Asesinar a indígenas en la Costa Chica de Guerrero es una práctica ancestral arraigada y alentada por los caciques desalmados que cuentan con pistoleros a sueldo y que aplican la ley del gatillo para cuidar al patrón y su familia y para defender sus propiedades, que con el tiempo formaban parte del patrimonio comunitario de los indígenas.

Con la conquista española, las familias mestizas se encargaron de desplazar a la nobleza indígena, utilizando la fuerza y las leyes de la corona para legalizar el despojo y ejercer la violencia contra los que resistieron estos atracos. Como “gente de razón”, se asumieron como seres superiores y con derecho pleno para gobernar y someter a una población empobrecida y diezmada por las guerras de conquista.

Las familias adineradas amasaron fortunas a punta de pistola. Se aliaron con caciques del estado y líderes del PRI para tomar el poder del municipio y erigirse en los jefes políticos que incursionaron en los negocios de la ganadería, el transporte público, la industria de la construcción, el comercio y la producción agrícola. Desde hace tres décadas en las cabeceras municipales de Ometepec, Xochistlahuaca y Tlacoachistlahuaca, ubicadas en la Costa Chica del estado de Guerrero, los cacicazgos políticos se han afianzado, al grado que las presidencias municipales están bajo su control. En la última década, en el municipio de Ometepec el actual presidente municipal Efrén Adame Montalván ha ocupado el cargo en tres ocasiones, manejando los presupuestos públicos como si fueran parte de su patrimonio familiar. Ometepec concentra buena parte de la población afromexicana, colindando con el estado de Oaxaca. Varias de sus colonias están formadas por población Na Savi, que han emigrado de sus comunidades para contratarse como jornaleros agrícolas. En las colindancias con los municipios de Xochistlahuaca y Tlacoachistlahuaca existen comunidades Ñomndaa como Zacualpan, que es de las más grandes del municipio.

En Xochistlahuaca, la maestra Aceadeth Rocha, hablante del Ñomndaa, ha ejercido un liderazgo político que rompió con los moldes tradicionales, de que sólo los hombres que hablan español acceden al poder municipal. Su alianza con el cacicazgo de Rubén Figueroa le abrió las puertas para ocupar cargos importantes dentro del PRI estatal y erigirse como candidata a presidenta municipal. Tuvo la habilidad para establecer alianzas con los líderes indígenas. Por su carisma y dominio de la lengua Ñomndaa se ganó la confianza de las comunidades. A lo largo de 25 años acumuló poder y dinero, al grado que en la última elección se dio el lujo de competir y ganar dentro de las filas del PRI. Además de lideresa también es una empresaria próspera que incursionó en los negocios de la construcción. En los últimos años se ha obstinado en explotar los recursos pétreos del río Santa Catarina para amasar su fortuna.

Las estructuras del poder municipal en la Costa Chica de Guerrero están ancladas en las prácticas caciquiles que tienen sometida a una población indígena y afromexicana que en varias coyunturas políticas han luchado para desmontar este entramado político, sin poder arrancarlo de raíz. En Xochistlahuaca hubo intentos, en diferentes momentos, para instalar un consejo municipal presidido por los sabios y sabias del pueblo Ñomndaa. En la cabecera municipal se libró una férrea disputa hace más de dos décadas contra el cacicazgo de Aceadeth. Lograron tomar el palacio municipal, sin embargo, se mantuvo en el poder y contó con el apoyo del PRI estatal y los gobernadores. En este rejuego de fuerzas políticas, logró ganar el PAN y el PRD, pero como el ave fénix, retomó el vuelo y ahora ejerce el poder municipal por cuarta ocasión. Las divisiones internas de los grupos de Morena fueron un factor decisivo para afianzar el cacicazgo de Aceadeth.

