Una vez más, las noticias de la muerte de migrantes en tránsito incita la atención nacional e internacional como lo hiciera la noticia de la trágica matanza de San Fernando en 2010.

Las autoridades estadounidenses descubrieron el 23 de julio, un tráiler que llevaba 39 migrantes. Encontraron dentro los cadáveres de 8 personas, dos personas más murieron cuando recibían atención médica y otros se encuentran en estado crítico. 25 de los 39, fueron identificados como mexicanos, de los cuales cuatro murieron y 21 siguen hospitalizados. Aún hay seis personas a las cuales no se ha podido identificar.

Diversas notas de prensa dan cuenta que la cónsul, Reyna Torres Mendivil, del Consulado General de México en San Antonio ha declarado que “estamos dando seguimiento puntual a las investigaciones para asegurarnos de que todos los responsables sean llevados a la justicia y tenemos plena confianza de que las leyes de este país serán aplicadas. Si hay alguna circunstancia en las que requieran colaboración del gobierno mexicano como parte de la investigación tenemos los mecanismos de cooperación judicial vigentes entre los dos países».

Las protocolarias voces de duelo llenan los espacios mediáticos y se rasgan las vestiduras demandando que se investigue y se lleve a la justicia a los culpables de estas trágicas muertes, sin tomar en cuenta que el criminal descuido y complicidad de las autoridades mexicanas frente al fenómeno de la migración en tránsito en nuestro país, y el nulo acceso a la justicia -donde el reino de la impunidad alanza el 98% de los casos denunciados, los descalifica para exigir con autoridad moral el respeto a los derechos humanos de los mexicanos.

México ya ha acreditado en fehacientemente su carácter internacionalmente reconocido y documentado de violador sistemático de los derechos humanos, y su responsabilidad, complicidad y omisión ante patrones de paramilitarismo, desaparición forzada, desplazamiento forzado, etc. como consta en informes y exhortos múltiples de la ONU, de la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, WOLA, informes reiterados de Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos de ciudadano/as independientes de la Unión Europea, Parlamento Europeo, y de las organizaciones mexicanas defensoras de los derechos humanos etc. etc. Ninguno de estos organismos ya se deja engañar por las permanentes y mentirosas campañas que el gobierno de México instrumenta en todos los foros internacionales presentándose como el paladín del respeto y de la defensa de los derechos humanos.

Frente al panorama de muerte que vivimos aquí, surgen inquietantes preguntas: ¿Por qué la profusa atención mediática y gubernamental en el manejo de esta triste noticia? ¿Será que desconocen la cantidad de migrantes que mueren o desaparecen a lo largo y lo ancho de la república?

Los movimientos migratorios hacia Estados Unidos del 2006 a la fecha han sucedido en medio de un importante incremento de la inseguridad que sitúa a las personas migrantes en un escenario de extorsiones, asaltos, violaciones, secuestros y muerte, situación se ha acentuado y agravado por el aumento de la violencia en México, Honduras, El Salvador y Guatemala, con los efectos de la “Guerra contra las Drogas” combinada con la política migratoria de los Estados Unidos, siempre injerencista y ahora abiertamente al mando de las políticas migratorias de México y Centroamérica gracias al nuevo dictador del imperio Donald Trump y a las constantes y cada vez más violentas acciones de detención de migrantes indocumentados por el gobierno mexicano a lo largo de todo el país que logran ser tan eficientes que un poco más del 80% no logra su propósito, siendo México el principal obstáculo de los migrantes con un porcentaje de detenciones mucho mayor que el de sus colegas estadunidenses que han subcontratado a nuestro país para potenciar los resultados de su propia patrulla fronteriza.

Agentes del Instituto Nacional de Migración, fuerzas armadas y policías de los tres niveles de gobierno, persiguen a los migrantes, impiden que aborden la “Bestia”, los empujan a los caminos más peligrosos y los entregan así a las redes del narcotráfico, y de la trata y tráfico de personas.

Miles desaparecen o mueren en México, como sucedió en las masacres de San Fernando, Tamaulipas del 2010, en las cuales estuvieron involucrados policías y el crimen organizado y donde las incontables fosas clandestinas descubiertas después, han demostrado que la tragedia de San Fernando fue una de las tantas masacres y crímenes de lesa humanidad que suceden día con día en México donde la magnitud de las actividades del crimen organizado, de sicarios, paramilitares y narcotraficantes, sitúan tanto a migrantes mexicanos como centroamericanos –y a la población en general, en permanente peligro de asaltos, levantones, desapariciones, etc., en manos de las fuerzas del orden y de sus aliados, resultado predecible de las políticas migratorias y de «seguridad» del estado mexicano que han fomentado condiciones de vulnerabilidad y criminalización de los migrantes cuando intentan ejercer su derecho a migrar con dignidad por territorio mexicano y donde los derechos a la asistencia humanitaria, asilo y santuario son pisoteadas por autoridades de todos los niveles en complicidad con sectores de la delincuencia organizada, produciendo un patrón recurrente de extorsiones, violaciones, secuestros, y asesinatos.

Son demasiadas muertes las de los migrantes en tránsito por México y en nuestra frontera norte. Una seria demasiado- pero los alcances de esta tragedia la convierten en un inadmisible e innegable holocausto migrante. Esperemos que el repudio de la comunidad internacional ante la masacre de los migrantes en México, haga reaccionar a las autoridades que, hasta ahora, han hecho caso omiso de nuestras denuncias, quejas y reclamos, pero que no tienen recato en exigir que se investigue la muerte de 10 mexicanos en territorio estadunidense en tanto que, en México, ni por error se investiga.

NI UN MUERTO MÁS – NI UN MUERTO MÁS – NI UN MUERTO MÁS