que esperar más de tres meses para que le informen cómo va la investigación que siempre es infructuosa. Ante este desinterés y falta de compromiso de los funcionarios públicos con los familiares de las víctimas, son éstas últimas las que no tienen otra alternativa que iniciar la búsqueda de sus seres queridos. Nada ha cambiado de la tragedia que nos marcó con la desaparición de los 43 estudiantes, por el contrario, Guerrero se sigue desangrando y sumiendo en el pantano de la impunidad. Mientras tanto las desapariciones siguen su curso.