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El pasado 19 de febrero inició la primera fase de lo que puede ser el principio de la restauración de la dignidad para más de 28 mil 449 personas solicitantes de asilo en Estados Unidos, con casos abiertos, que fueron regresadas a México, desde 2019, a esperar la resolución de sus procedimientos ante las cortes estadounidenses bajo el Protocolo “Quédate en México”, también llamado Migration Protection Protocols (MPP) y “Remain in Mexico”.

La mayoría proviene de Centroamérica y salió de su país para salvar su vida ante la violencia de la que fueron objeto. Todas buscaban un lugar seguro para ellas y sus familias. Sin embargo, para los gobiernos, estadounidense y mexicano, eso fue secundario, por encima de la vida y el bienestar de las personas colocaron sus intereses políticos. El 20 de diciembre de 2018, la administración de Donald Trump anunció esta política y el gobierno de México la aceptó.

De acuerdo con The Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) del 29 de enero de 2019, cuando fue regresada la primera persona por Tijuana, a diciembre de 2020 se devolvieron al país 70 mil 454 personas. Del total, 42 por ciento fueron mujeres y 30 por ciento menores de edad.

Aunque el gobierno mexicano les prometió acceso a educación, empleo, salud, vivienda y un documento migratorio, no cumplió. “El gobierno de México recibirá por razones humanitarias a esta población…” señalaba el boletín 14 de la Secretaría de Relaciones Exteriores de diciembre de 2018. Pero nada de humano tuvo el programa, por el contrario sometió a la población a niveles altos de violencia.

Organizaciones de la sociedad civil de Estados Unidos y México realizaron diversas acciones jurídicas para frenar ese programa, y documentaron el maltrato, el olvido, la impunidad, la persecución sistemática, el uso desproporcionado de la fuerza y los abusos de poder por parte de las autoridades mexicanas. Lejos quedó el acceso a representación jurídica, interpretación, elementos del debido proceso.

Desde que comenzó “Quédate en México”, la organización Human Rights First inició la documentación de eventos violentos contra las personas regresadas a México. En 24 meses registró 1,314 eventos de violencia perpetrados principalmente en la frontera norte de México, la mayoría dan cuenta de secuestros y violaciones cometidas por policías y agentes de migración mexicanos y el crimen organizado. Las víctimas, en el 90 por ciento de los casos son mujeres y familias con niñas, niños y adolescentes. Todas con un común denominador, solicitantes de asilo en Estados Unidos regresadas a territorio mexicano bajo MPP. Sufrieron esos eventos antes o después, incluso en ambas ocasiones, de ser regresadas al país.

Las narraciones son crudas. Todas permanecen impunes: 1,314 eventos violentos que pudieron evitarse, sin embargo, ya dejaron secuelas traumáticas en la vida de miles de niñas, niños y familias. A la fecha, el gobierno mexicano no ha asumido su responsabilidad, no sólo de aceptar una política inhumana y contraria a la Constitución, sino que condenó a las mujeres, la niñez y la adolescencia a vivir experiencias indignas.

“Es muy cruel lo que nos hacen, nosotras sólo buscamos un lugar seguro para vivir porque en nuestro país nuestra vida y la de nuestros hijos corre peligro. A mí me mataron a mi esposo y un hijo de 8 años”; “Ellos nos golpearon repetidamente, nos quitaron la ropa, a mí y a mi hija de 9 años, y nos violaron”; “Mi hija de 7 años me dijo que no quería morir, luego de escuchar a nuestros secuestradores decir que a quienes no pagaran el rescate los matarían”; “A mis dos hijas, de 7 y 10 años, las amenazaron con violarlas cuando estábamos secuestrados”; “En el campamento, un día en la mañana al despertar mi hija de 9 años estaba sin ropa y temblando, la habían violado”; “Un niño de 3 años fue secuestrado junto con su mamá, quien fue violada frente a él”; son parte de los testimonios que se leen en el documento.

De los 0 a los 5 años de edad es una etapa esencial en el crecimiento de cualquier niña o niño, tiempo en el que todas las personas adquieren recursos físicos, cognitivos, emocionales y sociales para alcanzar su bienestar. Si éstos son interrumpidos por alguna experiencia adversa tendrán un impacto en la generación de recursos psicosociales. Aunque a cualquier edad vivir un evento traumático tendrá consecuencias en el bienestar emocional, físico y social. El impacto que el gobierno mexicano ha permitido que vivan esas niñas y niños es incalculable.

Aunque las organizaciones de las sociedad civil insistieron desde el día uno que ese era un programa inhumano y que colocaba en grave riesgo a la población que buscaba un lugar seguro para vivir, hubo quienes no sólo no hicieron nada sino que los condenaban y señalaban: “para que están aquí, que se regresen a su país”; “si ya saben que México es peligroso, que hacen aquí”; “también hay muchos mexicanos que viven eso”, se podía leer en redes sociales cada vez que se denunciaban las condiciones en las que se encontraba esa población. Otros, como las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación llevan casi un año sin pronunciarse contra la participación del Estado mexicano en políticas migratorias (“Quédate en México”) violatorias de derechos humanos y de la Constitución mexicana, resultado de un amparo (302/2020) promovido en 2019. O la Fiscalía General de la Republica donde se encuentra, desde el pasado 15 de diciembre, una denuncia por los secuestros cometidos.

Las mujeres y sus familias, incluidas niñas y niños, llevan más de 650 días viviendo con miedo, ansiedad, estrés, estados permanentes de alerta, en casas de campaña desgastadas, en campamentos improvisados, con experiencias que les impedirán desarrollar su potencial. A los gobiernos se les olvidó que independientemente de su nacionalidad o estatus migratorio, son niñas y niños.

Desde el 20 de enero de 2021, cuando el presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva para poner fin al programa se abrió una esperanza de cambiar la vida de esta población. El 11 de febrero el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció la primera fase para restaurarles un proceso de asilo justo. El 19 de febrero dio inició en Tijuana, y en los siguientes días en otros puntos de entrada como Matamoros –lugar donde se estableció un campamento que llegó a tener más de 15,000 personas-, y Ciudad Juárez. Las personas con casos abiertos deben inscribirse en la plataforma Conecta donde les darán información sobre los pasos a seguir para su entrada a suelo norteamericano.

Aunque este desastre humanitario es compartido entre los gobiernos de México y Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha guardado silencio y no se ha pronunciado sobre cómo facilitará información, brindará apoyo humanitario y garantizará la integridad física de las personas bajo “Quédate en México” ante la violencia que viven. Si las cosas “ya no son como antes” no puede simplemente guardar silencio o minimizar los eventos de violencia que vivió (vive) esta población.  

Ninguna persona que huye de la violencia y la persecución merece vivir con miedo y con la indiferencia de las autoridades, mucho menos las niñas y los niños. Tú, ¿qué estarías dispuesta a hacer por el bienestar de tus hijas e hijos, de la niñez en nuestro país?, es momento de tomar acción, de restaurar la dignidad de las personas.