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La violencia ejercida por pandillas, amenazas contra algún familiar y la violencia familiar figuran entre las principales razones por las que adolescentes y jóvenes hondureñas deciden migrar, de acuerdo con los resultados de una investigación que realizamos, con el apoyo de Psicólogos Sin Fronteras y Fondo Semillas, durante 2019.

El informe, “Adolescentes y Jóvenes hondureñas en México: una mirada exploratoria sobre sus necesidades y acceso a derechos”, refiere que la mitad de las 30 adolescentes y jóvenes entrevistadas en albergues de Tijuana y Ciudad de México huyeron de su país por violencia y/o amenazas de pandillas; 36 por ciento salió por violencia y/o amenazas de un familiar o pareja; y 19 por ciento por violencia familiar. Para 27 de las 30 mujeres era su primera experiencia migratoria.

“Es triste salir de tu país y llegar a otro donde las personas te miran mal…”; “Uno no sale porque quiere sino por qué no tiene otra opción…”; “Es duro migrar, te ven mal en todos lados, pero si te quedas te matan o matan a tu familia”, compartieron algunas adolescentes.

La violencia a la que son sometidas niñas, adolescentes y jóvenes hondureñas por las pandillas y grupos criminales ha sido caracterizada como feminicida. Las mujeres son territorio tanto de venganza como de desprecio. Pocas veces acceden a la justicia. Honduras es uno de los países con mayor número de feminicidios a nivel mundial, con un índice de 10.9 por 100 mil mujeres. 96 por ciento permanece sin castigo. En general, los índices de feminicidios y homicidios, especialmente entre menores de 20 años de edad, son de los más altos del mundo. En promedio, entre 2008 y 2016, cada día se mató a una niña, niño o adolescente en ese país.

Las mujeres encaran una intersección de discriminaciones que aumentan su exclusión en ese país. La violencia familiar, además de física, involucra una distribución desigual de la alimentación, la salud, la educación y la carga de trabajo del hogar. Más de la tercera parte de las mujeres en Honduras se casan o forman uniones en la adolescencia. Lo hacen para escapar de la violencia en sus casas, pero se encuentran con el abuso, control y violencia por parte de sus parejas.

Al llegar a México, las adolescentes y jóvenes también encaran múltiples formas de violencia. Su acceso a la salud, a la educación, a un empleo formal y a la regularización migratoria se vuelve complejo. Los abusos, discriminación y xenofobia por parte de las autoridades son una constante.

La mayoría de las participantes del proyecto permaneció entre 2 y 90 días en estaciones migratorias, a pesar de que la Ley de Migración y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes prohíben la detención de menores de edad en dichos centros.

Las adolescentes y jóvenes entrevistadas tenían en promedio 14 años de edad y 7 años de escolaridad acumulada. De las treinta hondureñas, veintidós eran solteras; siete estaban unidas; seis realizaron el viaje junto con su pareja e hijas e hijos; y una emprendió el viaje solo con su hija. Entre las jóvenes de 18 a 24 años de edad se observó una tasa de fecundidad alta, pues 13 son madres y 5 estuvieron embarazadas en algún punto del viaje y/o estancia en México.

Todas las jóvenes madres viajaron con al menos uno de sus hijos, solo un niño se quedó bajo los cuidados de su abuela en Honduras. Lo anterior, representa un cambio en la migración de mujeres centroamericanas, pues los movimientos de hoy no generan las cadenas de cuidado trasnacionales de hace una década.

En Honduras, el acceso de las niñas, adolescentes y jóvenes a la información y a servicios de salud sexual y reproductiva, incluida la anticoncepción, es extremadamente limitado. Una de cada cuatro adolescentes entre los 15 y 19 años de edad es madre, con implicaciones importantes en su trayectoria de vida: reducción de salud, abandono del sistema escolar, dificultades para su inserción en el mercado laboral, costos en su seguridad personal y perpetuación de la pobreza.

Entre 2014 y 2017, más de 200 mil niñas y niños hondureños tuvieron que dejar la escuela porque en el trayecto entre la casa y la escuela eran acosados por miembros de grupos criminales. De acuerdo con el Ministerio de Educación de Honduras, más de 180 mil estudiantes y 60 mil maestros están afectados a nivel nacional.

Con una población de 8 millones de habitantes, de las cuales 7 de cada 10 viven en pobreza y 47 por ciento son menores de 20 años de edad, Honduras se ha convertido en uno de los principales países que obliga a su población a salir/huir. Este escenario ha significado un cambio cualitativo en el flujo de personas migrantes. Cada vez hay más mujeres que huyen junto con sus familias de la violencia y la falta de oportunidades en su país para solicitar asilo en Estados Unidos y México.

En México, a partir de 2013 comenzó a visibilizarse un flujo de solicitantes de asilo compuesto por niñas, niños y adolescentes solos y en familia provenientes de los países del norte de Centroamérica: Guatemala, Honduras y El Salvador. En 2019, las personas provenientes de Honduras conformaron el mayor número de detenciones por parte de la Patrulla Fronteriza (PF) de Estados Unidos y del Instituto Nacional de Migración en México. Entre los años fiscales 2014 y 2019, la aprehensión de familias hondureñas por la PF estadounidense aumentó 446 por ciento; mientras que en nuestro país hubo un incremento de 139 por ciento en las detenciones de niñez y adolescencia migrante, de las cuales 42 por ciento eran mujeres.

Las adolescentes y jóvenes hondureñas en la Ciudad de México y Tijuana tienen expectativas de vida similares. Desean estudiar, alcanzar una estabilidad económica, mejorar su vida y ayudar a sus familias.

Sin embargo, mientras la mayoría de las adolescentes en Tijuana mostró interés en ingresar a Estados Unidos, las de la Ciudad de México expresaron su anhelo de reunirse con familiares, tener una vida libre de violencia y obtener documentos de estancia regular en México.

Para que estas expectativas sean una realidad, sin importar su estatus migratorio, es necesario romper las barreras en el acceso a la educación en México. Lo anterior implica, capacitar e informar a las autoridades y al personal de las escuelas sobre la normatividad vigente que impide excluir a niñas, niños y adolescentes a causa de su condición migratoria y falta de documentación; así como una constante sensibilización sobre la situación que enfrenta la niñez y la adolescencia migrante en el país.

De igual modo, se deben promover iniciativas de acceso al empleo con perspectiva de género que incluyan el desarrollo de programas de cuidados para las y los hijos de las mujeres migrantes trabajadoras, a fin de permitir conciliar el empleo y la familia. Además, es imperativo ampliar el acceso a la salud, específicamente en servicios de salud mental, y sexual y reproductiva para adolescentes y jóvenes migrantes.

Para ello será fundamental que la Secretaría de Educación Pública, la Secretaria de Salud, el Instituto Nacional de Migración, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes cumplan con la legislación nacional e internacional y se garanticen los derechos de las mujeres migrantes en nuestro país.

Foto: César Martínez López (Cimacnoticias)