El 12 de octubre supimos que México iba a recibir a personas venezolanas expulsadas a través de la frontera con Estados Unidos, ese mismo día inició el proceso. De la noche a la mañana, miles de personas venezolanas que venían en camino, a través de 7 países, para buscar protección fueron echadas por la frontera sin aviso previo y sin claridad sobre sus opciones en México. Como se ha hecho común en este sexenio, la Secretaría de Relaciones Exteriores publicó un comunicado explicando que el gobierno había decidido recibir a esta población por razones humanitarias, como si ponerlo por escrito lo hiciera real.

Nuevamente, México estaba colaborando con el gobierno estadounidense en prácticas ilegales de contención migratoria a cambio de facilidades migratorias para la población mexicana, y del silencio sobre la militarización y la estrategia energética del país. Al igual que en otros momentos -en 2019 con el Programa “Quédate en México” o en 2020 con Título 42-, el gobierno mexicano empezó a recibir personas sin ningún plan o programa que pudiera ayudar a las organizaciones y los albergues a planear, a entender cómo el gobierno iba a recibir a las personas, dónde iban a dormir, qué iban a comer, y qué documentos migratorios les iban a entregar. Otra vez, el costo lo asumirán las personas con necesidades de protección.

Desde el inicio, el Instituto Nacional de Migración (INM) dejó ver que su apuesta no era la protección de las personas sino su desgaste. Desde Estados Unidos mandaban en avión o autobús a las personas a puertos de entrada lejos de donde habían cruzado (traslados laterales). En México, migración les daba oficios de salida de 10 o 15 días y luego las trasladaba a Piedras Negras, a Querétaro, a Villahermosa, y las dejaba en la calle. Otros camiones llegaban a la Ciudad de México, dejando a miles de niñas, niños, mujeres y hombres -muchas familias- en la calle, afuera de la oficina de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados o de la Central de Autobuses del Norte.

En el sur, el INM instaló un “módulo de atención” en San Pedro Tepanatepec, un pequeño municipio de Oaxaca, para alejar a las personas de Tapachula, obligandolas a caminar 291 kilómetros, pasar 19 retenes, y esperar 10 días o más para obtener una Forma Migratoria Múltiple (FMM), válida por 7 días únicamente en Oaxaca, aún si las autoridades sabían que las personas necesitaban llegar a otra ciudad. La finalidad, que las autoridades en Veracruz, Puebla u otros estados pudieran detener a las personas nuevamente, extorsionarlas o romper sus documentos, dejándolas, otra vez, en una situación migratoria “irregular”.

En la Ciudad de México, con la llegada de personas desde el sur y norte del país, los albergues, que cuentan con una capacidad total de aproximadamente 500 espacios, han estado sobresaturados con más de mil personas. Otras miles están durmiendo en la calle, afuera de las oficinas de la COMAR, de la Embajada de Venezuela, las estaciones de camión, en los parques, el Zócalo, donde pueden encontrar un espacio. Las organizaciones, albergues, empresas y agencias internacionales llevan más de dos meses brindando comida a estas poblaciones, proporcionando atención médica, canalizándolas a espacios disponibles, y entregando información.

Estamos frente a una situación humanitaria que el gobierno federal tiene la obligación de atender, se comprometió a recibir a esta población y brindarles atención humanitaria. Mientras que el gobierno de Ciudad de México, a pesar de las múltiples reuniones, cartas, y conferencias de prensa, no ha querido abrir un espacio para atender a esta población. No hay voluntad política, y como la ciudad es tan grande que no se notan las miles de personas durmiendo en la calle, y el ciclo mediático se cansó, no hay costo político. Como me escribió una colega, “hay personas -muchas niñas y niños- durmiendo en un lugar terrible afuera de la terminal del norte que le llaman la cueva. Me da pena como mexicana esta situación”. A mí me da pena como ser humano, y me da rabia el nivel de violencia institucional contra quienes están tratando de ayudar a estas poblaciones vulnerables, el cinismo de las autoridades y el trato a las organizaciones, como si estuviéramos inventando la realidad.

La única respuesta del gobierno que hemos visto, es la promoción de “vuelos humanitarios” de regreso a Venezuela. Desde las primeras semanas, la Embajada de Venezuela empezó a ofrecer un descuento del 50% en vuelos comerciales hacia su país. El gobierno mexicano empezó a colaborar enviando 8 vuelos charter con Viva Aerobus desde la Ciudad de México a Caracas. Además, han habido 3 o 4 vuelos de Conviasa, la línea aérea del Estado venezolano, que han salido del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. No hay forma de calcular el número de personas que han sido regresadas a Venezuela. Tampoco sabemos: ¿cómo el gobierno mexicano está llevando a cabo las evaluaciones de necesidades de protección de las personas retornadas?, ¿cómo se está asegurando que las personas se van de forma voluntaria y que no tienen riesgos a su regreso? y ¿cómo se está garantizando el derecho de no devolución? No hay respuestas, solo tenemos pistas a través de testimonios.

Un día antes de que María y Dalia tomarán su “vuelo humanitario” de regreso a Venezuela, pudimos hablar con ellas. Nos dijeron que estaban cansadas, derrotadas, que habían pasado por situaciones inimaginables en su camino desde Venezuela, pasando por Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala y el infierno de las autoridades abusivas en México –solo para enterarse que Estados Unidos había cerrado la frontera a la población venezolana. No tenían dinero ni documentos migratorios, no tenían trabajo ni esperanzas, la única opción era regresar a Venezuela, aún si allá no tenían casa ni trabajo, pero sí miedo de lo que les podría pasar por ser consideradas “traidoras a la patria”, ¿hasta qué punto podemos considerar que esta pareja iba a “retornar voluntariamente”, si estaban regresando porque no encontraban otras opciones?.

Las apoyamos para que pudieran ser parte del parole humanitario, programa para la población venezolana anunciado por el gobierno estadounidense el 19 de octubre. Hoy están emprendiendo una nueva etapa en Estados Unidos, gracias a su perseverancia, a las organizaciones y los albergues que apoyan todos los días, tratando de subsanar el maltrato y los actos ilegales de los gobiernos de la región.