En las últimas semanas, la situación del éxodo centroamericano nos ha puesto a replantear las estrategias de apoyo a las mujeres con necesidades de protección internacional que están huyendo de la violencia en Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala.

Desde hace décadas, las investigaciones sobre la violencia contra mujeres migrantes en tránsito por México explicaban las formas en que ellas organizaban sus viajes para tener mayor seguridad, por ejemplo, pagando más dinero a los traficantes, evitando el tren, y optando por viajes en autobús con documentación falsa para pasar los retenes en las carreteras. Los estudios sobre la violencia en el trayecto reportaban que más del 33% de las mujeres migrantes experimentaba algún tipo de violencia sexual en el viaje, de parte de autoridades, crimen organizado, traficantes o civiles.

Todo era, y es, posible debido a las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan quienes migran de forma irregular a través de un país minado por autoridades migratorias, y otras que se dedican a identificar y deportar aproximadamente al 50% de la población, de las más de 300,000 personas migrantes que anualmente transitan por México. La vulnerabilidad se dispara en un país con los niveles de impunidad más altos del mundo. Para nadie es un secreto que en México puedes extorsionar, agredir, violar o asesinar a una mujer migrante, y hay un 98% de probabilidad de que no pase nada.

Las estrategias de protección de parte de la sociedad civil se enfocaban en proveer información sobre riesgos, proporcionar atención médica y emocional, y en años recientes, en tramitar una estancia temporal por razones humanitarias que les permitiera continuar su viaje y les asegurara el libre tránsito por el país. Estrategias poco poderosas ante una política migratoria cuyo objetivo principal es el de disuadir la migración centroamericana a través de la detención y deportación, el miedo generado por el crimen organizado, y la impunidad.

En 2014, fue evidente el cambio en las dinámicas migratorias de las mujeres, cada vez más viajaban con sus hijas e hijos, o en familias completas. Intuimos que esta forma de viajar estaba relacionada directamente con la intensificación de la violencia en Centroamérica. Ya no era posible dejar atrás a las hijas y los hijos con algún familiar. El riesgo de muerte, al dejarles, era mayor que el de viajar 4,000 km a la frontera en familia.

Abril de este año nos mostró los indicios de uno de los retos que enfrentaríamos para garantizar protección e información a las personas migrantes. Más de 1,000 personas –muchas con niñas y niños– intentaron cruzar a México, con el acompañamiento de la organización Pueblo Sin Fronteras. En la opinión de varios de los albergues de la sociedad civil, la forma de viajar –subiendo a las personas a los trenes, durmiendo en los parques, expuestos a la violencia y los operativos del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Policía Federal, y sin la protección e información necesarias, significaba exponerles a mayores riesgos.

Hay una diferencia entre grupos pequeños que toman sus propias decisiones y riesgos, y grupos grandes acompañados por una organización que toma parte de la responsabilidad de poner al grupo en riesgo. Finalmente, las personas se dispersaron, muchas fueron detenidas y deportadas, y un grupo de aproximadamente 500 llegaron a Tijuana donde la mayoría solicitó asilo en Estados Unidos (EUA).

Las organizaciones se enfrentaron a la frustración de no poder dar una opción a las personas huyendo de la violencia. México sigue siendo un país con sus propios niveles de violencia, y un sistema de asilo con poca capacidad –que no ha sido prioridad para esta administración, pero que si invierte millones de pesos en detención y deportación. A pesar de todas estas contradicciones y frustraciones, pudimos detectar algo positivo de viajar en grupo: las mujeres, las niñas y los niños transitaban con mayor seguridad ante las amenazas de violencia física y sexual, o por lo menos esa es la percepción.

Nuevamente, en octubre del 2018 vimos un grupo grande de personas saliendo de Honduras, esta vez la organización parecía una combinación de varios factores, pero el fondo es el mismo –la violencia, la falta de protección de su Estado, y la pobreza insostenible. Fue visible como familias, mujeres, niñas y niños viajaban juntos. En esta ocasión los números y las necesidades desbordaron a todos los sistemas –no porque sean más personas de lo normal, sino porque estaban viajando juntas con el acompañamiento de medios de comunicación, nacionales e internacionales.

Se aproximaba una crisis humanitaria con una nube de necesidades –las imágenes de madres y padres empujando carriolas sobre las carreteras eran una constante. Esta vez los gobiernos estatales si o si tenían que tomar una decisión sobre cómo recibir al grupo, y la Ciudad de México lo hizo, con todos los errores y problemas que surgieron en el camino.

Nosotras, las defensoras de derechos humanos de las personas migrantes nos convertimos, sin querer, en las mensajeras de malas noticias sobre las pocas posibilidades de recibir asilo en EUA, sobre la detención, la posible separación familiar, cuando conversamos frente a frente con las mujeres y las niñas migrantes. Nos toco correr de un lugar a otro intentando proporcionar información verídica sobre la situación en la frontera con EUA, las posibilidades de quedarse en México, etc. No teníamos buenas noticias para ofrecer.

Nos dimos cuenta que las mujeres y sus familias iban a continuar su viaje con el grupo, porque a pesar de las terribles condiciones, enfermedades, cansancio, y clima, se sentían más protegidas por sus compañeras y compañeros de viaje que por cualquier organización u ofrecimiento de apoyo de parte del Estado mexicano. Sin embargo, estamos consientes que lo que ofrecemos, y ofrecíamos, eran curitas para mitigar una herida que es profunda.

Este contexto nos ha enfrentado, no sólo a los cambios en los procesos migratorios en la región, sino a la necesidad de generar estrategias de apoyo y acompañamiento diferentes, que van desde un cambio en la narrativa sobre el tema, hasta una interlocución distinta con gobierno, organizaciones de la sociedad civil –nacionales y regionales, y las personas migrantes.

Por. Gretchen Kuhner, Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI)

Twitter:@imumidf