Brenda tiene 26 años de edad y los últimos ocho ha trabajado como cocinera en un pequeño restaurante de Tapachula. Desde entonces, cada dos meses envía dinero a sus hijos, Héctor y Lucas, de 10 y 11 años de edad, quienes se quedaron al cuidado de su abuela en Honduras.

A pesar de que Brenda logró regularizar su situación migratoria el año pasado, no cuenta con permiso de trabajo. El dueño del restaurante no quiso hacer el trámite para registrarse como empleador ante el Instituto Nacional de Migración y entregarle una carta de oferta de empleo a Brenda. Por lo tanto, ella continúa empleada de manera irregular e informal, donde el precario salario y condiciones laborales no corresponden a la larga y cargada jornada.

Cada dos meses desde hace ocho años, Brenda envía dinero a su mamá y a sus hijos en San Pedro Sula, ya que dependen enteramente de sus remesas para sobrevivir. Quisiera hablar con ellos por teléfono más seguido, pero le resulta muy caro y la conexión es mala. Prefiere ahorrar a fin de enviarles dinero para los útiles de la escuela o para irlos a visitar una vez al año.

Las trabajadoras migrantes aportan al desarrollo de la región con su trabajo, el envío de remesas y sus cuidados. Estudios internacionales han demostrado que las mujeres juegan un papel creciente en el envío de remesas. No sólo son remitentes más confiables y constantes que los hombres, sino que envían porcentajes más generosos de sus salarios y de forma más frecuente.

A diferencia de la migración de los hombres, además, la migración de las mujeres genera cadenas de cuidado. Por ejemplo, mientras Brenda prepara alimentos para las familias tapachultecas, Mati, la madre de Brenda, cuida y da de comer los hijos de Brenda.

La familia de Brenda es una familia transnacional. Sin embargo, ejercer una maternidad trasnacional en sus condiciones es complicado:

En primer lugar, destaca la precariedad de las condiciones laborales de Brenda. Antes que cumplir los requisitos de trabajo digno, en el restaurante prevalecen los abusos y la falta de acceso a derechos. Con frecuencia resuenan las amenazas del dueño con acusarla ante migración si no cumple con las horas extra sin goce de sueldo. Si Brenda contara con autorización para trabajar, se sentiría más segura para ejercer y demandar sus derechos como trabajadora. Sin embargo, para alcanzar esta autorización depende de su empleador.

En segundo lugar, los costos del envío de remesas tampoco facilitan la maternidad trasnacional de Brenda. En los corredores sur-sur, como es el de Tapachula, Chiapas (México)-San Pedro Sula (Honduras), los costos de envío de dinero suelen ser más altos debido a la falta de desarrollo financiero en general, a la ausencia de competencia en el mercado de remesas y a las altas comisiones de cambio de divisas en ambos puntos de la transacción. Brenda no siempre puede cubrir estos costos, por lo que ha llegado a encargar a alguien que viaja a su país de origen el envío del dinero. Después de varios engaños y robos, no lo considera la mejor alternativa.

En tercer lugar, su maternidad trasnacional no se ha visto favorecida por la globalización y el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación. En México aún no se han democratizado los precios de las llamadas internacionales. Con el salario mínimo de un día de trabajo, Brenda puede realizar una llamada de 10 minutos por teléfono público a sus hijos desde Chiapas a una localidad en Honduras -o una llamada de 4 minutos por teléfono celular. Brenda tampoco recurre a los mensajes de texto para comunicarse con su mamá y sus hijos, necesitarían celular y conexión a internet.

Así como la migración puede ofrecer nuevas oportunidades y empoderamiento económico a las mujeres, también puede poner en peligro sus derechos humanos y su seguridad. El resultado depende en gran medida de la política migratoria.

En la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, los Estados se comprometieron a proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios. Una manera de favorecer la garantía de estos derechos, es el acceso a una documentación migratoria con autorización para trabajar. Los Estados resolvieron facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas.

México puede contribuir a garantizar de manera efectiva los derechos de las trabajadoras migrantes, si la regularización migratoria y las tarjetas de visitante regional incluyeran la autorización para trabajar. Brenda, forma parte de las 20 mil mujeres centroamericanas que viven en Chiapas, la mayoría sin autorización para trabajar. Cada año alrededor de 55 mil mujeres entran a México con una tarjeta de visitante regional y más de la mitad trabaja (sin autorización). Frente a esta población, sólo 2 mil mujeres centroamericanas cuentan con documentación que les permite trabajar de forma temporal al año.

Además de la autorización para trabajar, también es necesario mejorar la inspección general del trabajo, garantizar el acceso a la denuncia y la justicia a las trabajadoras migrantes, y sancionar a los responsables de la violencia contra las mujeres migrantes en el trabajo. Todas estas recomendaciones ya se las ha formulado a México el Comité para los Derechos de los Trabajadores Migrantes de Naciones Unidas y su cumplimiento está pendiente.

Cuando México garantice los derechos de las trabajadoras migrantes como Brenda, no sólo motivará el respeto de sus derechos por parte de privados, sino que ampliará los derechos formales de toda la ciudadanía. Por ejemplo, cuando se cumplan las condiciones de trabajo digno en el restaurante donde trabaja Brenda, también sus compañeras mexicanas podrán ejercer y disfrutar sus derechos como trabajadoras.

* Gabriela Díaz Prieto colabora en IMUMI como responsable de proyectos de investigación.

Twitter:@imumidf