En los próximos días se ha llamado a una serie de acciones en contra de la violencia hacia las mujeres, histórica pero recrudecida en últimas fechas. El 7 de marzo una cadena feminista a las 17 horas en el zócalo de la Ciudad de México; el 8 de marzo la marcha nacional; y el 9 de marzo bajo el lema: “el nueve nadie se mueve” un paro nacional de mujeres. Todas, ante una emergencia nacional que vivimos y que pocos reconocen.

10 mujeres son asesinadas diariamente en este país. Deberíamos estar en emergencia nacional, no obstante, en días pasados se dio a conocer el intento por eliminar la figura legal del feminicidio. Hoy más que nunca necesitamos acciones concretas para combatir la violencia hacia las mujeres, violencia que también atraviesa a las mujeres en la migración.

El 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, será una fecha importante para recordarle al Estado mexicano que en nuestro país las mujeres en la migración también cuentan, existen y tienen necesidades específicas. A pesar de ser (más de) “la mitad del mundo y sostener la mitad del cielo” siguen siendo tratadas como un grupo minoritario.

En México durante 2019 las mujeres representaron el 40 por ciento de las casi 190 mil personas migrantes detenidas por el Instituto Nacional de Migración; el 48 por ciento de las 70 mil personas que solicitaron asilo; el 49 por ciento de las nacidas en el extranjero viviendo en el país, de acuerdo con el último censo de población; y aproximadamente el 40 por ciento de las más de 60 mil personas solicitantes de asilo en Estados Unidos retornadas a México a esperar sus procesos ante las cortes estadounidenses.

Aunque su participación en la migración es histórica a través de la movilidad de sus familiares, y desde hace seis décadas representan el 50 por ciento de las personas migrantes en el mundo y el 51 por ciento en Latinoamérica, hay quienes siguen hablando de ellas como si su participación fuera reciente o, peor aún, como si “de pronto aparecieron en la escena migratoria”.

Se les ha construido a partir de los roles de género y una permanente cosificación de sus cuerpos que normalizan la violencia ejercida contra ellas en su tránsito por el país; se les condena a través del ejercicio de su maternidad; y se espera de ellas un mayor apoyo familiar en comparación al de sus pares migrantes hombres. De lado queda su aporte al desarrollo de los países (de origen y destino) o sus aprendizajes en la migración.

Es común encontrarlas a partir de su vínculo con un migrante (“la mamá de; la esposa de…”) o de las agresiones que sufren (casi siempre vinculadas a agresiones sexuales), pocas veces se retrata cómo es su participación en los diferentes procesos de la migración; cuáles son sus necesidades; qué políticas públicas existen o no; y a qué retos se enfrentan.

En el IMUMI hemos trabajado desde hace una década para incluir en las diferentes agendas las necesidades de las mujeres en la migración y contribuir a restaurar aquellos derechos que les han sido negados a partir de su participación en los diferentes procesos migratorios. Por ejemplo, en comunidades de origen: qué sucede con sus derechos sexuales y reproductivos, su derecho a solicitar un divorcio o una pensión alimenticia a través de las fronteras; en el tránsito: la extorsión, la violencia y el secuestro las persigue sin que haya éxito en sus denuncias -la tasa de impunidad de delitos en contra de la población migrante es del 99 por ciento.

En los países de destino las condiciones laborales son precarias, los sueldos por debajo del mínimo establecido, y la amenaza de “si no te gusta vete o si no te gusta te entrego a migración” son una constante. A su regreso a su país, el escenario no es mejor. La violencia sigue siendo transversal a su condición migrante: huyen de ella, las asecha o agrede en su tránsito, las recibe en los países de origen y a su retorno.

Aunque existe un amplio marco internacional sobre los derechos de las mujeres y sobre migración, son pocos los que articulan ambos temas, como la Recomendación General No.26 sobre las trabajadoras migratorias de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) de 2005. Mientras que en la legislación nacional no hay una ley que vincule ambos temas, aún si en 2014 se logró un primer ejercicio con la publicación del Programa Especial de Migración que hacía énfasis -en algunas líneas- sobre las mujeres en la migración.

Por otro lado, los medios de comunicación han jugado un papel muy importante en su representación. En diferentes monitoreos de medios hemos visto como las notas se centran en la migración de tránsito y la violencia a partir de las experiencias masculinas; la voz de las mujeres no existe, ni aquellos temas que las atraviesan, y cuando son nombradas están o reforzando estereotipos de género o desde su vínculo con una persona migrante.

Como IMUMI hemos insistido en cambiar la narrativa sobre las mujeres en la migración. Por ejemplo, no sólo enfocarse en las mujeres sino en analizar los roles y relaciones de género que contribuyen a las desigualdades; así como no asumir que todas las mujeres tienen los mismos intereses, sino comprender las diferencias entre los distintos grupos de mujeres en la migración. Evidenciar el impacto de la migración en la vida de las mujeres conlleva, no sólo a traerlas a la escena pública, sino también a diseñar programas y políticas públicas específicas.

Han pasado 45 años desde que en 1975 Naciones Unidas estableció el 8 de marzo como una fecha para recordar a los Estados la urgencia de crear acciones encaminadas a la igualdad de condiciones y acceso a derechos para las mujeres, por lo que este Día Internacional de las Mujeres marcharemos por todas las mujeres y las niñas migrantes, y el 9 paremos porque ellas también cuentan y existen en este país. Los derechos de las mujeres en la migración también son derechos humanos.