“Me gusta provocar a mis adversarios para ver cómo reaccionan:
Si son débiles los aplasto y si son fuertes, negocio”
Libro: El Arte de Negociar (1987)
Donald Trump

En plena incertidumbre de cómo entender las consecuencias que las políticas de Donald Trump tendrán para nuestro país y particularmente para la migración, tanto de mexicanos como de la migración en tránsito por México, la mayor preocupación del gobierno de México se centra en mantener, a toda costa el carácter trilateral del Tratado de Libre Comercio y que no se modifiquen los acuerdos de tarifas de importación. Tanto así que secretarios de estado han empezado a emitir declaraciones en el sentido de que si no se llega a acuerdos favorables en el TLC, México “podría dejar de colaborar en acciones de seguridad dirigidas al terrorismo, las drogas y en controlar la migración en tránsito hacia el norte”, utilizando una vez más a los migrantes en tránsito por México como carne de cañón y moneda de cambio.

Ya aparecen en la página el Departamento de Seguridad Interior dos memorandos que versan acerca de la implementación de las órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Donald Trump el 25 de enero sobre las nuevas medidas de mayor control de la población indocumentada y la construcción del muro fronterizo bajo el argumento de que la oleada de inmigración en la frontera sur ha desbordado a las agencias federales y los recursos que vulneran la seguridad nacional de los Estados Unidos. https://www.dhs.gov/executive-orders-protecting-homeland

Las nuevas medidas remplazan casi todas las emitidas por gobiernos anteriores, particularmente la de enfocar los esfuerzos de deportación sólo contra criminales reincidentes o los que tienen vínculos con el terrorismo.

Los memorandos redefinen el perfil de los indocumentados que serán prioridad para aplicar las medidas deportación. Ahora se incluye a cualquiera –sin que haya sido juzgado o condenado- que tenga acusaciones de un delito o que haya cometido actos que pudieran constituir un delito o que a juicio de un oficial de inmigración represente un riesgo a la seguridad pública o la seguridad nacional. Pocos indocumentados se escapan de formar parte de esta lista.

Los memorandos incluyen instrucciones para iniciar la contratación de 10 mil agentes adicionales de la agencia de control de inmigración (ICE) y 5 mil más para la Patrulla Fronteriza y se ampliará el programa de colaboración de las agencias federales con policías locales para la persecución de inmigrantes indocumentados.

Los migrantes detenidos que crucen la frontera terrestre contigua a Estados Unidos serán retornados a ese mismo territorio desde donde cruzaron, sin importar su país de origen, o sea que México será quien tenga que deportarlos o se quedaran en la frontera norte del pais, que ya está en una crisis que va a agudizarse. De acuerdo a la agencia EFE, “el Gobierno de Estados Unidos evalúa expulsar a México a los inmigrantes indocumentados de cualquier nacionalidad para que tramiten sus peticiones de asilo desde territorio mexicano, indicaron hoy altos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). En vez de esperar en Estados Unidos en un centro de detención para indocumentados, los extranjeros aguardarían el resultado del largo proceso de petición de asilo en territorio mexicano, lo que permitiría al Departamento de Seguridad Nacional clausurar algunos centros de detención y abaratar costos.”
“No significa que esas personas sean deportadas a México, sino que lo que se le permite al Departamento de Seguridad Nacional es hacer que esa persona espere en México. Han atravesado México, así que tienen permiso de alguna forma para llegar hasta EU. Dijo un alto funcionario del DHS, quien pidió el anonimato y aseguró que los inmigrantes tendrán que esperar en México y no en Estados Unidos, aunque indicó en que el Departamento de Seguridad Nacional aún está trabajando en los detalles operacionales”.

No cabe duda que Donald Trump esta empeñado en cumplir sus promesas de campaña y mas, emitiendo decretos y directivas de dudosa legalidad y flagantemente violatorias del derecho internacional y de los derechos humanos, decisiones unilaterales que nos afectan directamente aunque se trate de migrantes centroamericanos, haitianos, africanos, cubanos etc.

En Centroamérica las condiciones socioeconómicas lejos de mejorar han empeorado, en consecuencia se ha incrementado el número de personas que salen de sus países forzosamente expulsados por la violencia incontenible y la descomposición de las instituciones de gobierno permeadas por la corrupción y aliadas en parte con el crimen organizado, esta migración continuara y un buen número se quedara en México.

Los mexicanos en Estados Unidos se enfrentan a la separación de familias o bien a un incremento en la deportación de niñas, niños y adolescentes. México debe defender de manera enfática el derecho a la unidad familiar y promover la regularización de las personas migrantes con hijos o hijas nacidas en Estados Unidos. La agenda de México frente a la nueva agenda de los Estados Unidos, debe incluir negociaciones bilaterales que reconozcan la obligación de la defensa de los derechos adquiridos, la no separación de familias, la regularización migratoria, flujos mixtos regionales y extra-continentales, el acceso a la protección consular, la no detención de personas migrantes, entre otros temas prioritarios

México debe desarrollar una Política de Estado en materia migratoria y actualizar su marco normativo adoptando un enfoque integral que se deslinde del binomio migración-seguridad (pública, nacional, fronteriza), para abordar el tema desde una perspectiva de derechos humanos y una óptica regional, de desarrollo y de seguridad humana.

Esta nueva Política Migratoria de México debe entenderse desde un panorama regional. Debe fortalecerse la coordinación y cooperación con otros países y reforzar los espacios de diálogo y coordinación regional (como la Conferencia Regional de Migración -CRM) y organismos regionales e internacionales que apoyen en la protección de toda la población migrante y con necesidades de protección internacional. En el ámbito legislativo, se propone fortalecer el Consejo Parlamentario Regional sobre Migraciones (COPAREM) formado por diputados de Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, Republica Dominicana, que se encamine a promulgar legislaciones regionalmente congruentes y complementarias en los países de la región.

Debe reconocer que migrar es un derecho y no un problema, que las políticas de detección, detención y deportación no han sido ni efectivas ni benéficas además de requerir de grandes cantidades de recursos que bien pudieran usarse en mitigar las causas que obligan a la gente a partir. Atender al fenómeno migratorio no debe traducirse en más retenes y centros de detención migratoria o acuerdos para agilizar la logística de las deportaciones, que solo han fomentado corrupción y actos criminales en contra de los migrantes y daños colaterales de violencia extrema, militarización y mayor inseguridad interna.

A la luz de todas las consecuencias negativas asociadas con la visión del presidente Donald Trump, el gobierno de México tiene una oportunidad imperdible de deslindar nuestra política y agenda migratoria de la de los Estados Unidos y rehusarse a jugar el deplorable papel de actuar como policía fronteriza de Estados Unidos. Mas que usar a los migrantes como moneda de cambio debe transitar de la subordinación a la independencia tomando de inmediato acciones a la ofensiva tales como:

· Exigir visa de ingreso a México a los ciudadanos estadunidenses tal como la exigen a los mexicanos.

· Eliminar la visa de ingreso a México a los ciudadanos de los países del triángulo norte, países donde ningún documento migratorio se exige a los ciudadanos mexicanos.