El 30 de julio del año pasado, en el marco del primer aniversario del fallecimiento de Martha Sánchez, la gran defensora de los derechos de las mujeres indígenas, se hizo pública la iniciativa de elaborar un plan de justicia y desarrollo para la nación amuzga. Los comisarios municipales y líderes regionales aprovecharon la presencia de Adelfo Regino, director del INPI, para solicitar su apoyo y asesoría. En esa misma fecha se nombró el comité promotor que impulsaría los trabajos en las comunidades Amuzgas de Oaxaca y de Guerrero. Uno de los miembros prominentes fue el compañero Remigio de la Cruz, un catequista de la comunidad de Zacualpan que tenía una gran ascendencia en la región por su postura clara en la defensa de los derechos del pueblo Ñomndaa.

Nadie imaginó que este esfuerzo colectivo apoyado por el director del INPI, causaría malestar y enojo entre las autoridades municipales de Ometepec y Xochistlahuaca, así como de los caciques locales que se han erigido como jefes del crimen organizado. En la comunidad de Zacualpan, Heriberto García, conocido como el Beto Zacualpan, es quien ejerce el control de la plaza en el municipio de Ometepec. Nada se hace en el pueblo sin su consentimiento. El plan de justicia fue una iniciativa interestatal que estuvo más allá de su radio de influencia. No toleró que en Zacualpan se hiciera un evento para abordar este tema. Advirtió que no permitiría que se hicieran más actividades sin que lo tomaran en cuenta. Su postura amenazante orilló a que el comisario municipal y el comisariado ejidal, renunciaran como parte del comité, para no poner en riesgo su vida. A pesar de esta advertencia los trabajos del plan de justicia continuaron, y el joven Remigio de la Cruz se mantuvo firme dentro del comité.

El pasado 27 de diciembre Remigio invitó al sacerdote de su parroquia para que realizara una misa de acción de gracias por la culminación de los trabajos de dos torres que él había impulsado. En ese ambiente de oración Remigio, pidió que oraran por él porque había recibido amenazas de muerte. El sacerdote se solidarizó con Remigio y pidió a todos los presentes que se unieran en oración para pedirle a Dios que protegiera la vida de Remigio. En esos días los principales de la comunidad habían platicado para que Remigio ocupara el cargo de comisario municipal. Veían en él muchas virtudes, sobre todo su liderazgo y su compromiso con la gente. Además, valoraron que era muy oportuno su nombramiento para que le diera seguimiento al plan de justicia y desarrollo, que en el mes de octubre, habían entregado al presidente de la república, en su última visita a Guerrero.

Lamentablemente en la víspera del día de los santos reyes, como a las 10:30 de la noche una persona armada llegó a su domicilio. Entró de manera intempestiva para acribillar a Remigio. Recibió 6 disparos de una pistola calibre 380 que se incrustaron en el cuello y en el tórax, causándole una muerte súbita. La gente está temerosa para hablar del caso. Saben quién perpetró este crimen artero, pero sus vidas están en peligro. En esta región impera la impunidad y las mismas autoridades están coludidas con los perpetradores. La justicia solo funciona para quienes tienen dinero y están encompadrados con los caciques. No hay estado de derecho y mucho menos respeto a la vida de las personas que luchan por los derechos de su pueblo. La ley del gatillo es la que se aplica en la Costa Chica ante la ausencia de las autoridades encargadas de brindar seguridad y perseguir los delitos. Quien se atreve a organizar a las comunidades indígenas y a luchar por un desarrollo autónomo, libre de partidos políticos y de caciques, tiene sus días contados. Remigio el defensor del pueblo Ñomdaa ya no pudo materializar su sueño de que el plan de justicia y desarrollo para el pueblo Amuzgo le permitiera contar con un hospital en la comunidad de Zacualpan, para erradicar las muertes maternas y garantizar que las niñas y niños no mueran por falta de médicos y de medicinas. En tierra de caciques es una tarea titánica promover el derecho de los pueblos a organizar su vida de manera autónoma. La lucha limpia de Remigio quedó trunca por los intereses oscuros de la delincuencia enquistada en los poderes públicos.