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Hace 8 años, Fernanda llegó a nuestra oficina buscando apoyo para recuperar a su hijo Ernesto. Ella vivía en Estados Unidos, donde nació su hijo. A los 2 meses de nacido, fue detenida por migración y posteriormente deportada a México. El niño quedo a cargo del Sistema de Bienestar Infantil. En México, Fernanda no encontró apoyo ni respuestas. A la par, corría el tiempo para recuperar la custodia de Ernesto ante una de las cortes familiares en Estados Unidos.

Cuando Fernanda tocó el timbre del IMUMI, el tiempo se había agotado. Había perdido sus derechos de maternidad, y Ernesto había sido dado en adopción. Lo único que pudimos hacer fue inscribirla en el registro de adopción estatal, por si algún día su hijo quiere averiguar sobre su madre biológica.

Buscando alternativas para Fernanda, comenzamos a intercambiar información con nuestras aliadas en Estados Unidos, pronto descubriríamos que la separación familiar de personas migrantes era una situación común. Con el recrudecimiento de la política migratoria interna en ese país, el número de personas deportadas con familias, trabajos, y muchos años de vivir allá, había llegado a un nivel sin precedentes. Por aquellos años, se hablaba que desde 1998 más de 660,000 menores de edad se habían visto afectados por dichas deportaciones.

Aunque el tema comenzó a explorarse primero en Estados Unidos, lo importante era averiguar qué estaba haciendo el Estado mexicano; cuántas familias estaban siendo separadas; qué instancias gubernamentales eran las involucradas; cuál era el apoyo (jurídico y emocional) para las madres y/o padres que estaban separados de sus hijas e hijos. No había respuestas claras, y parecía que el tema no estaba en el radar ni de las autoridades, ni de los medios de comunicación, ni de las organizaciones de la sociedad civil. La separación de familias transnacionales no es nueva, al menos para nosotras.

Luego de la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos y su política anti inmigrante, anti derechos humanos, y racista, era claro que teníamos que estar listas para las acciones masivas encaminadas a frenar la migración a cualquier precio. En este proceso, el eslabón más débil serían las familias. Primero busco generar un clima de miedo e incertidumbre al interior del país, con las familias migrantes que tienen muchos años viviendo allá; luego al terminar con el Programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA) -que beneficia a 800 mil personas, 80% nacidas en México. 25% del total de las personas beneficiarias de DACA tienen hijas e hijos nacidos en ese país.

El pasado mes de mayo vería los impactos de una de las medidas que ya estaba en marcha, el cierre de su frontera con México para quienes intentaban solicitar asilo en las garitas de Estados Unidos. Los ojos de la región se volcaron hacía Trump, su política de cero tolerancia, y la separación forzada de familias. Trump, había tocado una de las ‘instituciones’ que genera mayor empatía, la familia.

Organizaciones de la sociedad civil, gobiernos, academia, periodistas se pronunciaban contra esa política y llamaban a ponerle fin, y a no seguir separando familias. Entre mayo y junio se contabilizó poco más de 2000 casos, la mayoría de familias provenientes de Centroamérica, sólo el 1% son de México. Casi en su totalidad son familias con necesidades de protección internacional, porque sus vidas corren peligro en sus países.

Tras semanas de presión internacional y con una actitud de condescendencia, el 20 de junio, paradójicamente la fecha en que se conmemora el Día Mundial de las Personas Refugiadas, Trump firmó una Orden Ejecutiva para frenar la separación familiar, sin embargo es sólo una simulación, ya que estas familias permanecerán detenidas por un tiempo que no es claro, y tampoco les garantiza la revisión de su caso para aceptar su solicitud de asilo. “Aún así tenemos que seguir siendo duros…”, señaló Trump durante la firma de dicha orden.

Hablar de las múltiples violaciones a derechos humanos; los estragos psicológicos y emocionales que estas familias afrontan y afrontarán; la violación de tratados internacionales, como lo señalado por el Comité de la Convención de los Derechos de la Niñez: “ningún niño o niña debe ser criminalizado y sujeto a medidas punitivas y de privación de su libertad por su estatus migratorio o el de sus padres…” es mera retórica en estos momentos, o son palabras constantes que hemos visto, escuchado o leído en las últimas semanas.

Lo realmente importante es saber qué está haciendo el gobierno mexicano para apoyar a las familias separadas; cómo está trabajando con los países centroamericanos; porqué hasta ahora la separación de familias migrantes se convirtió en noticia; qué sucede con todas las “Fernandas” en México; qué pasa con las familias separadas que tenían años viviendo en Estados Unidos; qué medidas está tomando nuestro país para garantizar la inserción social de las familias deportadas; o cuáles son las propuestas de los candidatos presidenciales sobre las familias migrantes transnacionales.

Así como cuál es nuestro papel como organizaciones de la sociedad civil; como medios de comunicación (más allá de las notas, que dicho sea de paso, la mayoría sólo refuerzan los discursos gubernamentales); como academia; como población de a pie. Alguien se ha preguntado qué hace nuestro país con las familias centroamericanas que solicitan asilo, con la niñez migrante -algunos han comenzado a reportarlo.

Este 30 de junio se ha llamado a una movilización masiva en Estados Unidos, y algunas organizaciones, en diferentes países, se han sumado, no sólo para decir alto a la separación de familias migrantes, sino para increpar a los gobiernos, a las y los legisladores, a las instancias internacionales, y a la sociedad sobre su responsabilidad para frenar políticas migratorias que atentan contra la dignidad humana. Si quieres sumarte a alguna movilización, en Estados Unidos ingresa a familiesbelongtogether.org, y en México a Deportados Unidos en la Lucha.