Migrar nunca es un proceso lineal ni consecuencia de una sola causa, por el contrario, es un camino de peligros, soledad, vulnerabilidad y precarización, enmarcados en un contexto de políticas migratorias de criminalización y contención. En este escenario, la labor de las defensoras de los derechos humanos de las personas migrantes es fundamental. Ellas intentan construir seguridad, acompañamiento y empoderamiento, a través de la asistencia psicosocial, jurídica y humanitaria.

Su labor se enmarca en un sistema estructural de discriminación y desigualdad, donde su trabajo no tiene la misma visibilidad ni el mismo valor que el de sus pares hombres, por lo que es importante conocer y entender la participación de las mujeres como defensoras de derechos humanos a la luz de la perspectiva de género. “Cuando nosotras salimos a las calles con pancartas exigiendo que se conformará una comisión de búsqueda de nuestros familiares migrantes, los medios reportaron: ‘grupo de cuatro señoras revoltosas buscan a sus hijos’, deslegitimando nuestra lucha”, Edita, integrante del Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Progreso, Honduras.

La violencia que viven las defensoras es atravesada por su condición de género. Mientras los defensores enfrentan violencias relacionadas con su vida pública, las defensoras enfrentan amenazas a su integridad física y la de sus familias, agresiones sexuales, violaciones, hostigamiento sexual y laboral, amenazas contra sus hijas e hijos, campañas de difamación y feminicidio. Las agresiones impactan su salud física y mental, pero también tienen eco en los movimientos sociales, en algunos casos, generan desarticulación y cambios en las temáticas de trabajo. La mayoría de las agresiones son perpetradas por actores estatales y quedan en impunidad.

En el caso de las defensoras de los derechos humanos de las personas migrantes, sus contextos de trabajo y trayectoria están estrechamente relacionados con las políticas migratorias de México y Estados Unidos. Muchas alzan la voz desde sus propias experiencias de injusticia como mujeres migrantes, convirtiéndose en actores sociopolíticos estratégicos en la promoción de los derechos humanos de las personas migrantes. Así, desde sus propias historias de vida van construyendo liderazgos y visibilizando los contextos que enfrentan las poblaciones migrantes. Además de apostar por el trabajo en red, como una forma de generar estrategias de subsistencia, protección y defensoría regionales.

Desde las políticas de deportación aplicadas por la administración de Barak Obama, las acciones de disuasión de Donald Trump, la llegada de mujeres venezolanas solicitantes de protección, hasta las “caravanas” de 2018, la agencia política de las mujeres migrantes como defensoras de derechos humanos se ha fortalecido, aún si la criminalización de las personas migrantes y el enfoque punitivo de las políticas migratorias, tanto en México como en Estados Unidos, han generado más riesgos para las defensoras y la población migrante debido a las condiciones de inseguridad y las dificultades para sostener la asistencia humanitaria. Por ejemplo, con la implementación de la política “Quédate en México”, que regresaba a la frontera norte mexicana a solicitantes de asilo en Estados Unidos, las defensoras se enfrentaron a amenazas e intimidación por parte de los grupos criminales, quienes las consideraban un obstáculo en su labor delictiva. Mientras que, con la participación, desde 2019, de la Guardia Nacional en labores de contención migratoria -actualmente más de 30 mil elementos desplegados en las fronteras mexicanas- las defensoras han denunciado agresiones físicas y sexuales y un contexto de intimidación que amenaza con socavar su lucha.

En 2022, Amnistía Internacional informó que las defensoras continúan viviendo altos niveles de violencia y uno de los principales problemas es la impunidad. Por su parte, la relatoría especial sobre la situación de las y los defensores de derechos ha señalado que, a pesar del avance legislativo, la violencia generalizada en México y la militarización de la seguridad pública generan un clima de graves violaciones a los derechos humanos de las y los defensores. Se producen ejecuciones extrajudiciales, tortura, desapariciones forzadas y feminicidios. De acuerdo con Amnistía Internacional, desde diciembre de 2018 hasta septiembre de 2021, 94 defensoras y defensores de derechos fueron asesinados, de los cuales 23 eran mujeres.

La relatoría también señala que la criminalización de las y los defensores afectan a toda la sociedad, genera un clima de intimidación que les obliga a dedicar más recursos para defenderse, limitando sus posibilidades de acción. En el caso de las defensoras de los derechos de las personas migrantes, se enfrentan a riesgos particulares porque a menudo brindan asistencia humanitaria, lo que las deja especialmente vulnerables a amenazas y extorsiones del crimen organizado y funcionarios de Migración, quienes las acosan y deslegitiman, además de detenerlas y deportarlas.

Finalmente, es importante mencionar que, aunque desde 2012 existe en México la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y con ella la creación del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, este carece de una perspectiva de género y su desempeño no llega a ser una herramienta confiable y accesible para las defensoras de derechos y periodistas. Tampoco existen estadísticas oficiales sobre cuántas defensoras de los derechos de las personas migrantes han vivido violencias por su labor, de dónde son y cuáles son las agresiones que viven, las pistas que se tienen son a partir de la documentación y sistematización de las propias organizaciones de la sociedad civil, por lo que es necesario fortalecer la figura de las defensoras de derechos humanos y colocarlas en el centro del análisis de los movimientos sociales, ya que ellas son las que llevan a cabo gran parte de las acciones que derivan del vacío de protección de derechos de las personas migrantes por parte del Estado mexicano.