La lucha por la verdad sobre los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, los seis muertos y las decenas de heridos de la “noche de Iguala”, así como la verdad sobre los más de 30 mil desaparecidos de este país, sin contar a otros tantos (o más) que posiblemente no se hayan denunciado por ser migrantes o, de plano, por miedo y desconfianza a las autoridades, es una lucha por la historia y por la justicia.

Es por la historia porque el poder siempre pretende escribir e imponer su narración cómoda y complaciente, su “verdad histórica”, como la llamó, cínica y tajantemente, el entonces procurador general de la República Jesús Murillo Karam en enero de 2015. La labor incesante de familiares, activistas, organizaciones de la sociedad civil, periodistas, peritos, académicos y de la comunidad internacional debe permitir, en cambio, la afirmación de una verdad otra, no histórica quizás, pero más justa, no impuesta con artimañas y manipulaciones ni definitiva o perfecta, pero corroborada y fehaciente, respetuosa por lo menos de la dignidad humana y de la inteligencia de la gente.

Parecen calidades o requisitos mínimos, sin embargo, hemos visto cómo en sendas ocasiones la procuraduría, el gobierno, los aparatos públicos y los medios alineados con el poder han carecido de ellos e, inclusive, de sentido común con el fin de que internamente y en el extranjero se tapara la falla. Pero no ha sido así, pues la tenacidad de quienes no han aceptado mentiras o prebendas ha conducido a versiones, significados y, por ende, a verdades reconocidas internacionalmente. El reto es mantenerlas, reforzarlas y no olvidarlas, mientras siga la demanda de restitución con vida de los normalistas (y hasta siempre). Por ello las partes combativas de la sociedad no han bajado la guardia y tratan de construir imaginarios, iniciativas, luchas, documentos, testimonios, narraciones y explicaciones sobre lo acontecido la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala y todos los demás crímenes en que, indudablemente, el mismo Estado tiene responsabilidades enormes y directas.

La prensa gubernamental, in primis Milenio y La Razón, no se cansa de jugar sucio con tal de justificar al poder y conseguir sus beneficios, o sea, no cumple con las funciones básicas del periodismo y de la crítica que, supuestamente, la sociedad y la política le demandan y encomiendan. Y es que de nuevo nos toca leer en la primera plana de La Razón, en un artículo firmado por María Cabadas, descalificaciones disparatadas contra Omar García, quien fue vocero de los estudiantes de la Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa y ha sido muy activo en denunciar en el exterior el horror que todos vivimos en México, aunque haya quienes creen que eso no existe y niegan lo evidente, como cuando se decía en Italia que la Mafia jamás había existido… “Ligado a Los Rojos, el activista por los 43 en EU y Europa”, titula el diario defectuoso del 5 de septiembre.

Como se acercan las acciones para los 24 meses de la matanza de Iguala, el periódico se adelanta para construir una especie de “nuevo caso” que, en realidad, es un remix de otras presuntas pistas, que dizque relacionarían al grupo delictivo de Los Rojos con los estudiantes de Ayotzinapa. “El vocero de los normalistas fue señalado por El Cepillo, operador de Guerreros Unidos, en su declaración ante la PGR; La Razón tuvo acceso al documento que se reservó en el expediente público”, subtitula. El artículo es la repetición del mantra que Milenio, La Razón y sus replicantes han ido reiterando hasta el cansancio, sin mostrar avances en sus “hipótesis” ni pruebas, quizás creyendo que, al repetir una mentira muchas veces, ésta se convierte en una verdad. El mismo trato lo recibieron los integrantes del GIEI y México quedó ridiculizado internacionalmente por los roces y ataques con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La lucha es también por la justicia porque, a lado de una pugna de breve, mediano y largo plazo por la historia y la narración que el poder disputa y cambia en su favor, están los ciudadanos, las víctimas, la sociedad y los desaparecidos en el hoyo negro mexicano de impunidad, narcoguerra y corrupción. Está la disputa por una Ley sobre Desaparición Forzada que sea digna y amplia, y no acabe como la Ley de Víctimas, inoperante y sin presupuesto, tumbada por ineficiencias, descuidos y falta de voluntad política después de que millones de ciudadanos la respaldaron en las calles, a partir del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, y a través de sus representantes políticos.

Está entonces la lucha para buscar y encontrar a los que desaparecieron, o bien, fueron desaparecidos, y la pugna para fincar responsabilidades en todos los niveles, aunque eso implique que el Estado mismo se procese y se condene, al admitir sus incapacidades y sus connivencias. Sólo este ejercicio necesario de admisiones, construcción de la justicia y reescritura de la historia, considerando a las víctimas y a los de abajo más allá del relato oficial, puede empezar a favorecer reconciliaciones y a sanar el tejido social. La lucha no es para la venganza, sino para aclarar y castigar a los responsables, es para escribir verdad e historia en el presente, hoy, a sabiendas de que justicia significa algo más que legalidad y garantías individuales y se refiere también a la esfera de los derechos humanos, inajenables y universales, y al abatimiento del autoritarismo estatal y de la indiferencia-complicidad de las instituciones.