Desde que el ahora presidente Trump estaba en campaña, los migrantes indocumentados que residen en ese país, han vivido horas de desconcierto y de angustia al escuchar los discursos que les dedica señalándolos como criminales y violadores y terroristas y responsables de la violencia en Estados Unidos. La criminalización de los migrantes y refugiados en los discursos de Trump, ha generado un clima de agresión y propiciado una ola de ataques en contra de la comunidad migrante y refugiada, que se encuentra en una condición de gran vulnerabilidad y peligro.

Esta situación que prevalece en la comunidad latina y también en la musulmana, ha ido empeorando al ritmo de las órdenes ejecutivas que Trump ha emitido y que confirman sus temores de enfrentar una deportación sumaria.

La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos detuvo en diciembre, 2016 a 43 mil 254 indocumentados (17% más que el año anterior), en noviembre 47 mil 211 (incremento del 44 %) y en octubre 46 mil 182 (41% más).

Para el mes de enero de 2017, durante el traspaso de poderes entre los presidentes Barack Obama y Donald Trump, fueron detenidos 31 mil 575 inmigrantes indocumentados en la frontera con México.
La cifra es la más elevada de los últimos cinco años durante un mes de enero y supone un incremento del 32% respecto al mismo periodo de 2016, cuando los indocumentados detenidos fueron 23 mil 758.

Además de los arrestos, la Patrulla Fronteriza denegó el ingreso al país a 10 mil 899 personas.

Durante los primeros 40 días de su gobierno (20 de enero a 28 de febrero), la administración de Trump deportó a 17,926 mexicanos de los cuales solo 5.3% resultaron tener expedientes penales relacionados con secuestros, armas o narcotráfico y el resto 94.7% habían cometido faltas menores en su mayoría infracciones de tráfico y violaciones a las disposiciones migratorias. Estos son los “Bad hombres” de Trump.

La política migratoria de este régimen, ha vuelto a empoderar a las fuerzas de seguridad de la oficina “Immigration and Customs Enforcement” ICE, y su dependencia hermana -Aduanas y Protección Fronteriza (Customs and Border Protection (CBP) que son las dependencias policiacas más numerosas de Estados Unidos y gozan de poderes absolutos para aplicar las leyes de control fronterizo y migratorio. Ambas pueden hacer detenciones arbitrarias, colocar puntos de control en poblaciones o ingresar a propiedad privada sin orden de cateo, y no cuentan con mecanismos de rendición de cuentas, lo que ha permitido que homicidios perpetrados por agentes fronterizos queden en la impunidad, y abre la puerta para la libre actuación de aquellos propensos al abuso de poder. Recientes comentarios de oficiales de estas fuerzas policiacas versan en festejar que “finalmente ya les dejaran hacer su trabajo libremente sin las restricciones impuestas anteriormente”.

ICE tiene más de 20.000 empleados, en 400 oficinas en los Estados Unidos y en 46 países extranjeros, y la administración Trump ha pedido la contratación de 10.000 más. John F. Kelly, secretario del Departamento de Seguridad Nacional, declararó: “El Presidente Trump ha sido claro en afirmar la misión crítica de Departamento de Seguridad Interna (D.H.S.) tiene en la protección de la nación “. No hay mayor vocación que servir y proteger a nuestra nación”, agregó, “una misión que los hombres y mujeres de (ICE) realizan con profesionalismo y valentía cada día”.

Una operación típica es muy visible, implica equipos de al menos cinco miembros quienes se levantan al amanecer para hacer detenciones antes de que la gente salga a trabajar; una vez identificados, los detienen y les ponen las esposas. Los agentes llegan armados con pistolas semiautomáticas y con chalecos antibalas oscuros, golpeando las puertas y anunciándose como “policía. Muchas veces, los niños se despiertan y ven como sus padres son apresados.

Las detenciones y posterior deportación se están dando indiscriminadamente. Transeúntes son detenidos si se sospecha que son indocumentados aunque no hayan cometido ningún crimen, los detienen llevando a sus hijos a la escuela, yendo al mercado, en las iglesias, en el trabajo y en cualquier lugar.

A partir de su detención se les aísla y pierden contacto con sus familias. Cuando los deportan van sin nada más que lo que traían encima al ser detenidos. Reportan que algunos son deportados en sus ropas de dormir, sin dinero ni identificación.

Las personas deportadas que hemos entrevistado manifiestan un profundo sentido de impotencia, depresión y desconcierto, particularmente aquellos que ya no tienen lazos familiares ni comunitarios que los respalden en su lugar de origen.

El costo de las deportaciones es muy alto en términos humanos y también económicos. Las familias se separan y tienen que buscar nuevas maneras de sobrevivir. Si la persona deportada es la madre, normalmente los hijos pequeños son enviados por familiares o amigos a reunirse con ella, los adolescentes y mayores no tienen interés en ir a un México que no conocen y a un idioma que medio hablan y se quedan.

Un ejemplo de las desgracias que acarrean la detención y las deportaciones es el de una madre que fue detenida y enviada a un centro de detención migratoria. A los seis meses de estar detenida, fue acusada de abandono de menores, perdió la patria potestad y la niña fue entregada a la custodia del Estado. Muchos padres y madres cuyos hijos están bajo la custodia del Servicio Social estadunidense, después de su deportación no tienen forma ni siquiera de saber dónde están sus hijos.
A la fecha, hay unos 500,000 menores nacidos en Estados Unidos, hijos de deportados inscritos en el sistema escolar mexicano donde enfrentan múltiples retos: adaptarse a un programa escolar desconocido, tratar de entender el significado de lo que los maestros enseñan sin dominar el español ni tener idea de los contenidos, superar el constante acoso (bulling) de sus compañeros de clases. Esto aunado a la falta de programas de reinserción y a la falta de capacidad de sus mayores de como bregar con este trauma que comparten con sus hijos, hace que esta niñez pase por una difícil situación de desconcierto y depresión que seguramente tendrá consecuencias para su futuro.

