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Por iniciativa del consejo municipal comunitario, el día 1 de marzo, al cumplirse 165 años del Plan de Ayutla diseñado para derrocar a su alteza serenísima, el dictador Antonio López de Santa Ana, las autoridades indígenas y afromexicanas recuperaron esta fecha histórica para recuperar la memoria de sus antepasados que lucharon contra las estructuras colonialistas, que sojuzgan al pueblo pobre de México.

En este municipio donde las mujeres del pueblo de la lluvia aún portan la vestimenta tradicional y se expresan en su lengua materna ante propios y extraños, han logrado romper con el sistema de partidos que monopolizaban el poder político.

Ayutla es una cabecera enclavada en la Costa Chica, donde cohabitan Me’pháá, Na’savi, afromexicanas y mestizos. Forman parte de los municipios más pobres de México y existen condiciones sumamente deplorables en la región montañesa. Prevalece el trato discriminatorio por parte de quienes se sienten superiores por el simple hecho de hablar “el castilla”. Los indígenas y afromexicanos, hombres y mujeres, se organizaron para impulsar una consulta cuyos resultados dictaminaron que las elecciones municipales tendrían que ser por usos y costumbres. Fue una gran lección que dieron a los dirigentes de los partidos políticos y a los grupos caciquiles, que han lucrado con los cargos públicos. Por una parte, se trató de un referéndum porque no solo reprobaron la forma de gobernar de los presidentes municipales, sino que lograron culminar una lucha histórica de los pueblos para hacer efectivo su derecho a la libre determinación.

Las comunidades redescubrieron la importancia que tienen sus asambleas comunitarias, valoraron lo que significa la colectividad y la fuerza que representan para regir los destinos de su comunidad y del mismo municipio. Fue en esos espacios donde ganaron la batalla a los partidos políticos, porque las 108 comunidades indígenas y 32 colonias que conforman el municipio, pudieron expresarse libremente en las asambleas donde históricamente el pueblo hace valer su derecho.

Para los miembros de los partidos políticos el consejo municipal es un fracaso, porque de acuerdo con su concepción la forma de gobernar en colectivo sólo genera desorden y una descoordinación entre las diferentes instancias de la administración municipal. Existe una visión etnocéntrica del poder, consideran que los indígenas son incapaces para regir los destinos del municipio, por lo mismo se empeñan a desacreditar sus acciones y le apuestan al fracaso. Por otra parte, la gente de las comunidades que mayoritariamente participaron en esta nueva forma de elección confía que el consejo municipal velará por sus derechos y sobre todo manejará de manera transparente el presupuesto público. Consideran que están representados dentro del consejo y tiene la seguridad de que el nuevo plan de gobierno comunitario incorporará sus demandas. En estas semanas se ha dado una acalorada discusión sobre la asignación de los recursos que tendrán que ser distribuidos entre todas las comunidades. Predomina la postura de que el presupuesto autorizado para este año se focalice en la construcción de obras entre todas las comunidades de Ayutla. Esto implica que la cabecera municipal no se le programe alguna obra para este año. El argumento se basa en la disparidad que existe entre los servicios con que cuenta la cabecera municipal, que aún son insuficientes y de mala calidad, con la ausencia de obra pública en las comunidades, se busca reducir la brecha de la desigualdad y ser más equitativo e incluyente en el manejo de las finanzas.

Las reuniones del consejo municipal no sólo son nutridas por la participación de los representantes de las comunidades, también son acaloradas, pero muy productivas porque es un nuevo ejercicio de discusión abierta sobre temas transversales, que tratan de ser atendidos tomando en cuenta la participación de quienes han sido nombrados para ejercer un gobierno desde la base comunitaria. Lo que más sobresaliente es la participación de las mujeres, en este nuevo diseño de gobierno comunitario, existe el interés genuino de cumplir con el mandato del pueblo, porque saben que ante todo es un servicio y no un cargo que les da privilegios. Fueron elegidos porque hay espíritu de sacrificio y mística. Las decisiones son colegiadas y las discusiones se realizan de manera pública, no hay acuerdos bajo la mesa ni tampoco se permite que se impongan intereses facciosos. Saben que están bien monitoreados por las mismas comunidades que son sus aliadas como sus adversarios políticos quienes ejercen la crítica destructiva de manera sistemática.

