Como parte de la buena relación que cultivaba la doctora Mélida Honorato Gabriel, directora del hospital básico de Huamuxtitlán, Guerrero, el viernes 24 de julio convivió con sus hermanas y compañeras de trabajo en la palapa Ojo de Mar, junto a la laguna de esta cabecera municipal. El personal médico reconocía su entrega y compromiso, a pesar de que el hospital no fue reconvertido para atender pacientes de covid – 19. “Se sobreexpuso” trasladando a pacientes a la ciudad de Chilpancingo y de Chilapa. El 4 de abril reportó el primer caso, que se registró en la Montaña de Guerrero, de una paciente que murió por covid – 19, originaria de Conhuaxo. “Nunca bajó la guardia”, y siempre buscó la forma de apoyar a estos pacientes, a pesar de la carencia de equipo y medicamentos, como es común en los centros hospitalarios del estado.

Desde el 2009, cuando se abrió el nuevo hospital, la doctora Mélida logró que los 71 trabajadores mantuvieran una relación respetuosa y cercana con los pacientes. Ella lo demostró en todo momento, al grado que el hospital y Huamuxtitlán, fueron su segundo hogar. Sus mismos padres optaron por acompañarla ante sus visitas breves y esporádicas a la ciudad de Tixtla, su tierra natal. Nunca imaginó que su arraigo y gran aceptación que tenía en el municipio, la pondrían en riesgo y que pasaría a formar parte de las víctimas de la violencia.

El 26 de mayo fue encontrado un joven con huellas de tortura y con un narcomensaje cerca del módulo de la policía municipal en Huamuxtitlán, ubicado en el crucero de Santa Cruz. Tres días antes sus familiares lo habían reportado como desaparecido. Fuentes ministeriales informaron que durante esas fechas había sido detenido por policías municipales. Lo inaudito fue que el comandante de la policía municipal, José Armando Castillo, apareciera como responsable de este asesinato, al haberlo entregado a un grupo delictivo. Los mismos pobladores de Santa Cruz, se organizaron y llegaron hasta las instalaciones del palacio municipal, para detener al comandante y encarcelarlo dentro de su comisaría. Transcendió que, en el interrogatorio, José Armando vinculó al mismo presidente municipal del Huamuxtitlán, Elpidio Nava Rodríguez, de este hecho deleznable. El malestar de la población obligó a que los elementos de la policía del estado, se hicieran cargo de la seguridad del municipio. Mientras tanto las protestas subieron de tono y determinaron cerrar el palacio municipal.

En medio de este clima de inseguridad y ante la ausencia del presidente municipal, desde la detención de su comandante, el 14 de junio fueron asesinados a balazos dos jóvenes que se encontraron con huellas de tortura, en el basurero de Huamuxtitlán. Sus familiares escribieron en las redes sociales que este hecho: “fue un acto de cobardía y bestial(idad). ¿Por qué ensañarse de esta manera con gente inocente e indefensa?”. Concluyen afirmando que los responsables de este crimen fue la policía estatal.

Por su parte, en un comunicado de la mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, informó que “hasta el momento no se han presentado denuncias ni señalamientos que vinculan a elementos policiacos estatales en los homicidios, y la policía del estado ha colaborado con la Fiscalía general para esclarecer los lamentables hechos”. Esta postura displicente de la Fiscalía del Estado, enardeció más a la población que bloqueó la carretera federal Tlapa – Puebla y tomó el palacio municipal para demandar la salida de la policía estatal, así como el nombramiento de un alcalde interino y nuevos elementos de la policía municipal.

El endurecimiento de un sector de la población que exigía la intervención del Congreso del Estado para nombrar a un presidente interino, mantuvo el cierre de la carretera federal durante siete días. Solo cedieron cuando el gobierno del estado solicitó la presencia de la guardia nacional, que supliría a la policía del estado, para hacerse cargo de la seguridad del municipio. Fue hasta el 17 de julio cuando la comisión ciudadana de Huamuxtitlán, liberó el palacio municipal. Se estableció una mesa de diálogo aceptando la presencia del presidente municipal, Elpidio Nava Rodríguez, apoyado por el ex diputado federal Carlos de Jesús Alejandro; el delegado regional de gobernación, Jorge Rodríguez Ponce y el representante de asunto indígenas y afromexicanos Arquímedes Ibáñez. El acuerdo central fue la inclusión de algunos miembros de la comisión ciudadana, en puestos claves de la administración municipal, con el argumento de vigilar y aplicar adecuadamente los recursos públicos asignados para la construcción de obras.

A una semana de la liberación del ayuntamiento, dos hombres armados dieron seguimiento al vehículo que manejaba la doctora Mélida Honorato, después de salir del restaurante y dirigirse a su domicilio. A escasos 300 metros, sobre la carretera Tlapa – Puebla, la interceptaron y uno de sus agresores se bajó del vehículo para detonar su arma contra la doctora. Presas del miedo, su hermana y las enfermeras, la trasladaron al hospital para reanimarla. Todo fue en vano, la bala que atravesó su cuello le arrancó la vida. A pesar de la presencia de la guardia nacional, los agresores se desplazaron, sin temor a ser detenidos, en la principal vía de acceso a la ciudad. La demanda de mayor seguridad se hizo añicos ante este cruento asesinato. El desconcierto de la población es mayor, porque no hay modo de frenar la violencia y de impedir que se agredan a personas que brindan un servicio a la comunidad.

En tiempos de covid – 19, cuando la población requiere de los servicios públicos de salud y una atención digna, el escaso personal médico que trabaja en regiones difíciles, a causa de la inseguridad y de la precariedad de las instalaciones hospitalarias, es víctima de la violencia y de la desatención de las autoridades para garantizarles protección. El ambiente de impunidad que persiste en este municipio es el caldo de cultivo para que los perpetradores impongan su ley, máxime cuando mantienen pactos con los cuerpos de seguridad del municipio y apoyo soterrados de funcionarios públicos.

El coronavirus no solo puso en riesgo al personal médico, por el contagio que pudiera darse al atender a pacientes de covid – 19, sino que también por su extrema vulnerabilidad, frente las acciones violentas que se han ejercido contra médicos y enfermeras. El caso de la doctora Mélida fue una acción letal que interpela a las autoridades de salud y al gobierno del estado que están obligadas a garantizar justicia y a no permitir más hechos de violencia que atenten contra la vida y la tranquilidad del personal médico y los habitantes de Huamuxtitlán.