Foto: Eliana Gilet

#Siete Comunicados

#Siete Conmemoraciones
#Siete años de impunidad

Ciudad de México, agosto 23, 2017.- Ya estamos a siete años de la masacre de San Fernando, Tamaulipas, cuando 58 hombres y 14 mujeres de Centro y Sur América fueron ejecutados en un rancho. A partir del 1 de abril del 2011 se descubrieron 47 nuevas fosas en Tamaulipas con 193 los muertos, y en el mes de mayo del 2012, en Cadereyta, se dio el atroz descubrimiento de 49 cadáveres, 43 de hombres y 6 de mujeres asesinadas y desmembradas.

San Fernando es emblemático. El horror social frente a este terrible evento impidió que el gobierno de nuestro país continuara negando el trato criminal que sufren los migrantes en México, pero las masacres continúan hasta la fecha. No tenemos un recuento puntual de la gran cantidad de cadáveres no identificados que se encuentran en las fosas comunes de los cementerios mexicanos ni en otras fosas clandestinas que los familiares de los desaparecidos han estado descubriendo a lo largo y ancho del territorio nacional, además de los que nadie cuenta: los miles de migrantes desaparecidos en tránsito por México que sus familias buscan desesperadamente.

Al cumplirse 7 años de la masacre de los 72 de San Fernando, Tamaulipas, es obligatorio denunciar el secretísimo y la opacidad que ha cubierto este crimen. Los familiares no han tenido un acceso completo al expediente. El estado ha entregado miles de hojas en negro o tachonadas para evitar que se conozca la verdad sobre este crimen horrendo.

La Procuraduría General de la República (PGR), la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la Subprocuraduría de Derechos Humanos y hasta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se han negado de manera sistemática a develar los detalles de la investigación.

La justicia ha sido escamoteada y el gobierno mexicano ha quedado, una vez más, en deuda. Son muchos los agravios que han sufrido las familias. A pesar de la detención de presuntos responsables, la verdad detrás de estos crímenes no ha sido esclarecida ni los responsables han respondido ante la justicia. La autoridad no ha fincado responsabilidades a los servidores públicos que han retardado la impartición de justicia o la reparación del daño, han sido omisos en la identificación plena y fidedigna de todos los restos, y la falta de transparencia en el manejo de los casos. El Estado mexicano, no ha informado de la participación de las fuerzas armadas. Las investigaciones no han transparentado lo que sucedió, las autoridades locales y federales no han informado a las familias de las víctimas de hallazgos y el proceso de identificación de las víctimas se ha efectuada con demoras, agravando los sufrimientos de las familia quienes, en algunos casos, recibieron restos equivocados. Las familias claman por justicia y protección ante los peligros y amenazas.

La masacre de San Fernando fue perpetrada por integrantes del crimen organizado en colusión con varios policías. Un año después, en abril de 2011, al menos 193 personas fueron encontradas en fosas clandestinas en el mismo municipio y en el mes de mayo del 2012, en Cadereyta, se descubrieron 49 cadáveres desmembrados.
Estos casos son similares al ocurrido la noche del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, cuando policías municipales, coludidos con el crimen organizado, desaparecieron a 43 normalistas.

Le tomó 52 meses (22 Diciembre, 2014) a funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) reconocer que policías municipales de San Fernando, Tamaulipas, estuvieron involucrados en la muerte de migrantes hallados en fosas clandestinas en 2010 realizando labores de “halconeo, intercepción de personas y omisión en su deber en la observancia de delitos cometidos por miembros de la organización criminal ‘Los Zetas’. Eso porque fueron obligados por la National Security Archive que no cejó hasta hacer valer el derecho a la información, citando además, que recibían pago por parte de esta organización criminal, dice una nota informativa de la PGR entregada el pasado 10 de diciembre de 2014 al capítulo México de la organización estadounidense National Security Archive que logró que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) pidiera a la Procuraduría General de la República desclasificar los documentos sobre la matanza.

Por tanto, nos preocupa que el Estado quiere ocultar que la masacre de San Fernando es verdaderamente un crimen de Estado. La participación de las distintas fuerzas de seguridad e incluso de las fuerzas armadas, está implícita. Las últimas informaciones señalan al capitán Alger Francisco Alba, preso en la prisión del Campo Militar Número Uno, como uno de los autores de la masacre de San Fernando, sin que los familiares ni la opinión pública tuvieran conocimiento de esto.

Después de 7 años, hay ocho detenidos ligados a esta masacre, pero ninguno ha sido sentenciado. Exigimos saber cuántos responsables existen y también el acceso a los expedientes completos.

De igual forma, exigimos que las víctimas reciban su derecho legítimo a la reparación del daño y el acceso pleno a la justicia.

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