El pasado tres de octubre, con ocho votos a favor y tres en contra, el Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la consulta presentada por algunos jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación, con el propósito de que el máximo tribunal verifique “si la reforma al texto constitucional en materia del Poder Judicial, publicada el 15 de septiembre de 2024, es compatible o no con diversas garantías judiciales y principios, entre ellos, la división de poderes, la independencia judicial, así como aquellos inherentes al Estado Constitucional de Derecho”. La admisión a trámite de la citada consulta, abre un nuevo capítulo en la confrontación que desde el mes de junio de 2024 han sostenido los tres poderes de la Unión.

El enfrentamiento de los dos grupos Poder Judicial versus Poder Ejecutivo y Poder Legislativo (representado este último por la mayoría calificada afín al grupo gobernante), en el que ambos han esgrimido como argumento principal la defensa del interés común de la población, la independencia judicial y la garantía del acceso a una justicia pronta y expedita, es sólo una argucia retórica que en el caso del Poder Judicial de la Federación (PJF) busca preservar a toda costa el status quo (salarios, prestaciones, nepotismo, corrupción, opacidad de la labor judicial, etcétera) que ha predominado durante las últimas décadas.

En el caso del grupo gobernante encabezado por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) busca la implementación a nivel nacional de un nuevo modelo de impartición de justicia con un eje rector basado en un modelo electoral que permita a los ciudadanos elegir a los juzgadores (ministros, magistrados y jueces). Si bien, en la reforma constitucional que implanta el nuevo paradigma se establecen genéricamente los requisitos que deben cumplir los aspirantes a juzgadores, lo cierto es que el modelo electoral da preminencia al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo (actuando a través de los partidos políticos) para proponer los candidatos a elección popular, concediéndole a estos dos poderes, un amplio margen discrecional que les permite incluir en sus propuestas a personas afines a los intereses partidistas. Más aún, las experiencias electorales en México han demostrado que los poderes fácticos (económico y de la delincuencia organizada), a través de las urnas, han logrado imponer a personeros que no gobiernan o legislan para el beneficio común, sino que representan los intereses de los grupos que los impulsaron.

Queda claro que no estamos frente a una defensa legítima de la independencia judicial que proteja los intereses de la ciudadanía, sino ante un enfrentamiento de dos facciones que buscan preservar y/o imponer sus privilegios a toda costa. Como lo demuestra, por una parte, la simulación de consulta de la reforma constitucional que llevó a cabo el Poder Legislativo y la respuesta del Poder Judicial a través del galimatías (diversas resoluciones) que concedieron la suspensión provisional en los juicios de amparo que han interpuesto, juzgadores, asociaciones civiles y particulares, contraviniendo con ello la Ley de Amparo (artículo 61, fracción I) que determina que el juicio de amparo es improcedente “contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” y la Jurisprudencia sustentada por el Pleno de la SCJN que ha considerado que conforme a lo dispuesto por el artículo 135 constitucional “El procedimiento de reformas y adiciones a la constitución federal, no es susceptible de control jurisdiccional”.

Hay un punto de consenso que puede reencauzar el diálogo entre las dos facciones contendientes y la sociedad: es el referente a las graves deficiencias que enfrentan los actuales modelos de procuración y administración de justicia, como antes lo he expresado. Esa crisis puede resolverse sin llegar a la elección de juzgadores, sino a través de programas de actualización permanente de conocimientos y la evaluación periódica de los titulares de los órganos a través de indicadores que permitan tasar su desempeño profesional y administrativo. Lamentablemente el clima de polarización que persiste vuelve intransitable esta ruta.

Es probable que la sociedad mexicana en las próximas semanas se vea inmersa en una crisis institucional. Los tres poderes de la Unión han convertido al ciudadano en rehén de intereses ajenos al bien común, mientras los paristas siguen gozando de su salario y demás prestaciones, un sector de la sociedad cada vez más numeroso (por ejemplo, los usuarios de los tribunales laborales) se ve impedido a ejercer sus derechos de acceso a la justicia.

COMPORTAMIENTO JUDICIAL

Uno de los argumentos que más han esgrimido los defensores del status quo judicial, es que la gran mayoría de los integrantes del PJF son personas con una sólida preparación académica, lo cual implicaría que éstas no sólo gozan de una experticia jurídica sino también de conocimientos básicos de otras materias, entre ellas la concerniente a la historia de México.

En diversas manifestaciones los integrantes del Poder Judicial han recurrido a un discurso que busca enaltecer su patriotismo, su defensa de la Nación y de la sociedad mexicana; incluso no en pocas ocasiones, han concluido sus actos de protesta entonando el himno nacional.

Es un hecho irrefutable que la inmensa mayoría de los integrantes del PJF cuenta con estudios superiores, sin embargo, también es innegable que la preparación académica no los dotó de una memoria histórica. El acto que llevaron a cabo el pasado 13 de septiembre frente a la sede de la embajada de los Estados Unidos de América, en el cual pidieron al gobierno de ese país su intervención para frenar la reforma judicial, representa una falta de congruencia con el nacionalismo que tanto han pregonado.

No está por demás recordarles a los integrantes del PJF que apelaron al intervencionismo extranjero, que su petición de ayuda se llevó a cabo el día en que muchos mexicanos evocan la batalla del Castillo de Chapultepec en la que un grupo de cadetes militares hicieron frente al invasor norteamericano y ofrendaron su vida en defensa de México. Como crítico de la reforma judicial, me sentí decepcionado por ese acto entreguista, que en nada enaltece la lucha de los trabajadores del PJF.