En junio de 2018, los pueblos mayas de la península ganaron definitivamente un proceso judicial contra el llamado “Acuerdo para la sustentabilidad de la península de Yucatán” (ASPY), que fue declarado “insubsistente” por un Tribunal de Quintana Roo, hasta que las autoridades cumplan las condiciones de la demanda que emprendieron las organizaciones del Consejo Regional Indígena Maya de Bacalar, la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Muuch´Xíimbal y el Colectivo de Semillas Nativas Muuch Kanan I´ínaj, acompañados por la organización Educe y asistidos jurídicamente por el abogado Raymundo Espinosa de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales.

Paradójicamente, ante su victoria, los pueblos mayas recibieron críticas y nuevos ataques de parte de autoridades, de grandes ONG e instituciones, acusándolos de oponerse a la “sustentabilidad” en la península. Como si no fueran ellos los que han estado ahí desde siempre, viviendo en armonía con esa tierra privilegiada, enormemente diversa en fauna y vegetación, rica en bosques, agua, con sistemas hídricos únicos como los cenotes. Territorios que por todo ello, han tenido que defender de la codicia de conquistadores de muchos tipos desde hace siglos.

En el comunicado sobre la sentencia, las organizaciones afirman “Vemos que quieren venir a imponernos un modelo, según ellos sustentable, pero que no atiende los intereses del pueblo maya, sino que al ser elaborado por gobiernos y empresas, responde a intereses muy ajenos a los nuestros. Cuando ellos dicen que intensificarán la agricultura de manera sustentable, vemos que significa más sembradíos de monocultivos, con esa soya que promueven, que no se compara con la sustentabilidad de nuestro modelo de milpa maya que nos quieren arrebatar. Cuando dicen que intensificarán la ganadería sustentable, vemos que lo que quieren imponer son mega granjas porcícolas que dañan nuestro modo tradicional de vivir y convivir en armonía con la naturaleza.”

El capitalismo “verde” se presenta de nuevas formas. Avanza la devastación ambiental y con el desastre, los mismos que la causan buscan formas de hacer nuevos negocios. Ahora, el caos climático y la necesidad de reducir emisiones de gases de efecto invernadero, es la excusa de moda para invadir territorios de comunidades indígenas y campesinas, sea para apropiarse de sus bosques para vender créditos de carbono o para instalar grandes parques eólicos y fotovoltaicos, o para lo que llaman “intensificación agropecuaria sustentable”.

Todos estos elementos se conjugan en el ASPY, firmado entre los gobernadores de los tres estados de la península (Campeche, Quintana Roo, Yucatán) en 2016. Lo anunciaron con bombos y platillos aprovechando el contexto de la 13ª.Conferencia global del Convenio de Diversidad Biológica que se realizó en Cancún ese año. Asistieron entusiasmados empresarios, instituciones académicas y ONGs internacionales con larga y turbia historia de biopiratería y de ser agentes de ventas del capitalismo verde, como The Nature Conservancy.

Pero para los pueblos mayas, nombrados en el ASPY como objeto del acuerdo pero nunca consultados, esta llamada “sustentabilidad” no es más que otra afrenta. Llevaban ya una intensa lucha contra la siembra de soya y maíz transgénicos, contra la muerte de sus abejas y la amenaza a la apicultura tradicional por los agrotóxicos y transgénicos, contra la deforestación y la contaminación de aguas y suelos causada por la invasión de empresarios menonitas que arrasan todo con tractores y cadenas para sembrar monocultivos industriales con alto consumo de agrotóxicos y hasta transgénicos en forma ilegal, y ahora tuvieron que enfrentar también esta iniciativa de lobo disfrazado de cordero “sustentable”.

Aunque el ASPY habla de parar la deforestación, nada hacen los gobiernos –con o sin acuerdo- para parar a la deforestación que están causando los empresarios con las iniciativas agrícolas y turísticas que están devastando la península. El ASPY facilitaría incluso más despojos. Por ejemplo, incluye la promoción de la “certificación ejidal” y asegurar el “manejo” de bosques, formas encubiertas de facilitar que se rente o venda la tierra, y que los bosques entren en los programas REDD, quitando a las comunidades el manejo de sus bosques a través de técnicos externos, para vender las funciones vitales de los bosques como mercancía en los mercados de carbono.

También nombra el ASPY la promoción de energías renovables y la “intensificación sustentable” de actividades agrícolas y pecuarias. Como explica Russell Pebá Ocampo, de la Asamblea de defensores del territorio maya Muuch´ Xíimbal, las comunidades no se oponen a las energías renovables, al contrario. Pero lo que están viendo es una invasión de parques eólicos y fotovoltaicos. En breve tiempo, las autoridades han aprobado 6 parques solares y 9 parque eólicos en su territorio, por parte de empresas privadas extranjeras y sin consulta con las comunidades. Esto además de una granja de 49,000 cerdos en Homún, cuyas actividades amenazan contaminar la red de cenotes.

Los parque solares, explica Ana Patricia López de Educe, ocupan grandes áreas, mínimo 500 hectáreas, que rentan por 30 años. Van rentando a ejidatarios individuales, y los que no quieren hacerlo, sufren muchas presiones, además de que son rodeados por áreas que ya han sido rentadas, con lo que se dificulta acceder a caminos, etc. En estas áreas, lo primero que hacen es fumigar con agrotóxicos para que no crezca nada. Hay comunidades que han denunciado que también se produce goteo de ácido desde las instalaciones, que daña los suelos y puede llegar a las fuentes de agua.

El ASPY, contrariamente a lo que dice la propaganda, vendría a dar un marco aún más favorable a empresas y ONGs trasnacionales para invadir los territorios indígenas de la península. Quienes se oponen son presentados como opositores al “desarrollo verde”, no como pueblos indígenas que legítimamente defienden su territorio. Las comunidades mayas entendieron el fondo del proyecto, y por esto iniciaron el proceso de discusión y la demanda que finalmente ganaron.

La demanda fue construida colectivamente entre las comunidades y organizaciones, por lo que cubrió muchos temas importantes. El veredicto, ya final e inapelable, exige que para realizar el ASPY, se debe consultar a todos los pueblos de la península, no solamente a los que presentaron la demanda. Ya existe experiencia sobre las consultas amañadas que han tratado de hacer en la región, por lo que hay preparación para hacerse respetar como pueblos. En este sentido, ven la formación de Concejos indígenas regionales como fundamental, no sólo para enfrentar consultas, sino para apoyarse mutuamente en la defensa de sus territorios.

Afirman las organizaciones “Encontramos un pedacito de justicia, pero no llegó porque los sistemas son bondadosos, sino porque defendimos nuestros derechos como pueblo indígena. Seguiremos al pendiente porque sabemos que la lucha por la defensa de nuestros territorios no acaba aquí.”