Para los miembros del consejo municipal no pueden pasar desapercibidas las fechas históricas, que le han dado un nombre y un lugar a los pueblos indígenas de este municipio. Tienen claro que ha sido por la fuerza y la entrega total a las causas de la justicia, la que ha permitido que el municipio de Ayutla tenga un lugar en la historia nacional. No sólo es el pasado glorioso, también el presente doloroso que ha llevado a muchos hombres y mujeres indígenas ha emprender luchas muy difíciles que han puesto en riesgo su integridad física y la vida misma. En esta región se han suscitado hechos sumamente deleznables como la masacre de El Charco, en donde el ejército asesinó en el 1998 a 11 indígenas y a un estudiante cuando se encontraban descansando en la Escuela Primaria Caritino Maldonado. Se trató de un hecho atroz donde las autoridades federales aplicaron una estrategia bélica contra los pueblos indígenas que se organizan de manera independiente para exigir sus derechos básicos. No sólo se mata, sino que además se protege a los militares que violentan los derechos humanos de la población pobre. En este mismo contexto de guerra de baja intensidad fueron violadas y torturadas sexualmente Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega en febrero y marzo de 2002. A pesar del escarnio que sufrieron y de todas las amenazas que enfrentaron lograron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), sentenciara al Estado mexicano por no investigar ni castigar a los elementos castrenses. En lo que hoy se le conoce como la Plaza de la Paz, en el 2012 se realizó el acto de reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado mexicano, a través del secretario de gobernación, quien pidió disculpas públicas a Inés Fernández Ortega por haber mancillado su dignidad y violentado sus derechos como mujer. Inés pudo demostrar que habló con la verdad y derrumbó la mentira del gobierno. Fue un hecho histórico que por primera vez las autoridades mexicanas organizaran un acto solemne, donde pidieran perdón a una mujer del pueblo Me’pháá, que hasta la fecha sigue demandado a las autoridades que cumplan cabalmente con la sentencia de la Corte. En ese evento Inés alzó la voz para expectarle en la cara a las autoridades, que a pesar de esta disculpa pública, el gobierno no cambiaría en su forma de tratar y de relacionarse con las mujeres indígenas. Presagió que continuaría los tratos discriminatorios y las políticas excluyentes de los tres niveles de gobierno. A pesar de que era un acto de suma trascendencia para Inés representaba una mera formalidad política que no iba acompañada de un verdadero compromiso por la justicia y por el respeto de los derechos de las mujeres.

En esta cabecera varios defensores comunitarios como Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, que interpelaban al presidente por incumplir con sus compromisos de campaña, fueron desaparecidos y asesinados en febrero de 2009, por personas vinculadas a la delincuencia organizada, que estaba bajo las órdenes de la autoridad en turno. La persecución que se ha dado sistemáticamente contra los indígenas que se organizaban para defender sus derechos se condensó con el encarcelamiento de los cinco presos de conciencia de la Organización del Pueblo Indígena Me’pháá (OPIM), siendo Raúl Hernández Abundio quien tuvo que permanecer tres años en la cárcel sin que las autoridades pudieran probar su responsabilidad penal. Amnistía Internacional (AI), tuvo que hacer una campaña en varios países de Europa y realizar una visita a la cárcel donde estaba recluido Raúl para demostrar su inocencia y exigir su libertad. En esta misma cárcel Arturo Campos Herrera, promotor de la policía comunitaria de la Casa de Justicia de El Paraíso, pagó su osadía de impulsar este sistema de seguridad y justicia de los pueblos indígenas con cuatro años de cárcel, demostrando también que su encarcelamiento fue por motivos políticos y no por ser secuestrador.

Hoy luce radiante la honorable casa de los pueblos, que es el nuevo nombre de lo fue la presidencia municipal para los mestizos. Estos cambios de forma son de fondo porque en este lugar han llegado los hombres y mujeres que las asambleas de los pueblos decidieron que sean los responsables de ejercer un nuevo gobierno comunitario, es decir, un gobierno en manos de los pueblos Na’savi, Me’pháá y Afromexicanos.