No hay duda de que los actos atroces cometidos en contra de los estudiantes de Ayotzinapa en 2014 configuraron un crimen de Estado. Hoy, casi diez años después, el crimen sigue activo debido al encubrimiento, opacidad y ocultamiento de información que protege a las Fuerzas Armadas, después de cancelar órdenes de aprehensión contra 16 militares y de pretender que la detención de Murillo Karam cerrara el caso. Como si un crimen de Estado implicara solo a una persona, nada más equivocado pero sobretodo nada más descarado y opuesto a la justicia. Ésta pretensión de la actual administración federal es una excusa típica en éste tipo de crímenes: argumentar que actores estatales actuaron de manera aislada, es la salida fácil para evitar el señalamiento y procesamiento de estructuras.

Ayotzinapa es un crimen activo, porque es un crimen que se extiende en el tiempo, revictimiza a las víctimas, a los familiares de éstas y continúa criminalizando a los agredidos. Proteger, encubrir, tener conocimiento de un crimen y seguirlo garantizando es ser parte de él, no detener la cadena de actos criminales manteniendo en la opacidad el papel de las Fuerzas Armadas (FFAA) convierte a la actual administración en cómplice. El desmedido apoyo y poder que López Obrador decidió dar a las FFAA para mantenerse en el poder y tener absoluto control es la motivación que lo hace parte de éste crimen activo. Los crímenes de poder y de Estado se ejecutan por la búsqueda o manutención de poder y de pactos de lealtad, eso es lo que hay detrás de la impunidad deliberada en el caso.

Los criminales estatales y de poder buscan justificar sus actos públicamente bajo un discurso justificante que coloque a los agredido/as como agresores, esto es justo lo que está haciendo López Obrador sistemáticamente, lo que abiertamente hizo en su último reporte, pues como se puede ver, no es al Ejército sino a los padres de los 43 a quienes pide pruebas, exige analizar el comportamiento de quiénes buscan justicia, no de quiénes sistemáticamente cometen crímenes contra la población.

¿Pero qué pasa cuando un Estado acepta que existió un crimen de Estado, como lo hizo el gobierno de López Obrador, y al mismo tiempo obstaculiza a la justicia? ¿Qué pasa cuándo un Estado reconoce que existió un crimen de Estado y el Estado que lo acepta decide ponerse del lado del agresor?

Cuando una autoridad o estructura estatal opta por no investigar o por obstaculizar una investigación, o como pasa en este caso, se dinamita una investigación (https://quintoelab.org/project/ayotzinapa-gobierno-instruccion-investigacion-iguala-normalistas), deliberadamente se obstruye la justicia. No es como de por sí ocurre en éste país, que la impunidad rutinizada provoca que las instancias encargadas de investigar funcionen de manera que automáticamente obstaculizan la investigación. En este caso el encubrimiento es deliberado, es decir se opta no solo por proteger y ocultar sino por mentir.

Cuando se reconoce un crimen y no se procesa se está permitiendo y abriendo paso a más crímenes del mismo tipo. Cuando un crimen de Estado se reconoce como tal y se evita el procesamiento que involucra estructuras entonces se está dejando claro que se puede seguir cometiendo sin ninguna implicación. En este caso concreto nombrar Ayotzinapa crimen de Estado desde el poder fue otro acto más de retórica y discurso, fue querer marcar historia queriendo dar carpetazo de una forma simple y burda. En la dinámica de violencia y normalización de crímenes de poder que vivimos en México el hecho de que el Estado afirme que existió un crimen de Estado y luego obstaculice el acceso a la justicia contribuye a que se multipliquen, generalicen y garanticen estos crímenes contribuyendo y fortaleciendo al de por sí existente Estado criminal en México.

Aunque es lamentable no sorprende que esto suceda de este modo cuando se maquinan en el presente nuevos crímenes de Estado y se fortalecen y encubren las redes criminales que atacan a los pueblos a costa de pactos de lealtad. Esto lo podemos ver tan solo en casos recientes como la agresión armada a la comunidad de Santa María Ostula (el 8 de julio de este año) por narcoparamilitares del Cártel de Jalisco Nueva Generación en la que dispararon armas de grueso calibre contra escuelas y casas, lanzaron explosivos y usaron drones. La serie de crímenes cometidos sistemáticamente en la región representa crímenes que no se van a esclarecer, no desde el Estado, pues el papel de las mineras y el funcionamiento de los cárteles, como en otras regiones del país está funcionando como estructura contrainsurgente, es una muestra de los pactos que permiten que operen y que se intensifiquen los ataques a las poblaciones defensoras del territorio. El doble asesinato de María de Jesús Pasado Margarito y Alberto Verales Tepetitla, integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipoeg-EZ) el 19 de julio de éste año ejecutado por los Ardillos y lo que reiteradamente se ve en esas tierras, en las que las comunidades se organizan para rebelarse contra las organizaciones criminales, también ilustra el constante dejar-hacer del Estado y la configuración de un Narco Estado en Guerrero, a sabiendas del Gobierno Federal.

El asesinato de los hermanos Jorge y Alberto Cortina Vázquez defensores del medio ambiente en Perote, Veracruz el 20 de junio de este año en el que Elementos de la Fuerza Civil de Veracruz desalojaron con violencia y persiguieron por las calles a miembro/as del Movimiento en Defensa del Agua de la Cuenca Libres–Oriental y en el que a un mes de la represión solo han sido detenidos dos uniformados bajo el cargo de “abuso de autoridad”, no de homicidio ilustra otro caso más de impunidad y de la lógica de respaldo a las multinacionales que destruyen el territorio. No podemos olvidar la terrible y preocupante situación en Chiapas en donde, como dijeron lo/as zapatistas, funcionan sistemas criminales que todos los días están desplazando comunidades, agrediendo poblaciones, controlando el territorio y que también se fortalecen como Narco Estado, uno al que también le estorban la rebeldía y las comunidades zapatistas y que acecha lo que han sido los territorios más seguros de México (los territorios zapatistas) en ésta mal llamada guerra del narco, en ésta guerra contra la población y la vida.

El desprecio que se suma a las motivaciones detrás de las redes de poder que maquinan estos crímenes configura también crímenes de Estado colonial, en esa lógica desarrollista y racista de la 4T los pueblos indígenas estorban, a menos que estén en museos, sean “entendidos”, extiendan la mano para recibir migajas o decidan vender sus tierras para los megaproyectos. Estos crímenes se están multiplicando, están aumentando los riesgos de que actos atroces se ejecuten con cada vez más descaro, agresividad y lo peor con el silencio, descaro y encubrimiento del Estado.

La mentira, el secuestro de la justicia advierte del apremiante riesgo de que existan más Ayotzinapas. Este gobierno tiene más en común con los anteriores y con su llamada oposición de lo que quiere aceptar.

Reconocernos desde abajo más allá de ello/as es lo que nos queda. Regresar a la enseñanza zapatista de estar con el agredido/a no con el agresor. Ver y hacer lo que no se ve. Romper los pactos, desvelar esas redes criminales, sacarlas a la luz, escuchar y caminar con las madres y padres que buscan a sus hijos, eso es algo quizás lo mínimo que queda hacer.