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Como cada 25 de noviembre, desde hace veinte años, en la mayoría de los países, los grupos de mujeres que trabajan por una sociedad libre de violencia, los organismos internacionales, algunas instancias de gobierno, los medios de comunicación, e integrantes de la sociedad reflexionamos sobre la violencia contra las mujeres y exigimos respuestas.

Desde el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI) hacemos visible esa violencia a través de los diferentes casos que representamos de mujeres en la migración que han sido agredidas por sus parejas, civiles, el crimen organizado y agentes del estado. Este año quisiéramos dedicar este texto a las mujeres que conforman el IMUMI, quienes tienen que enfrentar la violencia institucional en su lucha para exigir justicia para otras mujeres.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define como Violencia Institucional “los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia”.

En el caso de las mujeres migrantes, viven la violencia institucional cuando el Instituto Nacional de Migración (INM) no les facilita sus procesos de regularización migratoria, pidiendo requisitos que no son necesarios o que son imposibles de obtener; cuando el personal médico les niega el derecho a la atención médica, incluso si están embarazadas, supeditándola a su estatus migratorio o documentación, ya sea por falta de sensibilización, desconocimiento o xenofobia; cuando se les obstaculiza su inserción escolar o cuando se niegan a registrar a sus hijas e hijos por falta de un documento migratorio.

Para las mujeres del IMUMI, que apoyan a las mujeres en la migración, la violencia institucional se ve reflejada a través de la obstaculización, impedimento y dilación del acceso a la justicia para las mujeres en la migración que representamos, principalmente, aunque no exclusivo, por parte del INM. Estos casos reflejan algunas de las situaciones que enfrentan nuestras abogadas, pero la lista no es exhaustiva.

Desde el pasado mes de julio, las abogadas del IMUMI han estado representando a una joven centroamericana que huyó de su país para alcanzar a su madre en los Estados Unidos (EUA). En su camino por México, la joven fue detenida en una estación migratoria y la madre pidió ayuda al IMUMI para lograr su libertad, primero porque tenía 17 años de edad, segundo porque es una joven con necesidades de protección internacional y tercero, porque tiene una visa disponible para alcanzar a su madre en EUA. Las autoridades del INM se negaron a dejarla en libertad para quedarse con unos familiares en México mientras esperaba su visa, pero logramos que la trasladaran a un albergue del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia por ser menor de edad.

Sin embargo, el día que cumplió 18 años los agentes del INM fueron por ella y la volvieron a meter a una estación migratoria. Las abogadas presentaron un amparo, pasaron 2 meses más. Era desesperante hablar con la joven, lloraba y contaba su experiencia en detención. Con comunicaciones en diferentes vías logramos que una servidora pública apresurara el trámite y lograr su libertad. Tuvimos que desistir del amparo porque la justicia es demasiado lenta, si es que llega. En este caso la violencia institucional fue transversal a todas nosotras. La joven y su madre separadas, cada quien con situaciones personales de violencia; su detención en medio de una pandemia; y las abogadas al ver obstaculizada su labor de acceso a la justicia para la joven y su madre, cada vez que algún servidor público -agentes del INM, o de cualquier orden de gobierno, impedía, obstaculizaba o dilataba la seguridad jurídica, el acceso a la salud, y a la unidad familiar de la joven.

Hace un par de noches recibí la llamada de una mujer que necesitaba apoyo pues su madre y su hermana (que sufría una discapacidad) estaban detenidas por el INM en el aeropuerto de la Ciudad de México. Habían sido rechazadas en un aeropuerto de EUA por razones administrativas y como su vuelo llegaba de México habían regresado para estar nuevamente con su familia aquí. Provenían de un país que no necesita visa para entrar a territorio mexicano y además, sus familiares, que viven aquí, tienen la nacionalidad mexicana, por lo tanto, podrían avalar la entrada de ambas. Las abogadas del IMUMI contactaron a los servidores públicos del INM para expresar su extrañamiento y explicar el caso. Las hermanas estaban esperando en el aeropuerto. Se quedaron 24 horas en el aeropuerto. Presentamos un amparo. Nada ocurría. Enviamos un reporte médico que explicaba que la hermana con discapacidad podría tener convulsiones si estaba bajo estrés. Nada sucedió. Las abogadas se quedaron toda una noche tratando de resolver su situación pero no fue posible. Con todo y amparo el INM las subió a un avión rumbo a su país, al otro lado del mundo. La madre y la hermana permanecieron todo ese tiempo incomunicadas en el aeropuerto. Nosotras estábamos en medio de la angustia, la confusión, las lágrimas, el estrés.

Tanto las abogadas del IMUMI como las mujeres del caso nos enfrentamos a la violencia institucional del INM, quienes no sólo detuvieron a dos mujeres que cumplían con los requisitos para entrar a México y de hecho habían estado en el país varias horas antes, sino que impidieron la seguridad jurídica (comunicación e información), el acceso a la salud y a la unidad familiar.

Semanas atrás recibimos otra llamada de una madre en EUA. Su hija de 18 años había sido retornada a México para esperar su caso de asilo bajo el Protocolo “Quédate en México” -un arreglo entre EUA y México que inició en enero de 2019 a través del cual ese país ha enviado a más de 67 mil personas a esperar sus casos del lado mexicano. Al ser regresada a México, la habían secuestrado y estuvo varias días en una casa hasta que su mamá envió más de $3 mil dólares a cambio de la libertad de su hija. En libertad, la joven voló a la Ciudad de México y nos contó su historia. Presentamos un amparo -ya teníamos un amparo en contra de la participación de México en dicho Protocolo que dese hace un año está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las organizaciones más destacadas en temas de derechos humanos han documentado los secuestros de personas esperando sus casos de asilo en la frontera norte del país. Estaba en la prensa de EUA, había declaraciones y algunas denuncias penales en Nuevo León y Tamaulipas. Llevamos información sobre algunos casos de secuestro con recibos de transferencias bancarias a Secretaría de Relaciones Exteriores. Nos dijeron que México no iba a ofrecer protección a la población migrante en la frontera norte.

No sólo la joven fue víctima de violencia psicológica y física, sino también institucional ante la omisión del Estado mexicano, quien se comprometió a recibir a solicitantes de asilo de EUA, bajo el Protocolo “Quédate en México”, y ofrecerles acceso a derechos, no obstante los ha dejado en manos de la delincuencia. Ni las autoridades estatales ni las federales han actuado para proteger a la población migrante ante el crimen organizado. La aceptación de una programa violatorio de derechos humanos dilata, obstaculiza e impide el acceso a derechos (seguridad jurídica, unidad familiar, vivienda, salud, trabajo, educación, etc.) Mientras que las abogadas nuevamente se enfrentaron a unas instituciones que lejos de garantizar la justicia, obstaculizan la misma.

Las respuestas de las instituciones, al no implementar las leyes, al no escuchar, al no responder, al mentir, al encubrir y al humillar a las víctimas, así como a las mujeres que están tratando de exigir sus derechos, constituyen violencia. En cada caso escuchamos el llanto, la frustración y la impotencia de las mujeres en la migración que representamos. Intentamos seguir las reglas para exigir justicia, pero nuestras llamadas (escritos, demandas, cartas, amparos) rebotan en el monstruo que son las instituciones que ejercen violencia en vez de reclamar, proveer y brindar justicia.

Nuevamente, un 25 de noviembre en el que se ahogan los gritos de justicia frente a Estados que dicen indignarse con la violencia hacia las mujeres pero que en sus acciones la ejercen y la perpetúan.