Por otra parte, la perdidas económicas producto de las deportaciones son mayúsculas, muchos pierden sus casas cuya hipoteca se deja de pagar, y se pierden todos los derechos adquiridos por años de trabajo y tributación a pesar de la muy importante contribución que hacen a las economías tanto de México como a la de los Estados Unidos.

La población de origen mexicano en los Estados Unidos suma unos 36 millones, de estos 24.5 son de segunda y tercera generación, mientras que 11 millones son nacidos en México, 5.8 millones son indocumentados y el resto ya resolvió su situación migratoria. Casi 70% de la población indocumentada tiene más de 10 años de haber llegado. Se calcula que los 25 millones de trabajadores migrantes mexicanos de primera y segunda generación, aportan el 8% del producto interno bruto a la economía estadunidense.

La Administración del Seguro Social (SSA), estima que los trabajadores no autorizados han pagado unos $ 100.000 millones de dólares al Fondo Fiduciario de la Seguridad Social del 2004 al 2014. Sin embargo, como estas personas están en los Estados Unidos indocumentados, es poco probable que puedan beneficiarse de sus contribuciones.

Los trabajadores no autorizados pagan unos $ 13,000 millones de dólares al año en impuestos de seguridad social y sólo obtienen alrededor de $ 1 mil millones en devoluciones, dejando en el Fondo una aportación neta de $ 12,000 millones de dólares, con cifras que proporcionó el actuario en jefe de la SSA, quien estima que 7 millones de personas indocumentadas están trabajando actualmente en los Estados Unidos.

Mientras que en México, las remesas enviadas alcanzaron un total de 26.970 millones de dólares en 2016, (cifra del Banco de México). Michoacán es el estado que más depende de estos ingresos, ya que las remesas equivalen al 9.9% de su PIB. En Guerrero, esta cifra es del 7.8%, y en Oaxaca del 7.4%. En conjunto, equivalen a un 2.3% del PIB nacional, el mayor porcentaje en seis años.

Estas remesas que los migrantes envían para que sus familias sobrevivan constituyen un verdadero “impuesto a la pobreza”, que por un lado, alivia la situación de los familiares y evita estallidos sociales, y por otro limita las posibilidades de prosperar de los migrantes en Estados Unidos al mermar sus magros ingresos en un 10% promedio que se calcula destinan los migrantes para sus envíos a México, además, las contribuciones directas de remesas de migrantes al erario vía el IVA al consumo en el mercado interno, de acuerdo al Banco de México suman $ 5,000 millones de dólares.

Sin embargo en el presupuesto aprobado para este año en México, (PEF-2017), se destinó solamente el .0000001% del PIB para la atención de las comunidades migratorias y de sus familiares.

La comparación del presupuesto federal versus este “impuesto a la pobreza” deja muy claro que no se aplican ni se consideran las más elementales reglas de compensación tributaria.

El presupuesto asignado a la defensa de los migrantes refleja el abandono del gobierno de México a sus ciudadanos en el exterior que constantemente han manifestado que sólo son importantes y tildados de “héroes” cuando el gobierno contabiliza el monto de las remesas enviadas, nunca presentes para defender sus derechos ni atender sus múltiples necesidades. Sin embargo, al calor de los insultos y amenazas del nuevo presidente de los Estados Unidos, las autoridades Mexicanas se han sentido obligadas a defenderlos a través de una verdadera avalancha de declaraciones donde se ofertan estrategias múltiples para atender la crisis de los migrantes mexicanos en los Estados Unidos y los migrantes en retorno y deportados.

Independientemente de que la mar de ofertas de apoyo se traduzcan en solo buenas intenciones o solo en retorica políticamente correcta, la realidad es que será muy difícil que el gobierno de México tenga la capacidad de incidir en la defesa particular de cada uno de los mexicanos agraviados.

El presupuesto federal de país, ha estado sometido a recortes importantes particularmente en los rubros sociales debido fundamentalmente a la merma de recursos provenientes de la actividad petrolera que ha sido transferida a la iniciativa privada, a la disminución del crecimiento económico y la tendencia se mantiene a la baja. El horizonte cercano parece indicar que la capacidad de maniobra del gobierno mexicano estará severamente limitada en particular frente a las negociaciones pendientes del Tratado de Libre Comercio que, a pesar que golpeó dramáticamente a la microeconomía, concentró la riqueza en pocas manos favoreciendo el incremento de la desigualdad, destruyó la producción agrícola mexicana y expulsó del país a 3 millones de campesinos mexicanos, fue eficaz en consolidar los indicadores macroeconómicos que ahora parecen estar amenazados por las intenciones del Presidente Trump.

Entre tanto, los migrantes mexicanos en Estados Unidos están siendo deportados al ritmo de cerca de 800 personas cada día, aun antes que la aplicación de las nuevas disposiciones migratorias hayan tenido tiempo de consolidarse, mientras que las medidas de apoyo, hasta este momento siguen siendo buenas intenciones.